El futuro de la diputada provincial electa Janina Ortiz en la Legislatura es una incógnita. Este martes, una legisladora oficialista planteó que la secretaria de Gobierno de Las Heras y esposa del jefe comunal Daniel Orozco, no debería asumir en su banca debido a las investigaciones judiciales a las que está siendo sometida.
En la misma sintonía, los fiscales Flavio D´Amore y Patricia Atur remitieron a la Legislatura dos pedidos de desafuero para la legisladora electa por La Unión Mendocina.
D´Amore, titular de la fiscalía de Instrucción N° 7, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, está a cargo de la investigación de la denominada “cooperativa fantasma”, por la que Ortiz está imputada como coautora por “fraude en perjuicio de la Administración Pública en la modalidad de Administración infiel”.
Mientras que Atur, responsable de la Fiscalía de Instrucción N° 32, de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, la investiga por coacciones. “Encontrándose sindicada como autora de un delito previsto por el Código Penal, viene por la presente a solicitar el desafuero del mismo”, destaca el pedido de desafuero de Ortiz.
Ambas solicitudes tomaron estado parlamentario en la sesión de este martes y serán remitidas a las comisiones correspondientes.
La defensa de Ortiz
A comienzos de noviembre, Ortiz se defendió de las acusaciones y adelantó que no pensaba renunciar al cargo de diputada provincial por el primer distrito porque no está condenada en ninguna de esas causas. Y afirmó que si la Comisión Especial de Poderes de la Cámara de Diputados dictamina que no está habilitada para tomar posesión de la banca “se me estaría dictando una sentencia previa”.
Más allá de ese argumento, la presión para que la funcionaria lasherina no jure como legisladora provincial creció en los últimos días. Este martes la diputada provincial oficialista, Josefina Canale, consideró que de producirse la asunción se estaría “a las puertas de un hecho de enorme gravedad institucional, sin precedentes”.
“Lo más prudente sería que la señora Janina Ortiz decida no tomar posesión de la banca como una muestra de respeto hacia los ciudadanos que la votaron de buena fe y a quienes la imputada no está en condiciones de representar cabalmente”, sostuvo Canale en una nota elevada a la presidencia de la Cámara Baja.
La diputada aliada de Cambia Mendoza consideró que si Ortiz no renuncia, la Comisión de Poderes “debe tomar cartas en el asunto”, porque “hay motivos más que suficientes que prueban incapacidad moral”.
Qué dice la Constitución provincial
El pedido se apoya en el artículo 65 de la Constitución de Mendoza, que afirma: “No pueden ser miembros de las Cámaras legislativas, los eclesiásticos regulares, los condenados por sentencia mientras dure la condena, los encausados criminalmente después de haberse dictado auto de prisión preventiva en delitos no excarcelables, y los afectados por incapacidad física o moral”.
Canale aseguró que si Ortiz no asume como diputada provincial, “no se vería afectada la representatividad de los votantes del primer distrito ya que sería inmediatamente reemplazada por el siguiente en la lista”. Y que, en cambio, si toma de posesión de la banca “sentaría un precedente nunca antes visto que mancilla la honorabilidad del poder legislativo y la buena reputación de las instituciones provinciales todas”.
