La historia comenzó con un penitenciario caminando hacia el ingreso de Almafuerte I con droga escondida en la entrepierna. Terminó convertida en una megacausa narco con internos de alto perfil, millones de pesos en transferencias, chats comprometedores, un “pabellón VIP” dentro de la cárcel de máxima seguridad y una escalada de violencia que derivó en ataques a tiros en el oeste de Godoy Cruz y una niña de 11 años baleada que sobrevivió de milagro.
En el centro de toda esa trama apareció Pedro Esteban Morales Anisco, alias Piter, un condenado por homicidio y estafas que, según la reconstrucción de la fiscal federal María Eugenia Abihaggle y los investigadores de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN), manejaba desde el módulo 4.1 del penal de Cacheuta una estructura de tenencia y comercialización de drogas con influencia tanto dentro como fuera del penal.
Este miércoles, el Tribunal Oral Federal Nº2, con el juez Héctor Cortés, homologó un juicio abreviado y lo condenó a 6 años de prisión. La misma pena recibieron Marcelo Agüero Declaux (papá de la nena baleada), Ángel Kevin Maximiliano Fernández y Juan Cruz Arregui. Todos admitieron la teoría fiscal y reconocieron haber integrado la maniobra para ingresar estupefacientes al complejo penitenciario.
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La condena fue por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas y por cometerse dentro de un lugar de alojamiento. Además, se les impuso una multa y reincidencia, por lo que se prolongó su estadía en situación de encierro.
La investigación ya había tenido otro capítulo clave semanas atrás, cuando el penitenciario Renzo Sebastián Rojas y Yamila Agüero Declaux -hermana de Marcelo- aceptaron acuerdos y fueron condenados a cuatro y tres años de cárcel, respectivamente. Pero el expediente siguió creciendo hasta exponer un entramado mucho más profundo.
La causa tuvo su punto de partida el 18 de diciembre del 2024. Esa mañana, a las 11.20, el suboficial Rojas llegó al Complejo Penitenciario Almafuerte I para tomar servicio. La requisa terminó descubriendo un entramado que sirvió para desbaratar una estructura gigante intramuros: llevaba cocaína escondida en su cuerpo y marihuana oculta en su vehículo Chevrolet Corsa.
Sus colegas secuestraron 299 gramos de cocaína que tenía ocultos entre sus prendas y otros dos paquetes con 788 gramos de marihuana. Uno de esos envoltorios tenía forma de plantilla. El otro estaba acondicionado como “chorizo”. También llevaba casi 500 mil pesos en efectivo.
Pero la prueba más pesada apareció después. La extracción forense del teléfono de Rojas permitió reconstruir decenas de conversaciones con internos del penal. Los chats revelaron cómo se organizaban los ingresos de droga, cuánto cobraban, quiénes financiaban las maniobras y hasta cómo debía acondicionarse la sustancia para burlar controles. Ese trabajo fue realizado por la PCN.
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Ahí apareció el nombre del Piter. “Perdí todo, todo. He perdido”, escribió quien era mencionado como “P” en uno de los mensajes reenviados a Rojas por Marcelo Agüero Declaux, conocido como Tapón. Era el 10 de diciembre del 2024 y la conversación marcó el comienzo de una reconstrucción que terminaría ubicando a Morales Anisco como referente absoluto del módulo 4.1.
Otros mensajes también fueron reveladores y determinantes para la instrucción: “600… 200 para vos, 200 para mí y 200 para el porrón de conserjería”, respondió Rojas cuando comenzaron a negociar el ingreso de un kilo de marihuana.
“Quiere arrancar urgente”, insistía el Tapón días después, mientras coordinaban cómo hacer llegar la droga al pabellón.
Los diálogos eran constantes y explícitos. “Cómo me dijiste vos, en las plantillas”, respondió Declaux cuando Rojas preguntó cómo estaba acondicionada la sustancia.
“Yo las cosas se las paso al fajinero en la cocina y fue”, detalló después, mientras diagramaban el movimiento interno dentro de la cárcel.
La fiscalía sostuvo que el Tapón Declaux actuaba como enlace de Morales Anisco y que Yamila cumplía un rol clave afuera del penal: recibía, guardaba y entregaba la droga para que Rojas la retirara antes de ingresar a trabajar.
De hecho, el propio penitenciario le escribió: “El miércoles lo paso a buscar por tu hermana temprano”.
Durante la instrucción a la que accedió El Sol, los investigadores concluyeron que los 527 gramos de cannabis secuestrados en forma de plantilla estaban destinados al Piter.
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El famoso pabellón VIP
La reconstrucción de la PCN fue mucho más allá de esos mensajes. Los pesquisas determinaron que Morales Anisco era el referente del módulo 4.1, un sector señalado históricamente dentro de Almafuerte por privilegios y manejo interno. Así también lo detalló este diario en un informe titulado como el bautizado como el pabellón VIP.
