El juicio federal por el secuestro y posterior crimen del ex despachante de aduana e informante policial, Diego Aliaga (51), lleva tres jornadas en las cuales los testigos han contado lo que sabían del caso. Una cuarta sirvió para que los jueces del Tribunal Oral Federal Nº1, la fiscalía, la querella y las defensas realizaran una inspección ocular en las dos escenas principales que tuvo el hecho policial, una casa ubicada sobre Bandera de los Andes de Rodeo de la Cruz y un galpón de calle Jujuy, en Ciudad.
Los testigos, principalmente, los hijos, hermanos y el padre de Aliaga, las mujeres que lo conocían y estuvieron con él en sus últimos días –su pareja y supuestas amantes–, no profundizaron demasiado sobre el homicidio porque no son presenciales. A pesar de algunas contradicciones marcadas por el tribunal, sí han contado cómo era la relación y los proyectos que mantenían la víctima y el principal sospechoso que tiene la causa, Diego Alejandro Barrera, socio de Aliaga por aquellos días de julio del 2020, cuando se denunció que estaba privado de la libertad y exijan un millón de dólares a cambio de su liberación.
En los Tribunales de calles Pedro Molina y España de Ciudad están todos expectantes porque los procesados empezaron a hablar ante las partes. Además de Barrera, se encuentran en el banquillo su pareja, Bibiana Sacolle, los hijos de ella, Lucas y Gastón Curi, y el “arrepentido” del expediente, Washington Yamil Rosales, el chofer de la empresa de transportes Solicito, quien contó que el cadáver del también llamado nexo o facilitador que tenía la presunta banda que lideraba el juez federal Walter Bento, acusada de cobrar coimas a cambio de morigerar la situación procesal de algunos presos, estaba enterrado en la localidad de Costa de Araujo, en Lavalle.
Barrera fue el primero de los procesados en romper el silencio en el debate. Lo hizo este martes por la mañana, después de que declarara su hija de 20 años y sin aceptar preguntas de la fiscalía. Realizó denuncias directas contra el primer defensor público oficial que lo representó en la causa, Rodrigo Sánchez Buscema.
El procesado, que declaró durante la instrucción que lideró el fiscal federal Fernando Alcaraz y dijo que Aliaga se le “murió” durante un encuentro que mantuvieron en la mañana del 28 de julio del 2020 en la propiedad de calle Bandera de los Andes, protagonizó durante su exposición algunos cruces con el camarista que lidera el proceso oral, Alberto Daniel Carelli.
De acuerdo con fuentes judiciales, Barrera pidió la palabra y todos los presentes se mostraron asombrados porque no estaba previsto que se expresara en ese momento. Ni su defensor oficial, Leonardo Pérez Videla, sabía de su decisión.
Las fuentes agregaron que Barrera primero agradeció por dejarlo hablar. Y luego lanzó la frase más fuerte del juicio oral: “Mi sentencia ya está firmada, denme la sentencia pero dejen a mi familia libre. Yo ya tengo prisión perpetua, me dijo el primer abogado oficial que tuve”, señaló, palabras más, palabras menos, con referencia a un encuentro que tuvo con Sánchez Buscema antes del juicio en la cárcel de San Felipe, donde pasa sus días encerrado desde hace más de dos años y medio.
Barrera dijo que grabó la charla con quien era su representante oficial y pidió que se le corra vista a la fiscalía para se investigue su accionar. Sánchez Buscema “también me dijo que la causa estaba armada”, expresó el procesado; agregando que iba a presentar las pruebas (los audios) para sostener la denuncia.
La declaración de Barrera generó algunos cruces con el juez Carelli, describieron las fuentes, debido a que el camarista le explicó que la denuncia que estaba realizando no estaba relacionada con el hecho que se estaba debatiendo, es decir, el crimen de Aliaga. ¿Me van a dejar expresarme o no?, retrucó el acusado. El objetivo de Barrera, finalizaron las fuentes, era que todo lo que dijo quedara grabado en soporte de audio y video. “Todo lo que me dijo el abogado está pasando”, señaló Barrera, haciendo referencia a que el fallo en su contra era casi un hecho. “Quiero un juicio justo y que la sentencia sea justa”, dijo frente a todos los presentes.
El debate continuará dentro de dos semanas. Seguirán los testigos y se espera que otros procesados también declaren ante las partes.
Impactante
La desaparición de Diego Alfredo Aliaga comenzó a trabajarse en la Justicia provincial como un caso de averiguación de paradero. El hermano de la víctima, Gonzalo Aliaga, se presentó en la Oficina Fiscal Nº19 de Guaymallén el miércoles 29 de julio –un día después que le perdiera el rastro– para describir cuándo había sido la última vez que su familia había tenido contacto con él. Cuando se encontraba en la dependencia, minutos antes de las 13, recibió un llamado extorsivo.
“Dejá de revolver el avispero y andá juntando el palo verde, que ya te vamos a llamar”, le dijeron mientras radicaba la denuncia. Esto provocó que el caso diera un giro de 180 grados. Pasó a la Justicia federal y comenzó a trabajarse como un secuestro extorsivo.
No hubo más llamados. Sabían que Aliaga tenía previsto encontrarse el martes 28 por la mañana con su socio, Diego Barrera, en un predio de calle Bandera de los Andes, de Guaymallén, porque allí iban a levantar un instituto para trabajar con chicos discapacitados y no tuvieron más contacto con él.
Pasaron pocos días y Barrera fue allanado en su casa del exclusivo barrio Dalvian, de Ciudad. El lunes 3 de agosto, cuando ya habían sumado algunas pruebas con presuntas vinculaciones, el socio de Aliaga y su familia quedaron detenidos. La hipótesis sostiene que idearon un plan criminal para quedarse con algunos bienes muebles e inmuebles de Aliaga. El móvil, para el fiscal federal Fernando Alcaraz, fue económico.
Rosales, empleado de la empresa de Barrera y Sacolle, habría participado en el secuestro y crimen del también informante policial. Barrera presentó un escrito después de su procesamiento y aseguró: (Aliaga) “Se me murió”, durante un encuentro que mantuvieron en calle Bandera de Los Andes. En esta especie de confesión, desligó a su familia y también le pidió perdón a la familia de la víctima.
Meses después, se conoció que Aliaga también fue marcado como miembro de la presunta asociación ilícita que cobraba coimas en dólares a cambio de otorgar beneficios a ciertos presos que, se sospecha, lideraba el juez federal Walter Bento. El titular del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza está procesado por 15 casos de cohecho y otros delitos como enriquecimiento ilícito, que podrían costarle años de cárcel.
Aliaga es mencionado como el nexo o intermediario de la banda, es decir, la persona que mantenía contacto con el magistrado y arreglaba con los abogados de los internos para pactar el pago de los sobornos.