El fiscal de Estado Joaquín de Rosas, fue destituido de su cargo por mal desempeño en sus deberes de funcionario público. Por 16 votos contra 2, el tribunal del Jury de Enjuiciamiento decidió la separación del funcionario cuestionado por supuestos beneficios al Grupo Vila por la compensación de tierras expropiadas en la zona de Divisadero Largo. Para los diputados acusadores, el fallo constituye una “bisagra” porque demuestra que “el sistema funciona”. Para los denunciantes antiguos del fiscal, se trata de un resultado “histórico”, ya que es la primera vez que separan a un fiscal de Estado de sus funciones.  

Así parece haber llegado a su final la novela del juicio político contra el funcionario que estaba a cargo del organismo contralor, pero suspendido desde hacía dos años. Parece, porque existe la posibilidad de que De Rosas apele a la Corte Nacional este veredicto, según adelantó su abogado, Roberto Godoy Lemos.

El resultado del fallo fue adverso en su mayoría contra De Rosas. Es decir, de 18 integrantes del tribunal conformado por jueces de la Corte, juezas de la Cámara Civil subrogantes y legisladores provinciales, sólo logró dos votos a favor. Y la votación era de caracter nomimal: esos dos votos, correspondieron a dos justicialistas. Se trata del senador sanrafaelino Ricardo Pettignano -que responde al intendente Emir Félix y el único que se animó a saludar al acusado con un apretón de manos al comienzo del juicio, un mes atrás, en la imagen inferior– y la diputada Mónica Zalazar -que responde al intendente Jorge Omar Giménez- fueron los únicos que consideraron inocente al funcionario.

Pero este fue el corolario de un proceso que duró alrededor de dos años y al que no fue sencillo arribar, debido a la fuerte puja de intereses como telón de fondo y las varias dilaciones que se dieron a lo largo de este tiempo. De Rosas había sido separado de sus funciones porque a través de su rol ayudó a favorecer al grupo económico Vila en las compensaciones de deuda que buscaban a partir de la expropiación de tierras en Divisadero Largo. La causa es compleja y tiene varias ramificaciones. Pero en la instancia del juicio quedó comprobado para el tribunal que De Rosas tuvo un manejo personalísimo en la compensación exigida al Estado y que, en lugar de defender los intereses de Mendoza, terminó favoreciendo a la poderosa familia empresarial.

Y la etapa del juicio, propiamente dicho, estuvo caracterizada por intentos de demorar el fallo que llegó este lunes. La estrategia de De Rosas consistió en pedir la nulidad del proceso por varias razones, en primer lugar, por considerar que estaba siendo juzgado por segunda vez. Luego, su enfermedad coronaria le impidió estar durante dos audiencias, lo que hizo demorar el debate unos 20 días. A eso se le agregaron algunas mañas técnicas por parte de su defensa que generó irritación en el jurado y que también contribuyeron a demorar la instancia de los alegatos.

Sin embargo, el momento cúlmine del juicio oral llegó este lunes. El primer turno fue para el Procurador General de la Corte, Rodolfo González, que pidió la condena en base a las pruebas reunidas en la investigación realizada por los diputados y de acuerdo a lo declarado por los testigos. Luego se sumaron los argumentos de los legisladores de la Cámara Baja, encabezados por Patricia Gutiérrez y Daniel Di Martino –en la imagen superior-, entre otros, apoyando los dichos del procurador. Por su parte, la defensa de Godoy Lemos volvió a recurrir a los diversos recursos de nulidad presentados y pidió al tribunal presidido por Omar Palermo evaluar los hechos jurídicos, por sobre lo político.  

El fallo llegó dos horas después de finalizados los alegatos. El jurado sesionó a puertas cerradas y votó de manera nominal. Los fundamentos de la decisión se harán públicos el miércoles 30 a partir de las 11, según lo dispone la ley de juicio político. De Rosas se retiró sin hacer declaraciones, acompañado por su esposa y su asesor legal.