El clan Pizarro es conocido en Mendoza por la comercialización de drogas a grandes escales. Una muestra de ello fue el procedimiento que terminó con la detención de Nelson Fabián Pizarro, el Chirola, intentando ingresar a Mendoza casi 50 kilos de cocaína de máxima pureza.

Pero en mayo del 2017, la Policía Federal terminó una de las pesquisas más profundas por la venta de estupefacientes en Mendoza y capturó a la hermana del Chirola, Hilda Pizarro, y los dos hijos de ella, Jonathan Osvaldo –alias el Moncho– y Johana Jorgelina Castro, y la pareja del joven, María Vanesa Videla. 

Les encontraron casi dos kilos de cocaína, más de dos millones de pesos (entre moneda local y estadounidense), joyas y descubrieron que habían adquirido bienes muebles e inmuebles con la ganancia de la venta de las sustancias prohibidas.

Lo cierto es que, después de que efectivos de Investigaciones –de la División Robos y Hurtos– apresaran hace pocos días al popular Chirola –un empresario de la noche dedicado a la música–, y a un grupo de personajes que lo seguía en diversos vehículos, trascendió que la otra parte del clan Pizarro reconoció los hechos que le endilgaban en un juicio abreviado y fue condenado a distintas penas por el juez Héctor Cortés, del Tribunal Oral Federal Nº2.

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De acuerdo con la información a la que accedió El Sol, el Moncho Castro y su madre, Hilda, recibieron 5 años y 11 meses de cárcel por tenencia de drogas con fines de comercialización en concurso real con lavado de activos tras el pacto con la fiscalía, a cargo de María Gloria André.

Por su parte, Johana Castro y María Vanesa Videla recibieron cuatro años y medio de encierro sólo por blanqueo de capitales, ya que no se les pudo probar la venta de la cocaína. Estas dos mujeres tenían varios autos y casas a su nombre y no podían justificar con sus ingresos la adquisición de los mismos, ya que eran celadoras y tenían un sueldo promedio de 9 mil pesos.

Además de los años de prisión, el fallo contempla decomisar todos los bienes cuestionados en la instrucción, es decir, los que provenían del lavado de activos.

La investigación nació a principio de diciembre del 2016 cuando una madre llamó a la Policía Federal, cansada de que los Pizarro le vendieran droga a su hijo. La mujer apuntó directamente contra Hilda Graciela Pizarro, con domicilio en calle Los Cactus, en la manzana 22 casa 21 del barrio La Estanzuela.

Detalló que el hijo de la mujer, el Moncho, colaboraba en la venta de la droga y que se movilizaba en vehículos de alta gama. Los trabajos de inteligencia de la policía permitieron conocer que en esa dirección la venta de cocaína era constante.

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Por eso instalaron una cámara filmadora enfrente del domicilio y se intervinieron, en primera instancia, los teléfonos de Hilda Pizarro –el fijo de la casa– y el celular de la pareja de su hijo.

Las vigilancias permitieron saber que se producían en la casa los típicos movimiento desde venta –pases de mano– y que se hacían durante algunos días de la semana hasta 80 transacciones de comercialización de cocaína a razón de 1.700 pesos la dosis, se desprendió de la causa.

Además, detectaron que la organización contaba con soldaditos en distintos puntos de la cuadra, es decir, jóvenes que avisaban a los Pizarro la presencia de gente extraña o de personal policial a cambio de dinero o drogas.

En uno de los videos que se presentaron como prueba destacada en la causa –el número 12, registrado el 25 de abril del 2017 a las 22.31– se observó la presencia de una camioneta Hilux con su conductor, quien se bajó para hablar con los soldaditos.

Habló con ellos y, minutos después, sacó de la parte trasera del rodado un elemento de color blanco con forma de ladrillo para mostrárselos. “Los soldaditos se mostraron eufóricos”, detalla la pesquisa.

Luego salió de la casa el Moncho Castro y saludó al conductor de la camioneta. También estuvo presente su madre, Hilda. En un momento, hasta se le cayeron los panes de la droga al piso antes de que los ingresaran a la propiedad, agrega.

En otra de las filmaciones de la cámara digital instalada, registrada el 4 de mayo del citado año a las 18.30, se detectó un incremento del movimiento de personas y de vehículos en la propiedad, lo que hizo suponer que la banda contaba con dinero y drogas y esto motivó que se solicitaran los allanamientos.

Con las medidas autorizadas por el juez Walter Bento, los policías federales irrumpieron en un par de casas del barrio La Estanzuela y también el Paraguay y Municipal de Guaymallén.

Luego de varios días, la pesquisa arrojó el secuestro de una docena de autos –VW Scirocco, Amarok, Vento, Suran, Bora y Cross Fox, Ford Ranger, Fiat 500 y Ford Focus, entre otros–, dinero en efectivo entre dólares y pesos (más de 2 millones en todas las casas), casi dos kilos de cocaína y alhajas por un valor de miles de pesos.

También detectaron que tenían varias casas y que muchas estaban a nombre de María Vanesa Videla.

El incremento patrimonial, la falta de trabajo o los sueldos de celadoras de las mujeres no podían justificar los bienes muebles e inmuebles que tenían, por lo que terminaron en la cárcel y reconociendo los delitos.

La misma suerte en la Justicia podría correr el Chirola, el último de los Pizarro detenido por tema de drogas.