El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró este lunes el cierre definitivo del Plan Estratégico Vitivinícola 2030 (PEVI), que llevaba adelante la Corporación Vitivinícola Argentina. De esta manera, le puso fin a la contribución obligatoria de las bodegas y productores. En un extenso tuit, el funcionario de Javier Milei sorprendió al reconocer que la idea se la dio un productor mendocino, Carlos Clement, que tiene una pequeña bodega y está vinculado al sector de Bodegas Argentinas.

Tras la publicación de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, dependiente del Ministerio de Economía, el funcionario emitió un tuit celebrando la eliminación de un impuesto que “el estado le había regalado a los privados“, aseguró.

“Te contamos hoy una historia increíble: la de un Estado que cobra impuestos, pero no para financiar el gasto público, sino que recauda ¡para privados! Sí lo que lees. Hoy, luego de más de 20 años, terminamos con esta aberración que tenía a la industria del vino y a todos nosotros como víctimas“, señaló a LVDiez.

Quién es el empresario mendocino que le dio la idea

El ministro de Desregulación, en el mismo tuit, contó que la resolución fue el “producto de un trabajo de un enorme equipo“, y confesó que la idea original fue de un “productor mediano de Mendoza, Carlos Clement, que un día me preguntó porque seguía COVIAR si tenía mandato vencido“. Hasta le agradeció por la “orientación“.

Se trata del contador y empresario mendocino, fundador de Clément Comercio Exterior, quien supo ser presidente de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (2010-2012), secretario técnico de la Aduana de Mendoza y gerente de comercio exterior en bancos como Crédito de Cuyo, de los Andes y Mendoza. También profesor de la UNCuyo.

En el rubro vitivinícola, es presidente de Clément S.A. y de Orgánica Santa Rosa S.A., dos emprendimientos del rubro en el Este de Mendoza.

Además, es el padre de Martín Clement, actual presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM).

El propio empresario contó cómo surgió el contacto con el ministro. En diálogo con Opinión de LV10, relató: “Una vez hablé con Sturzenegger por otros motivos, hablé sobre la industria vitivinícola en general y plantee que si el PEVI había terminado en 2020, cómo era posible que en 2024 siguiera existiendo“.

“Me imagino que Sturzenegger ha seguido esta idea que no es solo mía -reconoció-, sino el reclamo general de la industria que hace esos aportes. Más ahora, que está muy dura la situación. La industria está sufriendo una caída importante de ventas y los aportes que requiere la COVIAR no logran modificar la situación. Si usted gasta en algo que no sirve, es cuestión de repensar“, señaló Clement.

En ese sentido, agregó: “El aporte es obligatorio, fueron algo de 4 millones de pesos el año pasado”, aseguró en el caso de su emprendimiento. Y recalcó que “hay otros que son muy grandes que aportan mucho más, porque hay aportes por granel y por vino embotellado. Alguien puede decir que no es tanto, pero no es el bolsillo de él“.

Sobre si se trata de un aporte, el empresario fue tajante al reconocer que es un impuesto. “Alguien ordenó que las bodegas tenían que contribuir obligatoriamente y el instrumento del cobro es el INV y si uno no paga, paraliza la bodega. Ni siquiera se puede deber. Si no pagaba, se suspende toda actividad“, reconoció.

Sin embargo, contó que “hace 8 o 10 meses” que no habla con Sturzenegger. “Ni me acuerdo en qué momento tuve la reunión con él, charlé dos o tres veces, es un hombre muy ocupado como ministro. Pero tiene buena memoria y yo estoy feliz que me recuerde. No se si en algún almuerzo de las fuerzas vivas en época de Vendimia“, cerró.

