El policía federal que estaba acusado de exigirle miles de dólares a un abogado domiciliado en Las Heras durante un allanamiento a cambio de no armarle una causa reconoció el hecho ocurrido a fines de julio del 2018 y terminó condenado a tres años de prisión efectiva, inhabilitación por seis años y una multa económica.

Se trata de Sergio Alejandro Garrido (34), nacido en Buenos Aires, quien fue detenido el 13 de agosto de 2018 sobre el Acceso Sur, en Luján, luego de una investigación de la Gendarmería al tomar conocimiento de la presentación que realizó el letrado, tal como reveló por aquellos días este diario.

La defensa de Garrido, a cargo de Bernardo Calderón, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, representado por María Gloria André, y presentaron el proceso abreviado ante el Tribunal Oral Federal Nº2 de la provincia.

De esta forma, el subinspector reconoció la responsabilidad penal y fue sentenciado por cometer el delito de exacciones ilegales agravadas, delito que prevé “prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco, al funcionario público que, abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrare mayores derechos que los que corresponden”. El artículo 267 del Código Penal tipifica que esa pena “podrá elevarse si emplease intimidación o se invocare orden superior”.

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El caso generó fuerte repercusión en la Policía Federal cuando trascendió, a principios de agosto del 2018.

Pero fue el 27 de julio que los federales realizaron un allanamiento en el barrio Raíz I de Las Heras. El objetivo de la medida, detallaron fuentes de la investigación, era buscar pruebas en una causa por tema de drogas.

Los policías que irrumpieron en la propiedad, cerca de las 23, no encontraron nada de lo que buscaban. En el domicilio se encontraba el abogado, su mujer y sus hijos.

Sin embargo, se desprende de la instrucción, Garrido se llevó al hombre hasta la cocina de vivienda y le exigió que tenía que pagar 7.000 mil dólares para mantenerlo en libertad.

La denuncia del letrado señala que el subinspector le dijo que, en caso de no entregar el dinero, le armaría una causa. Acto seguido, le explicó que el dinero debía ser entregado por otra persona el 13 de agosto a las 20 y lo citó a una dirección ubicada en Luján: ruta nacional 40 y Azcuénaga.

Enterada de la denuncia, la Gendarmería comenzó a trabajar en el caso y montó un operativo encubierto con el objetivo de entregar el dinero al policía cuestionado. Hubo vigilancias en la zona y comenzaron a sacar fotos y filmar.

A las 19.40 del día pactado, llegó hasta el lugar un VW Vento propiedad de Garrido. Los gendarmes también se habían apostado cerca de su domicilio y habían confirmado que él se retiró al mando del vehículo.

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Con los pesquisas debajo del puente para entregar el dinero y así sorprenderlo, se observó la presencia del Vento. Llegó, se estacionó y dejó encendidas las balizas. Pero esto duró unos pocos minutos: Garrido se dio cuenta que había investigadores en la zona y escapó.

Hubo una persecución pero terminó con la detención del rodado y de su ocupante. Cuando lo identificaron, supieron que se trataba del mismo efectivo que había liderado el allanamiento en la casa del representante legal.

Durante la instrucción del expediente, Garrido se defendió afirmando que, en realidad, el abogado le había dicho durante el allanamiento que le iba pasar un dato para continuar con una investigación, pero esta versión se terminó de caer con el paso del tiempo.

Garrido estuvo preso durante 10 meses, cuando la Cámara de Apelaciones ordenó su libertad. Pagó una caución de 200 mil pesos en el 2019 y afrontó el proceso fuera de la prisión luego de que su defensa apelara una resolución del juez de primera instancia que le negaba la libertad por riesgo de fuego y entorpecimiento de la instrucción.