“Señores miembros del jurado. Se encuentra quebrada la confianza pública en la persona del magistrado en el ejercicio de la magistratura, habiendo actuado en innumerables situaciones al margen de la ley, por lo que le cabe la total responsabilidad política e institucional de sus actos y hacen procedente su remoción”. Con esa frase, el abogado Miguel Piedecasas concluyó su fuerte alegato contra el suspendido juez federal de Mendoza, Walter Bento, ante el Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura.
Piedecasas lideró la acusación contra Bento en representación del Consejo de la Magistratura, junto con la diputada Roxana Reyes y el senador Eduardo Vischi, ambos de Juntos por el Cambio. En su largo alegato, el abogado apuntó a varias de las presuntas irregularidades en las que habrían incurrido Bento y su grupo familiar durante más de una década.
En todo momento, el acusador buscó dejar en claro que el juicio político contra Bento es por mal desempeño. “No lo estamos juzgando por delitos penales”, insistió, en referencia al debate que se desarrolla en paralelo en Mendoza.
“La acusación ha demostrado el mal desempeño del magistrado. Los hechos que le han sido atribuidos han sido probados, cualquiera sea la consideración o apreciación que la defensa o el jurado pueda darles”, agregó.
Ya desde el comienzo de su alegato, Piedecasas lanzó fuertes frases. “La corrupción, la deshonestidad, la falta de probidad, las faltas al decoro, los incumplimientos legales y reglamentarios no pueden pasar desapercibida para este jurado”, sentenció.
Luego intentó desarmar el principal argumento de la defensa de Bento, que apuntó a un supuesto contubernio y confabulación protagonizada por el fiscal federal Dante Vega, el juez que instruyó la causa, Eduardo Puigdéngolas, la Cámara que confirmó los procesamientos, las fuerzas políticas y los medios de comunicación.
En tal sentido, Piedecasas resaltó que la suspensión de Bento y el juicio político fueron aprobados por unanimidad por el Consejo de la Magistratura de la Nación. “Esa unanimidad echa por tierra con el principal y único argumento que ha sostenido la defensa. Votaron los representantes de todas las fuerzas políticas, académicos, jueces y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta unanimidad es contundente, no existe ninguna clase de contubernio. La gravedad de las inconductas, la falta de decoro, la violación de la reglamentación y de la ley son tan graves e importantes que han conmocionado al Consejo de la Magistratura y han logrado un consenso absoluto sobre que este magistrado debe dejar de serlo”, expresó.
Luego realizó un detallado repaso de las irregularidades en las que habría incurrido Bento, entre las que incluyó su relación con Diego Aliaga; un crédito del Banco Nación para una vivienda única y familiar que fue destinado a otro fin; la venta de un inmueble; la causa donde no se inhibió pese a que estaba involucrada una persona que conocía; los pedidos de informes al Registro de la Propiedad de Mendoza y a la Dirección Nacional de Migraciones cuando la causa en su contra estaba en secreto de sumario; la decisión de no entregar su teléfono y sus documentos de viaje (pasaporte y visa) a los investigadores; el vaciamiento de su caja de seguridad, donde dejó una nota “burlona y de menosprecio” a Puigdéngolas; la visita a ese juez a su domicilio particular en San Rafael; y el ocultamiento a una comisión de selección de magistrados de que estaba procesado al momento de presentarse a un concurso penal.
Bento aseguró que muchas de esas gestiones las realizó como ciudadano común, pero Piedecasas respondió en su alegato que “el desdoblamiento de personalidades no se puede hacer, no se deja de ser juez porque sale a la calle o ingresa a una dependencia”.
El acusador puso especial énfasis en los viajes al extranjero del juez y su familia. Fueron, de acuerdo con la investigación casi 1.000 días en diez años, a destinos como Estados Unidos, España e Italia, entre otros.
“Los viajes y la estadía en el extranjero se pagaron con plata no declarada, usando dinero en efectivo o con tarjetas, propias o ajenas, emitidas en el exterior”, le dijo Piedecasas al jurado integrado por los jueces Javier de la Fuente (presidente del Tribunal) y Javier Leal de Ibarra; los senadores Daniel Bensusán (Frente de Todos) y José Torello (PRO); las diputadas Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Romero (PRO); y el abogado Alfredo Barrau.
“Haber permanecido, en diez años, cerca de mil días en el exterior, con decenas de viajes y no acreditar con qué se los pagó es una conducta absolutamente reprochable”, dijo el abogado.
Ya sobre el cierre de su contundente alocución, afirmó: “Las reglas están hechas para cumplirse, y este juez que estamos enjuiciando las ha ignorado, sin siquiera inmutarse, actuando al margen o relativizando la ley”. En tal sentido, enumeró las supuestas irregularidades de Bento en su función como juez.
- “El magistrado a incurrido en mal desempeño, conforme a los artículo 53 y 110 de la Constitución Nacional”.
- “No ha mantenido la idoneidad para el cargo que exige el artículo 16 de la Constitución Nacional”.
- “Ha incurrido en graves desórdenes de conductas personales y ha violado en reiteradas oportunidades normas legales y reglamentarias”.
- “Ha violado, en reiteradas veces, la ley de ética pública”.
- “No ha demostrado honestidad, probidad, rectitud, buena fe y mucho menos, austeridad republicana”.
- “Ha recibido beneficios personales indebidos”.
- “Ha restringido información, privilegiando su interés particular por sobre el interés público”.
- “No se inhibió de intervenir en causas judiciales donde se encontraba comprometida su imparcialidad”.
- “Tuvo conductas reprochables, como concurrir a lugares destinados a juegos de azar, pese a estar expresamente prohibido para para magistratura”.
- “No ha justificado su incremento patrimonial ni los gastos de los viajes y estadía en el exterior, ni la tenencia de dinero, la realización de mejoras (en su domicilio particular) y otros incumplimientos reprochables”.
- Respecto de sus ingresos y declaraciones juradas: “Ha adoptado conductas y confusiones patrimoniales que hacen surgir enormes dudas sobre la legitimidad de sus ingresos y de su situación patrimonial, encontrándose muchos supuestos absolutamente injustificados”.
- “No ha cumplido con los altos estándares de conducta que se requieren a los magistrados de nuestra nación”.
- “Ante el escrutinio público ha exhibido conductas reprochables de ostentación, falta de justificación y un comportamiento que no se compadece con la dignidad de la función”.
Tras un cuarto intermedio, comenzó el alegato de la defensa de Bento, encabezada por el abogado Mariano Fragueiro Frías, solicitará que se rechacen la acusación y se restituya al juez en su cargo.
Superada esta instancia de los alegatos, el Jurado de Enjuiciamiento tendrá 20 días -como máximo- para dar a conocer su fallo, que incluye el veredicto y los fundamentos. La fecha límite es el 27 de noviembre, aunque se estima que la definición se conocerá antes. Para lograr la destitución se necesitan al menos cinco votos de los miembros de Jury y la decisión no es apelable.
Si Bento es hallado culpable, será removido de su cargo y quedará en condiciones de ser detenido porque se encuentra procesado, con ocho pedidos de prisión preventiva, en la causa penal que se desarrolla en los Tribunales federales de Mendoza.
En ese juicio, Bento está procesado como líder de una banda que se dedicaba a cobrar coimas a contrabandistas y narcotraficantes a cambio de beneficios judiciales. En total, son más de los 30 imputados, entre ellos su esposa Marta Boiza y dos de sus hijos, Nahuel (31) y Luciano (28).
Entre los delitos que se le achacan a Bento, figuran asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.