La investigación por una presunta estructura de contrabando que operaba entre Chile y Mendoza entre el año pasado y este fin de semana sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial, con una audiencia en la que el Ministerio Público Federal expuso el entramado de viajes, maniobras para evadir controles, millones de pesos en mercadería secuestrada y hasta un supuesto pacto de corrupción con un gendarme para facilitar el paso de vehículos cargados.
En el centro de la acusación aparece Diego González, señalado por la fiscalía como el jefe de una asociación ilícita dedicada al ingreso ilegal de mercadería extranjera para luego comercializarla en ferias y puestos informales.
Aunque en algunos viajes no cruzaba personalmente la cordillera, para los pesquisas de la Policía Federal, que desarrollaron los trabajos de inteligencia para capturar a varios de los presuntos integrantes del clan, era quien coordinaba cada movimiento: financiaba pasajes, distribuía tareas, daba instrucciones sobre cómo atravesar los controles y supervisaba después el circuito de ventas y cobros en diferentes ferias.
La causa ya había tenido repercusión por los procedimientos realizados donde fueron interceptados varios vehículos con ropa, calzado y otros productos valuados en millones de pesos. Pero durante la audiencia la acusación profundizó el rol que, según la pesquisa, presentaba González dentro de la estructura.
“Vos, el Bauti, el Flaco y la Jesy”, se desprendió en una de las conversaciones incorporadas al expediente. Para la fiscalía, esos diálogos evidenciaron cómo organizaba quién viajaba, quién hacía “punta” para detectar controles y quién debía transportar la mercadería.
Los pesquisas sostuvieron que el grupo funcionaba con “estabilidad y permanencia”, elementos que consideran suficientes para encuadrar el caso como asociación ilícita. Además de González, fueron mencionados como integrantes Jessica Maldonado (pareja de González), Bautista y Roberto Vicentela, Fernando Castillo, Vladimir González, Jorgelina Aguilar y Michael Maldonado. No todos quedaron detenidos.
La estructura, según se ventiló en la audiencia de acuerdo con fuentes judiciales, mezclaba vínculos familiares, logística de transporte y comercialización. De hecho, uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el sistema de ventas y cobros.
“Diego González hace seis ferias porque tiene gente que vende para él”, explicó la fiscalía. En las intervenciones telefónicas, los pesquisas detectaron cómo controlaba las ventas diarias y daba órdenes sobre quién debía desarrollar las tareas. Incluso aparecieron referencias a transferencias electrónicas y cobros mediante QR.
En una conversación incorporada como prueba, una de las personas consultaba cuál era el alias para las transferencias. La respuesta fue “Todo Barato”, una cuenta que, según la acusación, estaba vinculada directamente a González.
De la instrucción se desprendió que el manejo económico también quedó reflejado en el patrimonio detectado durante los allanamientos. En la casa atribuida al señalado líder secuestraron mercadería valuada en unos 101 millones de pesos. Además, sostuvieron que González disponía de todos los vehículos utilizados en las maniobras, aunque no figuraran a su nombre.
Entre ellos aparecen una Mercedes Benz Sprinter, un Peugeot Partner, un Fiat Argo y otros rodados registrados a nombre de Jessica Maldonado, su hija Talia y Fernando Castillo.
Las tareas de vigilancia realizadas por la Policía Federal mostraron esos vehículos estacionados en el domicilio de González.
La acusación también reconstruyó el modo en que operaban durante los cruces desde Chile. Según las escuchas, utilizaban distintos vehículos para dispersar la carga, hacían viajes reiterados durante el mismo mes e incluso intercambiaban documentación de franquicias en los baños de la aduana para aparentar legalidad si eran controlados más adelante.
“Cuando pagues y te den el papel, venite para el baño así se lo das al Michael”, se desprende de uno de los diálogos de la pesquisa federal, detallaron fuentes del caso a El Sol.
En otras conversaciones, González advirtió sobre controles y explicó cómo esconder mercadería adicional después de pasar la aduana. “Me sacaron fotos, ahora tengo que ver cómo acomodo la otra mercadería”, dijo. También dio instrucciones para evitar que el ruido de las bolsas delatara la carga: pedía que no apagaran completamente la música al detenerse en controles porque “se iba a sentir el crujido”.
