El Grupo Dalvian SA finalmente llegó a un acuerdo con la Provincia y devolverá 156 millones de pesos por el excedente en la expropiación de terrenos en la zona de Divisadero Largo. Una histórica irregularidad en terrenos ubicados al oeste de Capital, un cuarto de siglo con procesos en la Justicia y un escándalo institucional que terminó con un fiscal de Estado destituido.
El conflicto entre el Estado provincial y el grupo inmobiliario es de larga data, pero finalmente a principios de julio la parte demandada aceptó que había que pagar tras varios fallos en contra en diferentes instancias judiciales. La historia tiene un capítulo aparte con la destitución del ex fiscal de Estado Joaquín de Rosas, ocurrida en 2014, acusado de favorecer al grupo económico en detrimento del Estado.
La demanda contra Dalvian había sido impulsada a través de los dos órganos que tienen como misión defender el patrimonio de la Provincia, la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno. A pesar del histórico acuerdo, nadie se atribuye la victoria.
En julio de 2016, Fiscalía de Estado impulsó una acción de nulidad, pero la familia Vila sostenía que la causa había prescripto.
La causa tenía prevista una audiencia el 2 de julio en el Segundo Tribunal de Gestión Asociada. Pero Dalvian desistió por el curso desfavorable de los fallos en contra, incluida la Corte, y aceptó pagar.
La Provincia reclamaba que se devolviera un excedente de 3,1 millones de pesos más los intereses, cuando se había pagado 3,5 millones, inicialmente, en el juicio por la expropiación que se realizó en 2007.
Con el acuerdo y el recálculo de intereses, la suma ascendió a los 156 millones de pesos, que se pagarán en seis cuotas a partir de agosto. El millonario monto no incluye quita ni renegociación.
Un caso de corrupción que perjudicó al Estado
La historia del conflicto comenzó a principios del 2000, cuando la Provincia decidió crear la Reserva Divisadero Largo sobre los terrenos ubicados al oeste de la Ciudad de Mendoza. Esto obligó a expropiar terrenos a sus dueños. Se hicieron las tasaciones y la Provincia pagó a Dalvian y a Daniel Vila precios altos por aquellas tierras: de 13 a 17 pesos el metro cuadrado.
Mientras que en la mayoría de los casos se abonó un monto equivalente por metro cuadrado, en el caso de Dalvian el pago fue significativamente superior: casi 9 veces más.
Todos los casos de expropiación fueron a la Justicia, porque los otros dueños reclamaron precios similares al que había obtenido Dalvian.
En el caso de Dalvian, la última instancia fue en junio de 2024, cuando la Suprema Corte rechazó un recurso extraordinario por el que la familia Vila, a su vez, contra los pedidos de nulidad de Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno. Para la empresa, la causa estaba prescripta, pero tuvo dos reveses en tribunales inferiores. Apeló y fue al máximo tribunal.
En aquel fallo, la Corte recordó que “se utilizó una tasa que fue prevista para situaciones que nada tienen que ver con la problemática en estudio, donde se capitalizaban y potenciaban los intereses, lo que llevó a un resultado final en su cálculo absolutamente apartado de la realidad económica, beneficiando a los sujetos expropiados en detrimento de los intereses fiscales“.
La caída de Joaquín de Rosas
Joaquín de Rosas fue destituido de su cargo de fiscal de Estado el 28 de abril de 2014 por el Jury de Enjuiciamiento, constituido por los ministros de la Corte, senadores y diputados provinciales.
Dos años antes había sido suspendido en sus funciones. Pero el golpe final fue por mayoría: de 18 votos, sólo dos en contra, ambos aportados por legisladores del PJ. Uno, el de Ricardo Pettignano, que en agosto ya anunció que deja la función pública como vocal en el Tribunal de Cuentas.
La suerte de De Rosas tuvo un giro con el caso Dalvian. Al entonces fiscal de Estado se le cuestionó que, mientras había ido a la Justicia a reclamar por los pagos a los otros propietarios, no había accionado contra el Grupo Dalvian. Es decir, con ese beneficio había terminado perjudicado al Estado cuyo patrimonio tenía que defender.
Cuando se inició el proceso de las expropiaciones, quien estaba al frente del órgano de control era Pedro Sin. Su segundo era De Rosas, que tomó el expediente porque, como Sin vivía en Dalvian, tuvo que inhibirse. Luego quedaría al frente de Fiscalía.
La caída en desgracia comenzó cuando la Corte ordenó una investigación penal sobre los excesivos valores de los terrenos que el Estado le había pagado a los hermanos Alfredo y Daniel Vila.
De Rosas resistió hasta donde pudo en un proceso que tuvo una fuerte puja de intereses. El ex fiscal de Estado reclamó la nulidad del proceso en su contra, bajo el argumento de que era juzgado por segunda vez. También se desplegaron mañas de su representante legal para dilatar la decisión. De Rosas era defendido por Roberto Godoy Lemos.
El entonces procurador de la Corte, Rodolfo González, pidió la destitución en función de las pruebas reunidas. La moción fue apoyada por los dos representantes de la Legislatura, Patricia Gutiérrez y Daniel Di Martino. Gutiérrez era líbero, pero en aquel momento estaba vinculada políticamente al radicalismo. Di Martino pertenece al radicalismo de Godoy Cruz.
Destituido por mal desempeño, De Rosas fue a la Justicia. Pero primero, la Suprema Corte declaró su reclamo como inadmisible. Luego, la Corte nacional le dio la razón y giró de nuevo el expediente al máximo tribunal de Mendoza, que volvió a rechazar el planteo. En agosto de 2024, de nuevo en la Corte Suprema, los cuatro ministros -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- desestimaron por unanimidad la presentación de Joaquín de Rosas.