La Sala Primera de la Suprema Corte rechazó los recursos extraordinarios presentados por Dalvian SA y, por ende, dejó firme un fallo de un tribunal inferior sobre la expropiación de las tierras de Divisadero Largo. El expediente tiene un agregado más: está relacionado a la causa por la que fue destituido el ex fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, por favorecer al grupo inmobiliario en detrimento del Estado provincial.
El fallo con fecha de este lunes 24 de junio, fundamentado por Teresa Day y avalado por Dalmiro Garay y el conjuez Claudio Alejandro Ferrer, rechaza los recursos presentados por Dalvian contra la acción de nulidad que, a su vez, presentaron Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno en un tribunal inferior.
Dalvian apeló, pero el máximo tribunal desestimó los recursos y en consecuencia dejó firme la resolución dictada por la Tercera Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, de Paz y Tributario.
Los organismos de control habían pedido que se declare nulo la determinación del precio que se había impuesto a la Provincia a pagar por tierras que había expropiado al grupo empresario.
Esto, porque consideraron que los cálculos tenían errores al establecer el valor del metro cuadrado y señalaron que las cifras que debía pagar el Estado a Dalvian eran exorbitantes, desproporcionados y hasta “alejados de la realidad económica“, porque eran superiores a los precios del mercado. Como resultado, era un perjuicio al erario público.
“Ese monto que se condena a pagar al Estado Provincial le ha ocasionado un serio perjuicio al erario público, dándole a Dalvian SA y Daniel Vila y Alfredo Vila un trato desigual e injustificado con relación al resto de los propietarios alcanzados por la misma expropiación, lo que genera un enriquecimiento sin causa“, se describió en el recorrido de la causa sobre los argumentos de los órganos de control.
En aquella instancia, el entonces fiscal Joaquín de Rosas pidió al Tribunal de Tasación un nuevo cálculo, que fue realizado por el contador Américo Toledo. El perito se basó en valores de diciembre de 1983 para fijar el valor del metro cuadrado. Pero de esta forma, se apartó de la opinión mayoritaria de los otros miembros del tribunal.
En fallo de la Corte, se recordó que “se utilizó una tasa que fue prevista para situaciones que nada tienen que ver con la problemática en estudio, donde se capitalizaban y potenciaban los intereses, lo que llevó a un resultado final en su cálculo absolutamente apartado de la realidad económica, beneficiando a los sujetos expropiados en detrimento de los intereses fiscales“.
En función de ello, se consideró que De Rosas no defendió los intereses fiscales de la Provincia, según lo dispone la Constitución de Mendoza.
Esa conducta fue la que, finalmente, motivó el jury contra De Rosas, que terminó en su destitución el 28 de abril de 2014. Se trató en aquella instancia de una decisión histórica.