La Dirección General de Escuelas (DGE) formalizó una serie de sanciones disciplinarias contra personal no docente en distintos establecimientos con predominio de cesantías vinculadas a inasistencias injustificadas y hasta por un caso de violencia de género .
Las resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial, reflejan una línea de acción centrada en la aplicación estricta del régimen disciplinario previsto en la Ley 9.103.
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Más de 200 inasistencias en La Paz
El celador de la Escuela Artística Vocacional “Vicente Lahir Estrella” acumuló 226 inasistencias injustificadas entre 2014 y 2018, lo que derivó en la apertura de un sumario en 2018 y su posterior cesantía.
El proceso incluyó instancias de indagatoria y notificación, aunque el agente no presentó alegatos de defensa. La DGE consideró acreditada la falta grave por afectación directa del servicio educativo.
Inasistencias reiteradas por casi dos años
Una celadora de la Escuela “León Gieco”, fue cesanteada tras registrarse inasistencias sostenidas durante 22 meses, sumadas a otras 58 faltas previas. La agente no se presentó a la audiencia indagatoria, lo que aceleró el dictamen de clausura del sumario.
La sanción se basó en la superación de los límites legales de ausencias injustificadas, configurando una falta administrativa grave.
Cesantía en un contexto de denuncia por violencia de género
El caso combina inasistencias masivas con un contexto institucional sensible. El celador registró 475 faltas injustificadas entre 2022 y 2024, en paralelo a una denuncia por amenazas simples en el ámbito escolar.
La investigación incluyó intervenciones de la Coordinación de Género y derivaciones judiciales. La DGE resolvió la cesantía por abandono de servicio y violación de deberes funcionales.
Más despidos por abandono de funciones
El primero de los últimos dos casos una celadora fue desvinculada tras acumular 119 inasistencias injustificadas entre 2019 y 2024, configurando abandono de servicio.
En tanto, el último fue cesanteado por 10 inasistencias en un período de seis meses, agravadas por otras irregularidades: ingreso al establecimiento con personas ajenas, retiro anticipado y fallas en sistemas de seguridad.
La DGE descartó sus argumentos defensivos, incluyendo condiciones climáticas adversas, al no acreditarse impedimentos reales para cumplir funciones.