Sturzenegger cargó contra la Coviar

“Desde 2004 (¡ay kukitas!), todas las bodegas y productores del país pagaban una contribución obligatoria por elaborar, por embotellar y por vender. Sí, los tres. Pagaban por cada litro elaborado de vino y mosto, por cada litro embotellado de vino, por cada litro vendido de mosto, y por cada kilo de uva que ingresaba a los establecimientos procesadores. Pero ese tributo no iba al Estado sino que iba a financiar a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), una entidad conducida por el sector privado y cuyo objetivo era implementar el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI). El PEVI prometía posicionar a la Argentina entre las industrias vitivinícolas más destacadas del mundo, alcanzar exportaciones por USD 2.000 millones anuales y capturar el 10% del volumen del comercio mundial de vinos para el año 2020“, señaló.

Sin embargo, luego hizo el balance de los números del PEVI. “La realidad 22 años después es que las exportaciones nunca llegaron a la marca de USD 2.000 millones anuales y la participación argentina en las exportaciones mundiales se mantiene por debajo del 2,5%, muy lejos del 10% prometido. En total entre 2004 y 2025 se le sacaron al sector (lo pagamos todos nosotros) USD 300 millones para financiar resultados que nunca llegaron. Es decir que la COVIAR lejos de aportar competitividad en realidad la reducía. Para colmo, en 2024 el ajuste de la contribución superó a la inflación en 97,2 pp y en 2025 en 13,5 pp. El plan fracasaba y la contribución, en vez de bajar, subía por encima de la inflación“, escribió.

“Sí……, ¡la misma COVIAR se atribuía la facultad de aumentarse su propia contribución! Ay Diosito mío“, agregó.

Sturzenegger asumió que el PEVI 2020 fue concebido de los fundamentos de la Ley 25.849 y de las discusiones de Diputados en 2003, con un horizonte temporal hasta el año 2020. Relató que al vencerse ese plazo en noviembre de 2020, el directorio de la COVIAR dictó la Resolución 128/2020, mediante la cual aprobaron la actualización al 2030. “Pero la COVIAR no tiene facultades para autoprorrogarse el financiamiento ni para extender el plan. Sus resoluciones desde 2020 solo pueden ser consideradas como solicitudes de extensión que el Poder Ejecutivo debía resolver, conforme los procedimientos previstos en la Ley 25.849“, advirtió.

Para “terminar con esta aberración“, Sturzenegger reconoció que la Resolución 55/26 declara cumplido el plazo del PEVI a la fecha y establece la finalización de las contribuciones obligatorias previstas en el art. 10 de la Ley 25.849, así como la de cualquier otra fuente de financiamiento de origen público nacional del plan.

“Una cámara empresaria no puede financiarse con un impuesto obligatorio recaudado por el Estado. Si una bodega quiere asociarse a ‘Bodegas de Argentina’ o a ‘Wines of Argentina’ lo hace voluntariamente, sostiene a la cámara con su aporte, y si considera que no le aporta valor, se va. Eso es libertad de asociación. Acá el Estado convertía en obligatorio el financiamiento de una entidad privada, y a quien no pagaba le clausuraban la bodega. A esto se suma que tampoco existía transparencia ni información certera sobre el uso de los fondos que iban a parar a la COVIAR“, señaló Sturzenegger.

En definitiva, aseguró que había “un esquema de privilegio creado por ley a favor de una institución. Exactamente el tipo de privilegio que el Presidente Javier Milei viene a eliminar“.

Por otro lado, aclaró que la medida no implica la “disolución ni liquidación de la COVIAR“, que mantiene su personería jurídica y puede seguir existiendo. Lo que concluye es el “financiamiento coactivo“. Si la COVIAR quiere continuar operando, deberá hacerlo con aportes voluntarios de sus miembros.

La medida se suma a la Resolución 37/25 de INV con la que el Ejecutivo busca profundizar la transformación de la industria vitivinícola. “Sacamos al Estado de adentro de la bodega, sacamos los controles redundantes sobre el proceso productivo, y ahora también sacamos la contribución obligatoria que afectaba la competitividad del sector“, reconoció.