Uno de los testimonios de hoy.

El abogado José Previtera, que hace doce años fue el representante legal de la empresa Argenfruits, acusada de contrabando y haber evadido impuestos con un cargamento de bananas, aseguró este miércoles en el juicio por el llamado Bentogate que durante toda la etapa del proceso judicial vio situaciones irregulares y que hubo reuniones clave en el caso de las que lo dejaron a un lado. La investigación, a instancias de la AFIP, fue encabezada por el entonces juez Walter Bento.

El testigo señaló que personas vinculadas con la empresa mantuvieron una charla con el magistrado y que evitaron que él estuviera presente. Horas más tarde, lo llamaron para decirle que tenían buenas noticias sobre el destino de la mercadería y la situación de las personas involucradas. Y fue por primera vez que mencionaron a un despachante de aduanas que, a partir de ese episodio, iba a trabajar con ellos.

Previtera había sido abogado histórico del dueño de Argenfruit, Rubén Rinaldi, y por eso manifestó que sintió mucho enojo cuando vio que había una suerte de negociación paralela a la función que él cumplía como abogado de la firma.

Además, recordó entre el contador, el dueño de la empresa y otro hombre que era su mano derecha mantuvieron otros encuentros con el juez Bento, pero que siempre lo dejaron al margen.

Sin decirlo abiertamente, el abogado relató hechos y situaciones para concluir que existieron arreglos extrajudiciales y que, luego de eso, se fueron acomodando los detalles procesales.

Casi al pasar, en la declaración, Previtera dijo que tenía noticias sobre negocios en común que tendrían actualmente fuera del país Bento y Rinadi, pero no supo dar más precisiones. Sin embargo, unos minutos después trató de mentirosa a la persona que le había dado esa información.

Un imputado contradictorio

Luciano Ortego, abogado sindicado como una de las piezas clave de la asociación ilícita que, según la investigación, se dedicaba al cobro de coimas en la Justicia Federal, declaró con la particularidad de, además de prestar indagatoria, tomó su propia defensa.

Después de un relato inicial, donde desconoció las acusaciones en su contra y dijo no haber tenido jamás relación con Bento, Ortego intentó sin éxito mostrar unos videos que, según él, servían para demostrar su inocencia y los padecimientos que sufrió en su condición de detenido.

El tribunal rechazó este pedido y le dijo que se trataba de pruebas que no formaban parte del expediente y que no era posible incorporarlas en este momento.

En su narración, Ortego entró en numerosas contradicciones en relación con su declaración durante la etapa de instrucción. Para justificarse, afirmó que en aquel momento había hecho manifestaciones con tonos irónicos por el malhumor que le daba tener que responder preguntar al fiscal Dante Vega.

Desestimaron las denuncias sobre torturas

El debate oral federal que tiene al juez Walter Bento en el banquillo de los acusados como jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de morigerar la situación procesal de algunos presos arrancó este miércoles con una exposición de la presidenta del tribunal, Gretel Diamante, sobre las denuncias de torturas que expresaron los primeros procesados que accedieron a la indagatoria.

La camarista entendió que el cuerpo debía intervenir e indagar sobre las expresiones que hicieron ante las partes los acusados Luis Francisco Álvarez, Javier Angeletti, Eugeni Nasi, Jaime Alba y el propio Bento, sobre supuestas agresiones y privaciones de la libertad cometidas por personal penitenciario o policial en la U-32 o en comisarías, respectivamente, que tuvo contacto con los primeros detenidos de la causa a mediados del 2020.

Los acusados declararon que la fiscalía buscaba, mediante estos mecanismos, que accedieran de esta forma a ser arrepentidos de la causa. Sin embargo, Diamante derrumbó esa estrategia de las defensas.

Explicó que analizaron el expediente y cotejaron declaraciones y presentaciones en esa etapa del proceso para profundizar sobre el caso y no encontraron elementos que comprueben la existencia de torturas, desestimando de esta forma cualquier tipo de estrategia de las defensas.

“No logramos establecer la existencia de eso que expusieron acá. Se hizo un análisis profundo pero no hubo denuncias explícitas de esos hechos, como privaciones ilegítimas de la libertad o torturas. No tuvimos certificaciones de trastornos ni identificaciones de agentes”, señaló la jueza.