Hilda Graciela Pizarro Quintero es conocida en el ambiente narco del barrio La Estanzuela de Godoy Cruz como la Doña, la Señora o, simplemente, “la mamá del Tío”, como la llamaban en oportunidades específicas allegados de su hijo Jonathan Osvaldo Vicente Castro. Este hombre, quien también es apodado Moncho –alias más conocido por su círculo íntimo-, se encuentra prófugo en la misma causa por la que cayó su progenitora a fines del octubre del año pasado.
Quedó con pedido de captura nacional e internacional porque investigadores policiales federales realizaron trabajos de campo y escuchas telefónicas que permitieron conocer una serie de maniobras delictivas en las que, se sospecha, estaba involucrado.
Este diario reveló en noviembre la pesquisa que permitió –nuevamente– la caída de esta mujer nacida en Mendoza en 1959 por organizar o financiar el comercio de estupefacientes con su hijo y otros personajes que fueron allanados luego de más de seis meses de seguimientos.
En los últimos días, la situación procesal del Clan Pizarro, como identifican los detectives a la familia y a los hombres con quienes se vinculaban, se complicó en el expediente: los camaristas Gretel Diamante y Manuel Alberto Pizarro no hicieron lugar a los recursos de apelación interpuestos contra el procesamiento con prisión preventiva y elevaron también, por pedido directo del Ministerio Público, el monto del embargo impuesto inicialmente por el Juzgado Federal Nº1.
Fuentes judiciales detallaron que la causa por la que cayó la Doña permitió el secuestro de más de tres kilos de cocaína y casi 400.000 pesos que serían producto de la comercialización de esa droga. También fueron atrapados los hermanos Facundo y Abel Pina y Micaela Ayelén Lucero.
Escuchas telefónicas fueron determinantes para armar el rompecabezas de cómo actuó la organización durante el 2022, tal como detallaron las fuentes.
Hilda Pizarro tiene un pasado vinculado al mundo de la narcocriminalidad: además de ser hermana de Nelson, Sergio y Diego, quienes han caído varias veces por violar la ley 23.737 en Mendoza en los últimos años, en el 2017 fue atrapada en su hogar del barrio La Estanzuela con sus hijos Jonathan y Johana Castro por venta de drogas.
Ese operativo, bautizado Operación Pyme Familiar, tuvo repercusión nacional porque permitió conocer que la familia controlaba 20 quiosquitos de venta de sustancias en pequeñas cantidades, además del secuestro de tres kilos de polvo blanco, dinero en efectivo y autos de alta gama. Todos los imputados reconocieron en los hechos –también lavado de dinero– en un juicio abreviado desarrollado en los Tribunales Federales en agosto del 2019 –la pena más alta fue de 5 años y 11 meses de encierro- y pasaron algunos años en prisión hasta lograr la libertad condicional.
El inicio
En abril de este año, con Hilda Pizarro y Jonathan fuera de la penitenciaría pero transitando con libertad condicional, la Policía Federal volvió a trabajar una denuncia que los tenía como principales sospechosos. No sólo apuntaba a madre e hijo como proveedores de droga al mejor estilo “viejos tiempos”, también a dos hermanos y a la pareja de uno de ellos y a un lugar específico para la comercialización de la droga.
De la nueva causa se sabía que habían secuestrado 3 kilos de cocaína en la vivienda de uno de los sospechosos, identificado como Abel Pina. Por su parte, en la de Hilda Pizarro dieron con tres envoltorios con cocaína, ocho de marihuana, dos plantas de cannabis, 337.720 pesos en billetes de baja denominación, 60 dólares y dos cuadernos con anotaciones indicando nombres y números.
La denuncia que recibió la Policía Federal sostenía en un negocio del barrio La Estanzuela llamado El Cumplidor se comercializaban estupefacientes en pequeñas cantidades. Aportaron un número de teléfono y también algunas identidades.
Los efectivos identificaron el lugar y procedieron a realizar vigilancias. Ese local era atendido por los hermanos Facundo y Abel Pina y la pareja del primero de ellos, Micaela Lucero. En ese comercio dieron con 48 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo por $34.110, dos teléfonos celulares, una balanza digital y otras seis bolsas de nailon con cocaína.
Para los detectives, estos jóvenes le compraban la droga a Hilda Pizarro y a su hijo para luego comercializarla en pequeñas dosis (narcomenudeo).
Mientras se desarrollaban las tareas de campo se profundizaban las escuchas telefónicas. La unificación de las pruebas elevaron las sospechas: Facundo Pina fue detectado saliendo de la casa de los Pizarro con un paquete metálico que, sospecharon, era cocaína y los diálogos evidenciaban que tenían contacto.
Por ejemplo, se conoció una conversación del 3 de octubre del año pasado entre los hermanos Pina. Facundo le llamó a Abel y le dijo que lo pasaría a buscar porque había problemas en el quiosco, en clara referencia a El Cumplidor. Dijo, palabras más, palabras menos, que “Emiliano y el Gordo” habían ingresado al local y golpearon al Jony (sería el dueño del local) y cerraron el lugar para “ir a buscar un fierro”.
En otra llamada detectada una hora después, el hombre que le alquilaba al local a Facundo Pina le manifestó que mande a “Angelito” (un empleado) a la casa de Moncho –Jonathan Pizarro– a ver a “Graciela” (Hilda Pizarro) “que a él no le va a pasar nada”.
Para los investigadores policiales y también para la Justicia, estos diálogos demostraron que los Pina tenían contacto directo con la familia Pizarro. Justamente, la conexión se confirmó el 23 de octubre del año pasado, cuando los policías se encontraban en calle Los Cactus –cerca de la casa de Hilda Pizarro– y observaron salir a Facundo Pina con un bolso pequeño negro con un paquete rectangular plateado “similar al papel aluminio” para luego subirse a una moto Honda y llegar hasta una vivienda de calle Mathus Hoyos del barrio La Estanzuela, que también fue allanado.
Por su parte, en varias llamadas entre Facundo, Abel y Micaela hablaban “directamente” de “alitas”, “papeles” y “bolsas” en clara referencia a la cocaína. Las parejas de los hermanos hablaban de las relaciones que ellos tenían con un tal “Moncho”, quien era marcado como proveedor de las sustancias.
Así las cosas, todos los detenidos de la causa fueron procesados con embargos. Sólo Jonathan Castro logró zafar de las esposas policiales y por estos días continúa en calidad de prófugo.
El fallo al que accedió El Sol también modificó los embargos impuestos en primera instancia. En un principio les habían fijado 500.000 pesos a cada uno pero, por pedido de la fiscalía en la apelación, los camaristas hicieron lugar y fijaron 1.170.000 pesos para Hilda Pizarro y 845.000 pesos para el resto de los sospechosos.