En conferencia de prensa, el Gobierno de Mendoza informó este miércoles que hay seis menores en condición de ser imputados que fueron identificados como autores de las pintadas donde advertían sobre posibles tiroteos en las escuelas de Mendoza.
En total, son 25 investigaciones que se llevan a la par sobre las pintadas que se encontraron principalmente en los baños de los colegios. De estos, 6 están en condiciones de ser imputables por la Justicia provincial.
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A los 19 restantes, la Dirección General de Escuelas les quitará puntos, el sistema que reemplazó a las tradicionales amonestaciones, donde los estudiantes inician el año con 25.
La penalización implicaría la separación del estudiante del establecimiento. En esos casos, el alumno podría ser reubicado en otra escuela, tras un análisis individual.
Antes de definir la sanción final, se realizará una evaluación psicosocial de cada estudiante para determinar el contexto y la intencionalidad. Los equipos psicopedagógicos serán clave para definir cómo continúa la trayectoria educativa del alumno sancionado.
El reto viral de redes sociales
En tanto, 1.000 publicaciones fueron dadas de baja de las redes sociales. En estos posteos se realizaban contenidos vinculados a esta temática.
“Fueron cerca de 400 llamadas al 911“, graficó la ministra de Seguridad Mercedes Rus sobre las amenazas que respondieron a un desafío viral.
“A pesar de que hay muchos jóvenes inimputables, todos van a estar bajo una investigación y se les hará un seguimiento”, aseguró.
Y sostuvo que el operativo policial para cubrir los establecimientos escolares llegaron a 180 policías, entre consignas y agentes enviados por la emergencia.
Lo que se viene
Rus adelantó que en el transcurso de la semana se publicará dos protocolos en el Boletín Oficial. Uno, dará herramientas a los policías que acuden en primer lugar a la escuela donde se registró una denuncia y, el otro, una guía para la escuela sepa cómo actuar en cuatro situaciones: explosivos, conflicto sociales, agresor armado y suicidio.
Por otro lado, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, recalcó que cada institución decidirá qué hacer respecto a los controles sobre las mochilas.
“La DGE libera para que cada uno tengo autonomía en esa decisión“, sostuvo el responsable de las políticas educativas.