Casi cuatro horas de audiencia y pasajes de largos monólogos del juez Rafael Escot sobre el funcionamiento y la estructura del Poder Judicial. Fue durante el tratamiento del pedido de desarchivo de la denuncia por tráfico de influencias en el Consejo de Magistratura, el jueves pasado; una presentación que intentaba ventilar cómo es el lado B en el proceso de evaluación y selección de jueces y fiscales, y cómo, los lazos de amistades, por lo general, se imponen ante la capacidad de los postulantes.
“Algunos forman parte del Consejo porque quieren realmente mejorar y nombrar a los mejores jueces. Otros, quizá, quieren mejorar la situación de sus amigos. Hay que encontrar mecanismos para que eso no ocurra”, afirmó como parte de sus conclusiones. Pero, entendió, la justicia penal no es la herramienta para dirimir estos temas. Y así confirmó el archivo de la causa.
Escot realizó dentro de esa audiencia una suerte de propuesta para crear una Escuela de la Magistratura, similar a la carrera diplomática, donde el ingreso sea por orden de mérito tras años de estudio, eliminando así el componente político y que “no vaya el amigo”.
La denuncia original había sido presentada hace tres años por el abogado Leonardo Pasccon. Fue por aquella misteriosa disolución de la Comisión Evaluadora para quienes aspiraban a un cargo en el fuero penal. En el medio, audios, chats, capturas de pantalla y diputados funcionales acostumbrados a embarrar la cancha. El caso ya está cerrado.
La audiencia sirvió para que Escot también hiciera su catarsis. Fue el protagonista de la vida judicial de las últimas dos semanas a partir de su decisión de sacarle una captura de pantalla a una charla en un grupo de jueces y mandársela al ex subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, para que pudiera recusar a una magistrada en la causa que lo tiene imputado por delitos relacionados con violencia de género.
“Lo único que hice fue decirle a una persona sobre la cual, en un chat privado, privado entre comillas, no secreto; un chat privado en el sentido que no es oficial; que algunos jueces tomaron postura sin haber visto el expediente”, señaló Escot con total naturalidad.
Y continuó: “Entonces yo, como amigo, le dije, ‘mirá, esta gente ha dicho esto. Si bien son jueces naturales, ya tienen un preconcepto’. Como amigo. Y me ofrecí testigo. Y el doctor D’Agostino me dijo ‘sí, pero el testimonio se lo lleva el viento’. Bueno, hago una captura de pantalla porque es prueba… Yo lo único que le aporté fue un medio de prueba para una recusación”.
La conducta de Escot es habitual en los tribunales de Mendoza, tanto en la justicia federal como en la local. Es paradójico, pero jueces y fiscales suelen moverse por afuera de los carriles legales.
Sucedió en 2015, cuando el ahora ex juez federal y condenado Walter Bento recibió un informe policial sobre la posible comisión de un delito por parte del fiscal provincial Daniel Carniello. En lugar de sacar una compulsa (una denuncia) para que se lo investigue, decidió entregar el material en sobre cerrado al entonces procurador Rodolfo González. Una maniobra cuasimafiosa, en conflicto directo con las normas procesales.
En el juego de los absurdos, a Carniello se lo investigó por eso: por esclarecer unos delitos y prevenir otros de manera informal, sin que nada quedase plasmado en un expediente, a partir de cambios de favores con algunos informantes.
Lo de Escot fue similar. Aunque aclaró: “Nada que ver con cuestiones políticas… Yo no participo en política y hace 38 años que soy juez… Nunca fue afiliado a uno de los partidos dominantes de Mendoza que pueden estar en puja. Porque siempre hay una puja política”.
Durante la audiencia, nadie le pidió al juez que haga un alegato para defenderse. Para eso tendrá oportunidad en el sumario interno que se tramita en la Suprema Corte. De hecho, solo le deslizaron lo que había trascendido mediáticamente. Sin embargo, tomó la palabra y arrancó. Y cuando lo hizo, volteó un velo de hipocresías y reconoció cómo funciona la Justicia en Mendoza.
“La designación de un juez es un acto político. Y la remoción de un juez es un acto político. Lo que pasa es que anteriormente no intervenían las corporaciones”, se refirió a la primera etapa del retorno de la democracia, antes de la creación del Consejo de Magistratura.
“Nombrar un juez es una política de Estado. Y los factores que intervienen negocian, acuerdan, quieren imponer su candidato. Y el gobernador es quien, en definitiva, el que elige. Entonces es algo político. Pero es política de Estado, no partidaria. Y es corporativa, porque intervienen los distintos sectores que tienen interés. ¿Cuáles son? Colegio de Abogados, universidades, diputados, porque ni nombra ni remueve, pero representan al pueblo. Y el Poder Ejecutivo”, relató.
“Después –continuó-, las negociaciones internas, las peleas internas, eso es otra cosa. Y acá en esta causa yo voy a manejarme con el Código Penal y el Código Procesal Penal, nada más. Porque si uno como juez juzga políticamente, deja de ser juez, pero para la designación y la remoción existen situaciones donde la política, donde hay pujas y peleas”.
En el Poder Judicial nadie se asombra de que alguien hable de manera tan franca sobre cómo esos factores influyen en la toma de decisiones. Incluso, aseguran que ni siquiera el acuerdo del Senado en el nombramiento les da estabilidad a los magistrados. Y ponen el Jury de Enjuiciamiento contra el juez Sebastián Sarmiento como un mensaje para buscar disciplinamiento.
Ese caso dejó heridas abiertas: la demostración de que, aun tomando decisiones que pueden resultar antipáticas, pero estar en el marco de la ley, un juez o un fiscal puede ser sometido a un proceso de jury porque, como señaló Escot, todo es político.
Hay algo que llamó la atención en la situación del juez Sarmiento: para negociar y evitar ser destituido, aceptó que sus decisiones habían sido producto de mal desempeño. En otras palabras: reconoció que dejó en libertad a presos que no estaban en condiciones para salir a la calle; que hizo un traslado irregular de presidiarios, y que se equivocó cuando garantizó la presencia de celulares en las cárceles. Y con todo eso a cuestas, solo recibió una suspensión que ya cumplió.
La Suprema Corte sabe de este malestar entre jueces, y no hace nada. La Procuración sabe que sus fiscales actúan con temor y la presión de ser trasladados, y no hace nada. Básicamente, porque son parte de esos intereses que describió Escot.
En ese contexto, llamó la atención el nombre del grupo de WhatsApp del cual se tomó esa captura de pantalla que implicó un nuevo episodio en el caso D’Agostino: “Jueces en Berlín”. El nombre remite a un cuento de José Esteve Pardo, que describe el accionar de un grupo de magistrados respetado porque sus fallos priorizaban el servicio de justicia por encima de cualquier otro poder. Lo que no está claro es si, en Mendoza, es solo un grupo de chat.