El suspendido juez federal con competencia electoral de Mendoza, Walter Bento, habló este lunes por última vez ante el Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, que determinará si será destituido o no por mal desempeño de sus funciones. El fallo se conocerá el miércoles 8 de noviembre, a las 12.
El juicio político tuvo una jornada caliente, con los fuertes alegatos de la acusación y la defensa. Bento tuvo también la posibilidad de dirigirse al jurado en dos oportunidades: en el inicio y en el final de la audiencia, donde dijo sus últimas palabras antes de conocer su futuro, que puede ser la cárcel en caso de ser removido de su cargo.
Es que si Bento es hallado culpable en el juicio político, será destituido de su cargo y quedará en condiciones de ser detenido porque se encuentra procesado, con ocho pedidos de prisión preventiva, en la causa penal que se desarrolla en forma paralela en los Tribunales federales de Mendoza.
“Le ruego a Dios que les de el valor y la valentía para poder tomar la decisión absolutamente fuera de toda presión y que sepan que siempre existe la posibilidad de un nuevo juicio. En caso de que fuera negativo, el daño sería irreparable, más allá de que después una sentencia me declare inocente y absuelto”, consideró el magistrado procesado como líder de una asociación ilícita que cobraba coimas a contrabandistas y narcotraficantes a cambio de beneficios judiciales.
Bento llevó al extremo su situación y admitió que la llegó a comparar con la “pena de muerte”, ya que la determinación del Jury no es apelable. “La decisión que ustedes tienen que tomar es similar”, señaló ante el jurado integrado por los jueces Javier de la Fuente (presidente del Tribunal) y Javier Leal de Ibarra; los senadores Daniel Bensusán (Frente de Todos) y José Torello (PRO); las diputadas Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Romero (PRO); y el abogado Alfredo Barrau.
La estrategia de Bento fue solicitar que el Jury desestime la acusación, argumentando que si finalmente es encontrado culpable en el juicio penal que enfrenta ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza, su remoción será automática.
“Por qué apurarse, por qué tomar una decisión. Si todo lo que tienen que ser analizado por ustedes está siendo analizado en Mendoza. La decisión que pueden tomar, en caso de que fuera negativa, no sólo va a impactar en una remoción, no sólo en mí, sino en todo mi grupo familiar”, agregó.
En tal sentido, el suspendido juez federal llegó acompañado a la audiencia por toda su familia, por sugerencia de su abogado Mariano Fragueiro. Buscando la empatía de los miembros del Jury, ambos se refirieron a la situación de uno de los hijos de Bento, con discapacidad motriz.
“Esperen la decisión del (juicio) oral, la comisión de delitos en el ejercicio de la función perfectamente cabe como causal de remoción”, insistió Bento. Antes también lo había sugerido su abogado, quien durante su alegato dijo que su defendido sufre una persecución “característica del medioevo” y que como el Consejo de la Magistratura no remueve a un juez desde hace seis años, el titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza “es la cabra que hay que sacrificar”
Fragueiro respondió a la acusación que, según aseguró, “le quiere hacer a creer a la sociedad que es sólida cuando padece de déficits alarmantes”. Y añadió que la destitución por mal desempeño debe contar con pruebas notorias y de envergadura. “Para cuestiones menores están las faltas disciplinarias”, afirmó.
Si bien el abogado cuestionó con vehemencia las que definió como “contradicciones imperdonables” de las acusaciones lanzadas por los integrantes del Consejo de la Magistratura que actuaron como fiscales (el abogado Miguel Piedecasas, la diputada Roxana Reyes y el senador Eduardo Vischi), no explicó con el mismo énfasis una prueba clave: cómo y con qué fondos pagó Bento los reiterados viajes al exterior que, de acuerdo con la investigación, el grupo familiar no hubiese podido costear con sus ingresos legales. Solamente dijo que no fueron casi 1.000 días fuera del país y que las licencias fueron aprobadas.
Por otra parte, intentó victimizar a Bento al señalar que “le fue muy difícil Mendoza porque no era mendocino. No es un problema de discriminación, es un problema de arraigo”. Manifestó que el juez suspendido “no hizo amigos” entre sus colegas y que la familia se aisló y optó por un estilo de vida “que no fue aceptado por la sociedad”.
También el letrado confirmó que Bento solicitó este lunes una licencia en su cargo, más allá de que actualmente se encuentra suspendido, “hasta tanto termine en su última instancia, con el último recurso, el juicio penal”.
Ese debate tiene a aproximadamente 30 procesados, entre ellos Bento, su esposa Marta Boiza y dos de sus hijos, Nahuel (31) y Luciano (28). Algunos de los delitos que se le achacan a al juez suspendido son asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.