Inteligencia Penitenciaria incluso informó que el Piter lideraba la comercialización de drogas dentro y fuera del penal y que utilizaba a otros internos y agentes penitenciarios para operar.
En diciembre del 2024 ya se habían secuestrado más de 3,6 kilos de marihuana enterrados en los jardines del módulo. También se hallaron cientos de gramos de cocaína y surgieron datos sobre visitantes que ingresaban sustancias para pagar deudas internas. El allanamiento realizado el 23 de julio del año terminó reforzando esa hipótesis.
Cuando irrumpieron en el módulo 4.1 encontraron 41 celulares y un escenario impropio para un pabellón carcelario común: cocinas con seis hornallas, mesadas de mármol, freezers, alfombras, muebles, un televisor de grandes dimensiones, home theatre y hasta DirecTV.
La celda 408, donde estaba alojado Morales Anisco, tenía apenas cinco internos, mientras otras alojaban hasta diez. Los investigadores también advirtieron otra situación: durante la requisa, desde esa celda una voz daba órdenes, intentaba calmar a los presos y llamaba constantemente a un alcaide para hablar.
Para los pesquisas, era el Piter manejando la situación. Los peritajes sobre teléfonos secuestrados en el módulo terminaron consolidando el rol que le atribuían. Eso fue determinante para que la fiscal Abihaggle avanzara en el pedido de pena.
Uno de los internos hablaba con su pareja sobre promociones de cocaína y marihuana dentro del pabellón. Explicaba precios, formas de pago y transferencias. Repetía algo clave: el dinero debía enviarse a “la cuenta del Piter”.
Los montos eran precisos: 10 mil pesos por una “bolsa” de cocaína y 5 mil por un “faso”. Después había que mandar el comprobante para retirar la sustancia.
La fiscalía federal sostuvo que Morales Anisco controlaba precios, pagos, distribución y castigos internos. Incluso se detectaron referencias a sanciones contra presos que no pagaban, obligándolos a realizar tareas de fajina. “No actúa como un vendedor aislado”, concluyó el Ministerio Público Federal en la acusación.
El rol de los otros internos
La otra parte de la maniobra involucró a Juan Cruz Arregui y Ángel Kevin Maximiliano Fernández, quienes en su momento fueron marcados como las manos derechas del referente o pluma del módulo.
En las conversaciones con Rojas discutían precios para ingresar marihuana y cocaína, pactaban transferencias y coordinaban entregas. Todo para el consumo y la distribución interna de algunos de los módulos de la cárcel de máxima seguridad, detallaron fuentes del caso.
“Uno del verde”, escribió Arregui cuando consultó cuánto costaba ingresar un kilo de marihuana, se desprendió de los peritajes de los teléfonos celulares. “Dividilo en 4”, respondió Rojas. “En forma de chorizo”, contestó.
Después llegaron las transferencias. Primero, 50 mil pesos enviados desde una cuenta vinculada a un reo. Más tarde, otros 150 mil enviados desde una billetera virtual ligada a una mujer que fue considerada en su momento clave de la estructura.
La pesquisa descubrió que esa cuenta movía millones de pesos y recibía dinero de internos alojados en Almafuerte. Gran parte de los fondos terminaban en manos de allegados de Fernández.
La causa avanzó durante meses dentro de los Tribunales Federales, pero el conflicto explotó fuera de la cárcel.
Según la reconstrucción judicial, Morales Anisco y Marcelo Agüero Declaux comenzaron a enfrentarse intramuros a principios de este año para ver quién se hacía cargo de la causa y la tensión derivó en amenazas y ataques armados en el oeste de Godoy Cruz.
Primero balearon la casa de Yamila Agüero Declaux el mes pasado sobre calle Renato Della Santa. Después ocurrió el episodio más grave: el ataque en el asentamiento Los Cerros que dejó herida a la hija de 11 años del Tapón Agüero.
La menor recibió varios disparos y salvó su vida de milagro. Actualmente se encuentra en su casa.
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La principal hipótesis investigativa sostiene que los ataques buscaban presionar a Agüero Declaux para que asumiera responsabilidades y desvinculara al Piter de la megacausa narco, en momentos en que Morales Anisco buscaba acceder a beneficios penitenciarios.
Por eso la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta lo acusó como intelectual del ataque, después de que un menor de 17 años fuera imputado como autor de los disparos.
Los análisis balísticos determinaron que distintos ataques fueron cometidos con la misma arma, una pistola calibre 9 milímetros. Los investigadores sostienen que las órdenes salieron desde la cárcel.
En ese contexto llegó el desenlace judicial de este miércoles. Lejos de ir a un debate extenso, Morales Anisco, Agüero Declaux, Fernández y Arregui, actualmente separados y con posturas contrarias, terminaron aceptando la teoría fiscal en un juicio abreviado. Todos confesaron la maniobra, admitieron su participación y reconocieron el entramado de ingreso de drogas al penal con la ayuda del guardicárcel.