Janina Ortiz realizó su descargo ante la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Legislatura por los pedidos de desafueros en su contra, por las denuncias penales en su contra en el marco de las causas por coacciones y por la denominada “cooperativa fantasma”.

La diputada provincial de la La Unión Mendocina (LaUM) dijo que “en ningún momento” su defensa realizó “malabares legales”. En tal sentido, agregó: “Jamás me amparé en los fueros para esquivar la Justicia. No tengo miedo a nada, a que me imputen o a someterme a proceso. Yo más que nadie quiero que esto se termine porque soy la única persona a la que se está acusando“.

En tanto, su abogada María Elena Quinteros sostuvo que la dos causas judiciales se dan en un contexto de “proceso electoral”, y de una “violencia de género hacia una mujer que ejerce la política”.

Apoyada en material visual, la abogada remarcó que “el pedido de desafuero es totalmente inválido desde lo legal”, y que uno de esos motivos es porque “el pedido de desafuero se realizó antes de que jurara como diputada”. Argumentó que Ortíz, “si bien gozaba de inmunidad parlamentaria en los términos del artículo 96 de la Constitución, aún no tenía fueros, ya que los fueros parlamentarios pertenecen a la Cámara y por eso, entre otras características, son irrenunciables. Los fueros no pertenecen a los legisladores. De todos modos, “Janina Ortiz se ha presentado y ha aportado pruebas”.

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En el material que se proyectó, se expresa que “no se oponen a una citación con fines imputativos, se opone a una citación arbitraria que tiene como finalidad una persecución política. Es que si bien la citación con fines imputativos es una herramienta procesal necesaria en un sistema acusatorio, ello no debe significar arbitrariedad en su aplicación por parte del Ministerio Público Fiscal”.

“La misma (citación) debe ser revestida de certeza y previsibilidad a fin de servir como una herramienta jurídica, y no como un mecanismo arbitrario que, en el afán de satisfacer necesidades políticas inmediatas, genere inestabilidad e imprevisibilidad”, se expuso en el Power Point que fue explicado por Quinteros.

Antes de finalizar la reunión, los integrantes de LAC acordaron que seguirán analizando el tema para proceder luego a la redacción de un despacho.

Imputada

Ortiz y su esposo, el ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco, está imputados por fraude en perjuicio de la administración pública por el caso conocido como “cooperativa fantasma”.

El caso judicial, que explotó tras la salida del jefe comunal de Cambia Mendoza y su inmediata integración a La Unión Mendocina, tiene en total a diez imputados que formaban parte de la misma estructura política, que se rompió a partir de la decisión de Orozco. Desde ese momento, algunos funcionarios investigados se quedaron en el equipo del intendente y otros renunciaron a sus cargos.

Para el fiscal Flavio D’Amore, titular de la fiscalía de Instrucción N° 7, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, está a cargo de la investigación de la “cooperativa fantasma” por la que Ortiz es una de las imputadas como coautora por “fraude en perjuicio de la Administración Pública en la modalidad de Administración infiel”.

Para D’Amore, en Las Heras “se orquestaron mediante el direccionamiento de licitaciones públicas y contrataciones directas, el empleo de una cooperativa de trabajo radicada en Las Heras para realizar limpieza de calles y espacios públicos, que en los hechos tenía por fin hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas”.

Para llevar adelante esa maniobra se utilizó la cooperativa de trabajo “Manos a la Obra”, constituida bajo el programa “Las Heras Verde” pero que, de acuerdo con la investigación, “al momento de los hechos se encontraba inactiva y sin funcionamiento”.

Mientras que la fiscal Patricia Atur, responsable de la Fiscalía de Instrucción N° 32, de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, la investiga por coacciones. 

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Esta investigación penal contra la ex secretaria de Gobierno de Las Heras comenzó a partir de la filtración de un audio donde un funcionario bajo su ala, Osvaldo Oyhenart, le comenta a una empleada que ha creado cooperativas de trabajo que le facturan a la comuna que dirige Orozco. Y le propone enlistarla para cobrar sin tener que asistir a trabajar.

De esta causa madre, se desprendió a su vez la de coacción agravada contra la esposa del intendente de Las Heras. La empleada municipal que grabó la conversación dijo que fue obligada a hacerlo por Ortiz, quien además le habría exigido tener relaciones sexuales con el funcionario.