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1 de junio de 2021
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Ministerio Público

Terminó la investigación por el asesinato de Diego Aliaga

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Diego Aliaga, Diego Barrera y su familia, Yamil Rosales y la escena donde hallaron el cadáver.

El fiscal federal Fernando Alcaraz cerró la instrucción del caso policial más impactante de los últimos años en Mendoza. Las nuevas “batallas” que se vienen en los Tribunales federales.

Desde los últimos días de julio y los primeros de setiembre del año pasado, Diego Alfredo Aliaga (51) se transformó en el hombre más buscado de la provincia.

El ex despachante de aduana era requerido por investigadores judiciales y policiales luego de una denuncia por secuestro extorsivo y terminaron encontrándolo asesinado; enterrado entre jarillas de un descampado de la localidad de Costa de Araujo, en Lavalle.

Ver también: Desapareció un empresario e investigan un secuestro extorsivo

El caso se transformó en el más impactante de los últimos años en Mendoza. Tanto es así que, a pesar de muerto, por los presuntos vínculos previos con el Poder Judicial, llegaron a colocarlo como “clave” en la llamada causa Bentogate, que estalló a principios del mes pasado y tiene como imputado al titular del Juzgado Federal Nº1, Walter Bento, acusado de los delitos de cohecho, asociación ilícita, lavado de activo y enriquecimiento ilícito.

Poco más de diez meses pasaron desde que se radicó una denuncia por averiguación de paradero en la Oficina Fiscal Nº19 de Rodeo de la Cruz. La causa se transformó en un secuestro extorsivo fatal y terminó con cinco sospechosos imputados, procesados y en la cárcel.

En las últimas horas, fuentes consultadas por El Sol detallaron que el fiscal Fernando Alcaraz dio uno de los pasos más importantes del caso al concluir la instrucción.

Ver también: Caso Aliaga: el análisis que hizo la Justicia de la confesión de Barrera

Básicamente, luego de varias idas y venidas y apelaciones en los tribunales de calle España, el representante del Ministerio Público cerró la investigación porque, entiende, ya no hay más pruebas para producir. Es más, cree que con lo incorporado hasta el momento alcanza para que todos los acusados terminen condenados a duras penas.

De esta forma, para el pesquisa no caben dudas de que el socio-amigo de Aliaga, Diego Barrera, y parte de su familia –su mujer, Bibiana Sacolle, y los hijos de ella, Lucas y Gastón Curi–, más uno de los empleados de su empresa, Yamil Washington Rosales, tuvieron participación directa en el asesinato del también empresario Aliaga.

Los cinco procesados pasan sus días en distintas cárceles del Gran Mendoza y han cuestionado, cada uno por su lado y también en conjunto, la mayoría de las pruebas del expediente.

Ver también: Testigo clave del caso Aliaga, vinculada en secuestro narco con el Rengo Aguilera

El punto que más discuten es la competencia federal, luego de que el juez de la causa, Marcelo Garnica, se declarara incompetente a fines de setiembre de continuar al frente de las actuaciones al sostener que no se trató de un secuestro extorsivo (un mes después, la Cámara de Apelaciones resolvió darle nuevamente las actuaciones).

Y con esa base nació un nuevo capítulo en la novela judicial: a pesar de que el fiscal Alcaraz dio por culminada la instrucción, todavía resta mucho por discutir antes de que quede confirmada la acusación o elevación a juicio del expediente.

Es que el abogado de la familia Barrera, Antonio Carrizo, ha presentando una serie de nulidades que deben ser discutidas.

Las fuentes agregaron que son “más de 40” los planteos de la defensa que deberán ser analizados por los jueces de el tribunal de alzada.

De acuerdo con la información a la que accedió este diario, entre ellos se destacan cinco puntos cuestionado la investigación.

  1. Como entendió el juez Garnica en una de sus primeras intervenciones en la causa, la defensa sostiene que no se está frente a un secuestro extorsivo y que el caso debe ser instruido por la Justicia ordinaria como homicidio simple, es decir, que la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, de turno cuando, se estima, se produjo el asesinato de Aliaga –entre el 28 y 29 de julio del año pasado– se haga cargo de la instrucción. Y para eso, Carrizo tiene dos recursos en trámite: uno en la Cámara de Casación Penal de la Nación y otro –más reciente– que tiene que resolver la Cámara de Apelaciones con base en Mendoza.
  2. Otro de los argumentos fuertes de la defensa están vinculados a la detención de Barrera y su familia. El principal imputado aseguró que estuvo 48 horas detenido sin una orden (la detención se produjo el lunes 3 de agosto en su casa del barrio Dalvian). Sostuvo que ni el juez Garnica ni el fiscal Alcaraz ordenaron esa medida.
  3.  La defensa también cuestiona el primer allanamiento en la propiedad del coqueto barrio privado del oeste de Ciudad. Solicitó que se incorporaran las desgrabaciones del CEO de las comunicaciones que realizaron los policías que participaron en el procedimiento porque, sostiene, ese día se llevaron documentos de la propiedad y que fueron manipulados para complicar a Diego Barrera. Se trata de títulos de propiedades de la casa y de un Chevrolet Camaro, que “fueron encontrados” en un segundo allanamiento que se desarrolló en ese domicilio.
  4. El procesamiento. La Cámara de Apelaciones también tiene que resolver sobre esta cuestión. La defensa insiste en que no se está frente a un secuestro extorsivo y que pidió que le dejen declarar testigos “calificados”, como policías especializados que trabajan estos casos. El fiscal Alcaraz contestó los pedidos y sostuvo que la solicitud no era pertinente y útil para la causa. Es más, el representante legal explicó que el hermano de la víctima, Gonzalo Aliaga, jamás recibió el llamado extorsivo mientras realizaba la denuncia por paradero en la Oficina Fiscal Nº19 y que no citaron a declarar, como solicitó, a un auxiliar del Ministerio Público que puede dar fe de eso.
  5. Y ataca el informe de los peritos caligráficos que confirmaron que Aliaga fue asesinado bajo presión de firmar unos documentos cuando no le dieron curso a sus preguntas.

Así las cosas, si bien la fiscalía dio por acabada la incorporación de más pruebas, el expediente seguirá debatiéndose en la Cámara de Apelaciones. Las fuentes judiciales estiman que “un juicio contra todos los detenidos” todavía está lejos pero que podría recién darse en el 2022.

Lo cierto es que Aliaga fue asesinado y su socio admitió el hecho en un escrito que presentó en la causa, desligando a toda su familia. Se habían encontrado en una vivienda de Rodeo de la Cruz, donde tenían previsto potenciar el desarrollo de una clínica para discapacitados y allí se habría producido el ataque. 

Ver también: Quién es el quinto detenido del caso Aliaga y qué declaró

“Diego Aliaga se me murió, nunca quise que perdiera la vida”, sostiene el escrito que llegó a manos de la Justicia. Para los detectives, Aliaga fue asesinado por temas económicos, principalmente todo lo relacionado a la titularidad de propiedades y vehículos.

El hermano de la víctima declaró que recibió un llamado donde le exigían un millón de dólares a cambio de volver a verlo. Pasaron los días y Yamil Rosales fue quien se quebró y confesó el lugar donde habían descartado el cadáver.

 

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