Una pareja sospechada por la venta de drogas en pequeñas cantidades en el oeste de Godoy Cruz terminó tras las rejas a raíz de un presunto conflicto narco que desembocó en el secuestro de un joven de 18 años a plena luz del día.
El caso ocurrió a fines del mes pasado en el barrio La Estanzuela y provocó la detención de los dos principales sospechosos: Johana Jorgelina Castro Pizarro (39), una mujer con pasado carcelario y condena por integrar el llamado Clan Pizarro, y su novio, Emmanuel Alejandro Rosales Britos (32).
Familiares de la víctima denunciaron que ambos, junto a otros tres sujetos, se llevaron por la fuerza al chico y lo cargaron a un auto para trasladarlo hasta un domicilio. Allí, lo amenazaron y le sustrajeron su celular, sostiene la presentación judicial que comenzó a ser instruida en la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados.
Fuentes investigativas aseguraron que todo se originó porque a Castro Pizarro y Rosales, sobre quienes recaen sospechas de venta de drogas en esa zona -la mujer fue condenada en 2019 por lavado de activos en una megacausa narco- sufrieron el robo de un “bagallo”, es decir, algún elemento ilegal, posiblemente vinculado a la actividad ilícita por la que se encuentran sospechados.
Por eso, buscaron al joven que fue marcado por esa sustracción y lo amedrentaron para que les devolviera lo suyo. En ese sentido, Castro Pizarro declaró en el expediente y se defendió asegurando que no existió el secuestro y que sólo tomaron contacto con el muchacho para pedirle, “de buena manera”, que entregara lo que les había quitado.
Más allá de su versión, los investigadores contaron que el hecho ocurrió a las 15, a plena luz del día, por lo que hubo numerosos testigos que observaron cuando el auto en el que se movilizaban los presuntos autores se detuvo frente a la casa del chico y cinco sujetos -una mujer y cuatro hombres- descendieron para llevárselo en contra de su voluntad.
Con esas y otras pruebas, la fiscal de Delitos No Especializados Mariana Pedot, quien lidera la investigación, imputó a Castro Pizarro, Rosales y a un adolescente de 17 años -se reserva su nombre por ser menor de edad- como coautores de los delitos de secuestro coactivo, es decir, retener a una persona con el fin de obligarla a hacer algo contra su voluntad, agravado por la participación de tres o más personas y por la participación de menores; en concurso real con coacciones agravadas y hurto simple.
Con esa dura calificación, la pareja arriesga una pena de hasta 25 años de encierro, en caso de que lleguen a juicio oral y público y sea encontrada culpable. Si bien la instrucción está en sus primeros pasos, este jueves los dos sospechosos debían enfrentar una audiencia de detención y acuerdos pero fue suspendida por pedido de los defensores y se reprogramó para el próximo miércoles 23.
Esa fecha será clave, ya que ese tipo de audiencias está destinada para casos en que los acusados son detenidos en flagrancia o inmediatamente después del hecho investigado. En la misma, la Fiscalía debe presentar las pruebas reunidas y puede concluir en un pacto entre las partes para realizar un juicio abreviado o un criterio de oportunidad (suspensión de la persecución penal). En caso de que no lleguen a un acuerdo, lo más posible es que la representante del Ministerio Público solicite la prisión preventiva y la causa pasará a debate automáticamente.
Por su parte, el menor detenido también fue imputado por los mismos delitos y quedó a disposición de la Justicia Penal de Menores. Fuentes del caso agregaron que resta por detener un cuarto cómplice que se encuentra identificado -no se revela su identidad por pedido de los detectives- y el quinto sospechoso aún no pudo ser individualizado.
Condenada
En mayo de 2017, un megaoperativo de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarató al clan Pizarro, conocido en Mendoza por la comercialización de drogas a grandes escalas.
En la batería de allanamientos que se hicieron en diferentes propiedades vinculadas a esa organización familiar, fueron detenidos Hilda Pizarro y sus hijos: Jonathan Osvaldo, alias el Moncho, y la ahora acusada de secuestro, Johana Castro Pizarro.
Por aquel entonces, la mujer trabajaba, al igual que su madre, como celadora en la escuela Nº 4-068 Atilio Anastasi, ubicada en La Estanzuela.
Justamente, una de las situaciones que llamó la atención de los investigadores fue que los bienes y el dinero secuestrados durante los procedimientos eran imposibles de justificar con un sueldo como personal de maestranza de un colegio.
Por eso, no sólo terminaron procesadas por la presunta venta de estupefacientes, sino también por lavado de activos. Justamente, Johana Castro Pizarro terminó siendo condenada sólo por ese delito en el juicio abreviado que se celebró en agosto de 2019, ya que no se pudo demostrar que haya estado involucrada en el comercio de sustancias.
La mujer fue sentenciada a la pena de cuatro años y medio de encierro junto a su cuñada -pareja de su hermano-, María Vanesa Videla. Mientras que su madre y el Moncho sí admitieron la tenencia de drogas con fines de comercialización y recibieron cinco años y 11 meses de cárcel.
Tanto el Moncho Castro como su madre Hilda volvieron a ser investigados por la Policía federal por comercio de drogas durante el 2022. Tal como reveló El Sol en octubre, la mujer cayó junto a otros personajes por venta de cocaína. Su hijo, quien se encontraba en libertad condicional, logró esquivar las garras policiales y por estos días continúa con pedido de captura.