El secreto del sumario en la megacausa contra el juez federal Walter Bento, acusado de liderar una organización dedicada a sacar presos de la cárcel a cambio de miles de dólares, se amplió porque la fiscalía decidió nuevas declaraciones, detenciones e imputaciones –como la del abogado Francisco Chato Álvarez–, luego de pruebas de importancia que fueron adjuntándose en el expediente hace poco más de un mes. Se terminó en las últimas horas y las novedades no tardaron en llegar. 

Uno de los que decidió hablar en la causa fue Sebastián Palumbo, un presunto financista que se movía en una cueva del microcentro mendocino y que por estos días está en libertad pero es juzgado en el megajuicio por contrabando contra una banda liderada por un ciudadano chino identificado como Esteban Zheng Cheng, actualmente prófugo. También lo hizo el padre de un presunto contrabandista que forma parte de ese proceso oral, por citar un par de casos.

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La lupa judicial se acercó en las últimas semanas al “Chato” Álvarez (nacido el 4 de mayo de 1978) y por eso se ordenó su detención, que se hizo efectiva este lunes en un departamento de Capital Federal. Los investigadores lo venían monitoreando y hasta conocían que viajaba seguido a Buenos Aires. Su relación con el señalado contrabandista Daniel Martínez Pinto motivó a la Justicia a solicitar su detención.

Este letrado con domicilio en calle Siena de Palmares de Godoy Cruz (el mismo barrio donde vive el juez Walter Bento y residía el asesinado Diego Aliaga, nexo o facilitador de la señalada banda formada por el juez, abogados y hasta personajes del hampa, tal como sostiene la hipótesis fiscal), casado con una empleada judicial federal (detalle no menor para la instrucción) y “hombre de confianza de sospechosos que tiene la causa”, quedó complicado por una serie de causas judiciales donde hubo imputados que recibieron beneficios.

Álvarez no es un abogado mediático. Se lo veía poco y, rara vez, aceptaba casos de repercusión. Lo identificaban por su acento “porteño”.

Pero comenzó a tomar relevancia cuando se transformó en uno de los primeros testigos del expediente iniciado luego del crimen del ex despachante de aduana Diego Aliaga, a fines de julio del año pasado, y después de ser imputado por falso testimonio en el Bentogate, causa por la que terminó sobreseído.

Aliaga, empresario para su entorno, fue asesinado la mañana del 28 de julio del año pasado en una casa de Guaymallén y el principal acusado que tiene esa causa es su socio en algunos negocios, Diego Alejandro Barrera (también están sospechados su mujer y los dos hijastros).

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La hipótesis del fiscal federal Fernando Alcaraz apunta a que la víctima fue secuestrada y muerta por asfixia mecánica en medio de conflictos por diversos bienes muebles e inmuebles.

Por esos días, Aliaga ya venía siendo investigado en el llamado Bentogate, luego de que secuestraran el teléfono celular a un narco llamado Walter Bardinella Donoso.

De ese aparato surgieron las pruebas de presuntos casos de corrupción entre abogados e imputados para recibir beneficios del Juzgado Federal Nº1, que tiene a Walter Bento como titular.

Y uno de los primeros en declarar en una oficina fiscal, cuando el caso Aliaga se encontraba en el fuero ordinario calificado como averiguación de paradero, fue el Chato Álvarez.

Su aporte tenía un sentido: era amigo (desde hacía un año y medio) de Aliaga y se transformó en una de las últimas personas en verlo con vida.

En su declaración, realizada a las 13.50 del jueves 30 de julio, casi dos días después del homicidio del llamado facilitador –para la Justicia, Aliaga era quien se contactaba con el juez y hacía de nexo con los abogados–, el Chato Álvarez confirmó que tenía un negocio con él y que lo asesoraba en unas transacciones que iba a desarrollar con Barrera.

Contó que, un día antes del crimen, Aliaga almorzaba en un restaurante del centro comercial Palmares (allí iba a comer diariamente) y que lo llamó cuando se dirigía a cambiar un par de zapatillas que le habían regalado. En la mesa, detalló ante los auxiliares judiciales, también se hallaba Diego Barrera.

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Dijo que Aliaga estaba cerrando con Barrera la venta de una casa en Dalvian y un par de vehículos de alta gama (un Camaro y un Jeep) a cambio de 1.200.000 dólares.

Antes de terminar el encuentro, en su rol de asesor, el Chato Álvarez le dijo que no debía aceptar el negocio porque no le veía un buen final, apuntando directamente contra Barrera.

Esa misma jornada, Aliaga fue hasta la casa de Álvarez, en el mismo barrio Palmares, y mantuvo un breve diálogo con el abogado y su mujer, María Paula García. “Paulita, estoy muy nervioso, porque esta semana es definitoria para mi vida”, dijo Aliaga, según el aporte del abogado.

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Acto seguido, el letrado le prestó su camioneta BMW X6 negra al ex despachante de aduana porque “andaba a pie”.

Ese vehículo se transformó en una de las claves de la investigación del asesinato, horas después, debido a que fue utilizada para dirigirse hasta una propiedad de calle Bandera de los Andes, en Guaymallén, donde trabajaba en un emprendimiento con Barrera para levantar un hogar para jóvenes discapacitados.

La declaración de Álvarez en el caso Aliaga fue “tomada con pinzas” por algunos investigadores policiales y judiciales debido a que, según aportaron desde la defensa de Barrera en diversos escritos que presentaron, los citados bienes ya habían sido adquiridos por el sospechado de perpetrar el asesinado varios días antes.

Más allá de eso, en el Bentogate, que continúa en plena instrucción en la fiscalía federal de Dante Vega, los dichos de Álvarez sirvieron para confirmar que tenía estrecha relación con Aliaga y formaba parte de algunos negocios en común.

Sobre esto, la situación en la Justicia de la mujer del Chato tampoco pasó desapercibida. García, una mujer que llegó a los Tribunales Federales de la mano de la otrora jueza Olga Pura Arrabal, trabajaba como relatora de la Cámara de Apelaciones y fue trasladada al fuero federal Civil cuando el Bentogate comenzó a tomar estado público.

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Por lo bajo, fuentes judiciales comentaron que existía cierto temor de que accediera a información sensible mientras se instruía el expediente y por eso se iniciaron sumario internos para conocer cómo fueron sus últimos movimientos.

Esto sumado a que el Chato Álvarez fue imputado por falso testimonio cuando declaró como testigo en el Bentogate.

En julio de este año, cuando el juez Eduardo Puigdéngolas procesó a una veintena de sospechosos (recayó sobre el juez Bento, su mujer, abogados y detenidos) de participar en los arreglos para morigerar la situación de ciertos presos (principalmente, los acusados por contrabando), el letrado “zafó” y terminó con una falta de mérito.