Hace casi tres meses, el principal sospechoso por el secuestro y asesinato del empresario Diego Aliaga dejó el Complejo Penitenciario Federal Nº VI de Cacheuta hasta el Centro de Detención U-32, para luego ser relocalizado en la cárcel de San Felipe. 

Se trata de Diego Barrera, quien por ese entonces pidió declarar, ante el fiscal Dante Vega, en la causa que investiga el presunto pago de coimas a cambio de beneficios a presos en la Justicia federal.

Desde el penal provincial, Barrera presentó a través de su defensa un habeas corpus a través del cual pidió regresar a la prisión federal de Cacheuta.

La razón es que allí se encuentra detenida su familia: su mujer, Bibiana Sacolle, y los hijos de ella, Lucas y Gastón Curi, también imputados en la causa por el crimen de Aliaga.

En la presentación, Barrera sostuvo que desde el 5 de febrero que no ha tenido ningún tipo de contacto con sus familiares.

Además, apuntó contra la Justicia, por las “arbitrariedades hacia su familia”.

Anteriormente, Barrera había solicitado pasar a formar, junto a su familia, parte del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, así como también ha pedido en varias oportunidades la excarcelación y la domiciliaria, pero ninguno de esos recursos avanzaron. 

Acusado y testigo clave

Diego Barrera fue detenido junto a sus familiares el lunes 3 de agosto, seis días después de la desaparición de su socio, Aliaga.

Las pruebas apuntaron contra el acusado, ya que se había reunido con Aliaga antes de que dejara de ser visto. Ambos estaban proyectando abrir un centro de rehabilitación para discapacitados en Rodeo de la Cruz, Guaymallén.

Al parecer, en el lugar hubo una discusión que desembocó en la muerte del ex despachante de Aduana. 

De la investigación surge que Barrera planificó secuestrar a su socio, con fines extorsivos.

El cadáver de Aliaga fue hallado recién el 11 de setiembre, tras la confesión de Yamil Rosales, también imputado en el expediente. 

Los restos habían sido trasladados y enterrados en un descampado en Costa de Araujo, Lavalle. 

Mientras enfrentaba las acusaciones por el crimen de Aliaga, Barrera destapó el entramado del supuesto cobro de dinero a cambio de favores judiciales en los Tribunales federales.