Resulta que Celso Jaque fue el último en poner la firma. Fue apenas unos días después de asumir su mandato. Y así, con Roberto Iglesias y Julio Cobos, pasó a formar parte del grupo de gobernadores que en diferentes circunstancias avalaron que Mendoza condonara una deuda millonaria que la firma Dalvian SA tenía con la Provincia. B á s i c a m e n t e , ellos fueron los responsables políticos del asunto, pero la ejecución y la mano de obra estuvo a cargo del ahora suspendido fiscal de Estado, Joaquín de Rosas.

En los últimos días, en medio de la vorágine por saber si, finalmente, el Jury de Enjuciamiento aprobaba el proceso para iniciar un juicio en contra del funcionario, se perdieron algunos detalles de una historia en la que, lejos de haber maniqueísmo y dividir las aguas entre buenos y malos, todos aportaron en mayor o menor medida para que la familia Vila fuera beneficiada con un acuerdo en el que Mendoza no sólo perdió dinero, sino que sus instituciones parecieron quedar bajo la sumisión del poder económico.

La intromisión de Alfredo Vila (padre) en la Fiscalía de Estado nunca fue in situ. El nivel de respuesta dado desde ese organismo iba más allá de algún favor político. A menudo, las reuniones se hacían en su oficina del barrio privado ubicado frente al Cerro de la Gloria, y, si era necesario, se confirmaba alguna decisión con un llamado telefónico a los despachos de la Casa de Gobierno.

Salvo el caso de la expropiación de los terrenos de Divisadero Largo, que ahora tienen al borde de la destitución a De Rosas, la cadena de favores nunca incluyó decisiones con millones de pesos en juego. En realidad, se trataba de un mecanismo aceitado para garantizar permisos o negocios que posteriormente generaban usufructo. Reuniones privadas o audiencias que aparecían asentadas en las causas, pero cuyos contenidos nunca se hicieron públicos. Allí, De Rosas apretaba. Su estrategia se basaba en el desgaste de la otra parte o en la sugerencia de complicaciones si no se actuaba de acuerdo con los intereses de la familia Vila. Desde privados hasta técnicos del organismos de control como el EPAS fueron testigos de esas jugadas.

Eran expedientes que el fiscal manejaba de manera personalísima y que caían en sus manos gracias al acuerdo tácito que existió mientras Pedro Sin ocupó ese cargo. Este se inhibía porque vivía en Dalvian y delegaba la facultad de actuar en nombre de la Fiscalía a De Rosas. Uno de los objetivos propuestos por los propietarios de Dalvian a principio de la década pasada era licuar la gran deuda que había quedado con los bancos oficiales de la Provincia que habían quebrado. Era entonces una suma aproximada a los 13 millones de pesos que eran reclamados por el Ente de Fondo Residual (Efor), hoy desaparecido y devenido a la Dirección de Administración de Activos de ex Bancos Oficiales (Daabo).

Por su parte, el Estado provincial debía pagar a la empresa Dalvian y a la familia Vila un monto determinado por la expropiación de terrenos para la reserva ecológica conocida como Divisadero Largo, en la zona de El Challao.

En ese contexto, comenzó el “operativo compensación”. El objetivo era incluir a Dalvian en una serie de beneficios para descontar el dinero que había quedado debiendo a los bancos y hacer un cambio de figuritas: expropiación por deuda. Y asunto cerrado. Por esos días, el Efor sacó un dictamen relacionado. El papel, que actualmente está desaparecido en los archivos, indicaba que esa maniobra era imposible de llevar adelante dada la naturaleza de las operaciones. Eran transacciones que no estaban vinculadas entre sí; por lo tanto, no era adecuado buscar una fórmula compensatoria. La existencia de este documento fue confirmada por dos fuentes que tuvieron contacto con el caso.

Para que el intercambio fuera lo menos escandaloso posible, una de las posibilidades era elevar el costo de los terrenos de la familia Vila y aproximarse al total adeudado.

Cuando se inició la causa por expropiación, y tal como ocurre en estos casos, el empresario rechazó la oferta inicial hecha por el Estado, cuyo monto era irrisoriamente menor al costo real y era la puerta de entrada para el Tribunal de Tasación de la Provincia.

El contrapunto se convirtió en un acuerdo entre las partes que llegó a la Justicia Civil y Comercial. Dalvian por un lado, y De Rosas como representante de los intereses de los mendocinos.

El cálculo para establecer cuánto se debía pagar por metro cuadrado, que llegó al despacho de la jueza Fabiana Martinelli, fue sacado por Américo Toledo, contador de la Fiscalía de Estado y personaje anónimo en esta historia, pero con trascendencia en el resultado final.

El convenio establecía que Dalvian cobraría 3.558.342 pesos por las tierras expropiadas. Y el mismo criterio de tasación fue aplicado por la jueza con el resto de los propietarios de la zona que habían iniciado un proceso similar.

La causa avanzó sin ningún tipo de traba hasta que la sentencia del caso Dalvian quedó firme.

En ese punto, la historia se dividió en dos:

Primero, en la Fiscalía de Estado, que parecían no haber advertido el convenio con Vila, se alertaron cuando entendieron que el resto de los expropiados iban a cobrar cantidades de dinero similares. Fue cuando el abogado de la Fiscalía, Pedro García Espeche, comenzó a apelar las resoluciones judiciales que no estaban firmes y, puertas hacia dentro, cuestionó duramente a Américo Toledo por el método aplicado para calcular el costo del metro cuadrado e inició una guerra fría interna con el propio fiscal.

Los tribunales de alzada le dieron la razón a García Espetxe y, en comparación con lo que había cobrado Dalvian, el Estado debió pagar montos sensiblemente menores al resto de los propietarios. Vila ya había salido favorecido.

El segundo aspecto tuvo que ver con el acuerdo que la Fiscalía de Estado, con Joaquín de Rosas a la cabeza y como representante de la Provincia, firmó para la compensación de deuda con Dalvian. De aquellos 13 millones se restaron los 3,5 de la expropiación, se hizo un recálculo y se dictaminó que con sólo pagar 1.740.357 pesos, las cuentas quedaban en cero.

Ese convenio estuvo a punto de caerse cuando los ex abogados de Vila, peleados con el empresario después de haberlo patrocinado durante todo el proceso, plantearon la necesidad de declarar nulas todas las actuaciones. Los letrados, de apellido Ortubia, fueron representados por Domingo Nedo Carlucci, el esposo de la ex ministra de la Corte, Aída Kemelmajer.

El planteo nunca llegó a ser resuelto por la jueza Martinelli. Antes de que se tomara una decisión, Vila y los abogados llegaron a un arreglo por el reclamo de más de 600 mil pesos que solicitaban como honorarios, y retiraron el pedido de nulidad.

Antes de archivar el expediente, la jueza, que entendió que algo irregular había existido, sacó una compulsa penal para que el trasfondo de la compensación entre Dalvian SA y el Estado fuera investigado, ante la posible comisión de un delito. El expediente llegó a una fiscalía de Delitos Complejos en el 2009. Y desde ese momento duerme el sueño de los justos.