La causa tomó como período clave los movimientos registrados desde marzo de 2026, cuando la frecuencia de viajes aumentó considerablemente. Según la fiscalía, los implicados realizaban ingresos y egresos constantes en vehículos con gran capacidad de carga, superando ampliamente las franquicias permitidas para compras personales.
Uno de los episodios más comprometedores para la presunta organización ocurrió el 27 de abril, cuando fue secuestrada la Sprinter en la que viajaban González, Bautista Vicentela y Jorge Maldonado.
Después de ese procedimiento, captaron una discusión entre González y su pareja por los intentos de recuperar el vehículo. Allí apareció una frase que resultó reveladora. “Ya saltaron tus otros contrabandos, estás hasta los huevos”, le dijo la mujer.
Contrabando: cayeron un gendarme y el cabecilla de un “clan familiar” que ingresaba cargamentos millonarios
El decomiso de dos camionetas cargadas con mercadería ilegal sobre la Ruta 7 en octubre del año pasado, en plena alta montaña, terminó destapando una presunta estructura de contrabando que operaba desde Chile hacia Mendoza y que, según una investigación que…
El rol de gendarme detenido
La causa también incorporó otro frente delicado: la presunta connivencia con un integrante de Gendarmería Nacional, quien también terminó tras las rejas durante las medidas que se desarrollaron entre el viernes y el sábado de la semana pasada.
El apuntado fue el suboficial Cristian Ariel Arzamendia, acusado de cohecho activo agravado por ofrecer el paso liberado de vehículos cargados con contrabando a cambio de dinero.
La denuncia se originó el 12 de enero, cuando un compañero reportó ante la Justicia federal que Arzamendia le había propuesto participar de un arreglo para dejar pasar camionetas provenientes de Chile.
De acuerdo con la reconstrucción judicial y policial, el gendarme ya había sido removido de un puesto fijo sobre Ruta 7 después de sospechas surgidas tras un procedimiento anterior de contrabando ocurrido el 17 de octubre.
La denuncia terminó siendo ratificada por un cabo primero, quien además aportó capturas de pantalla de conversaciones mantenidas con Arzamendia. En uno de esos mensajes, el acusado enviaba la fotografía de una Ford Ranger blanca y advertía: “Son dos de esas, ahí me pasan la patente”.
La fiscalía sostuvo que el uniformado buscaba contactar a efectivos que estuvieran de turno en controles estratégicos para acordar el paso de vehículos. Días después, una camioneta con características similares apareció vinculada a otra investigación por contrabando.
Sospechosos y prófugos
En total, la investigación alcanzaba hasta este martes a 18 personas. Entre ellas aparecen también María Elena Choque Condori, David Antonio Guzmán, Rodrigo y Luciano Quispe, vinculados a otra estructura que, según la pesquisa, mantenía contactos y coordinación con el grupo de González. También hay tres pedidos de captura: Miguel Moya, Javier Fondo Rodríguez y Cinthia Flores.
Los trabajos investigativos también revelaron incluso maniobras para “pasar derecho”, es decir, ingresar mercadería sin realizar controles aduaneros. En una conversación, Luciano Quispe aclaró: “Derecho, no legal”.
Los procedimientos realizados durante el fin de semana dejaron secuestros millonarios. En una Peugeot Expert hallaron mercadería valuada en más de 6 millones de pesos y en una Renault Kangoo casi 17 millones. Otros allanamientos permitieron encontrar productos por 18 millones en un domicilio de calle Mitre y por 45 millones en la casa de Damián Verbo Mamani.
Además, la fiscalía mantuvo pedidos de captura para otros sospechosos y dejó en claro que aguarda el análisis de teléfonos celulares secuestrados, una prueba que consideran fundamental para terminar de reconstruir el alcance de la organización y determinar si hubo más integrantes del Escuadrón 27 involucrados en las maniobras.
Este miércoles, el juez Alberto Daniel Carelli definirá la situación de los detenidos y el resto de los sospechosos.