El martes 29 de noviembre del año pasado, lo cinco procesados por el secuestro extorsivo seguido de asesinato de Diego Alfredo Aliaga (51), el ex despachante de aduana, informante policial y señalado nexo de una organización que otorgaba beneficios judiciales a presos a cambio de miles de dólares en coimas, que tiene al juez federal Walter Bento como principal procesado, se sentaron en el banquillo de los acusados para enfrentar uno de los juicios más esperados de los últimos dos años.
Ese día, empezaron a escuchar las pruebas en su contra, como sucede generalmente en este tipo de juicios federales. El Tribunal Oral Federal Nº1, integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli, dispuso la lectura de los requerimientos de elevación a juicio del Ministerio Público y de la querella y las partes aprovecharon para conocer todos los detalles del caso.
Fueron varias jornadas en las que solamente se repasaron cientos de fojas que forman parte del expediente FMZ 12062/2020. Esta etapa del debate terminó la semana pasada –luego de que los camaristas resolvieran que el juicio continuara en el fuero federal, ante los planteos de las defensas, para que se desarrolle en la Justicia ordinaria, debido a que aseguran que no se trató de un secuestro extorsivo– y, este martes, los imputados que están en el banquillo de los acusados, Diego Alejandro Barrera Leucrini (52), amigo y socio de la víctima; su esposa, Bibiana Elizabeth Sacolle (48); los hijos de ella, Gastón Nicolás (30) y Lucas Agustín Curi (28), y Washington Yamil Rosales Fernández (34), empleado de una empresa de transportes para chicos discapacitados que tenía el matrimonio, comenzarán a percibir lo que aportan los testigos.
Pero esta jornada también tendrá otro condimento: se repasará un video de las indagatorias de Rosales Fernández, el hombre oriundo de Maipú que hizo un acuerdo clave en la causa el 10 de setiembre del 2020, cuando llevaba algunos minutos detenido, horas antes de que efectivos de Investigaciones de la Policía de Mendoza hallaran el cadáver de Aliaga, luego que dejara de ser visto por su círculo íntimo, el 28 de julio de ese año, en un inmueble de su propiedad ubicado en Guaymallén.
Ese pacto de arrepentido fue determinante para el avance de la instrucción de la causa, a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz. Básicamente, si Rosales no confesaba todo lo que sabía o había vivido, el cuerpo de Aliaga difícilmente hubiese sido hallado.
Este diario publicó un informe sobre el alcance que tiene la llamada Ley del Arrepentido –la 27304– y el beneficio al que podría acceder Rosales cuando los jueces den a conocer la sentencia.
La normativa regula la posibilidad de que una persona que cometió un delito aporte datos relevantes para el avance de la causa a cambio de obtener algún tipo de beneficio al momento que le dicten la pena. Y a eso apuntó Rosales desde que las pruebas lo comprometieron, ya que podría recibir hasta un máximo de 15 años de cárcel si es hallado culpable y evitar así la potencial perpetua que arriesgan todos los procesados.
El acuerdo era secreto. Y así se mantuvo entre la defensa del sospechoso, el fiscal Alcaraz y el juez natural de la causa, el titular del Juzgado Federal Nº3 de Mendoza, Marcelo Garnica. Guardado bajo cuatro llaves, El Sol accedió al detalle de la resolución de colaboración Rosales.
Entre otras cosas, habló de un “trabajo” que le ofreció Diego Barrera -el principal apuntado que tiene el debate-, a cambio de millones de dólares y de tres casas que podría recibir, dos en el barrio Bancario, en Godoy Cruz. Apuntó y complicó a Gastón Curi como el enlace entre su padrastro y él para deshacerse del cadáver de Aliaga y se despegó del asesinato mientras contaba en detalle de por qué terminaron enterrándolo en la localidad de Costa de Araujo, Lavalle.
De acuerdo con la reconstrucción que realizó este diario, Rosales quedó detenido mientras se encontraba internado en el Hospital Central por la picadura de una araña. Los pesquisas habían llegado a él gracias a teléfonos celulares que lo ubicaban en la escena donde, se sospecha, fue asesinado el ex despachante de aduana, una propiedad en la que estaba trabajando con Barrera de socio para el desarrollo de un instituto de cuidados para chicos con discapacidades, sobre calle Bandera de los Andes, en Rodeo de la Cruz, Guaymallén.
En ese momento, cuando los policías lo fueron a detener, manifestó su voluntad de colaborar en la instrucción. Lo hizo frente a un par de testigos y el personal policial de la División Antisecuestros de Investigaciones.
Ante la posibilidad real de un acuerdo de colaboración, la Justicia citó a la representante legal de Rosales, Gabriela Massad, y se le tomó la declaración correspondiente. Primero se le hicieron conocer los hechos que le atribuían y luego pidió hablar para indicar dónde se encontraba la víctima, ofreciéndose para guiar a los detectives hasta Costa de Araujo. Explicó que fue llevado hasta ese lugar por Gastón Curi, luego de ser guiado por él hasta cercanías de la zona. Agregó que el hijastro mayor de Barrera le mostró el lugar donde había ocultado o enterrado a Aliaga.
“Esto habrá empezado en abril, yo empiezo a trabajar en ese mes en el transporte (haciendo referencia a la firma de transporte Solicito, propiedad de Barrera y su esposa); luego de haber pasado una semana, Diego Barrera me ofrece el trabajo que quería hacer a cambio de dólares, millones de dólares, tres casas, dos ubicadas en el barrio Bancario. Llegamos al lugar donde estaría la víctima porque teníamos unos GPS de Costa de Araujo por donde yo había andado, yo había ido a lo de mi abuelo, y ahí me habla Gastón Curi, que estaba impaciente, que no sabían qué hacer con la persona. Yo no sabía si estaba viva o estaba muerta, no lo sé, y que lo tenían de casa en casa, que lo llevaban al Dalvian, lo llevaban a Las Heras; y yo les dije:‘Mirá, yo me voy a lo de mi abuelo, cerca de la casa de mi abuelo hay un campo, está el callejón Estrella. Yo te puedo decir más o menos para dónde lo podés llevar, porque era con el que mejor tenía relación, y de ahí manejate vos. Luego de eso, Gastón fue para ese lugar vino en la Kangoo y yo iba en mi auto; yo me fui para lo de mi abuelo, que vive para el otro lado del callejón, Estrella…”, detalló Rosales Fernández en la primera parte de su acuerdo de arrepentido que realizó frente a los investigadores de la causa.
Y agregó: “Gastón llega al lugar. Luego de una hora y media por ahí, me dice:‘Mirá, loco, yo lo dejé donde topa la tranquera, hay dos bordos, caminás un par de metros hay una jarilla verde ahí; ahí está enterrado el loco’. Yo nunca lo vi (a Aliaga), no sé si estaba con vida o no. Esto fue después de que se desapareció esta persona, no me acuerdo bien qué día, fue un sábado que Gastón habló conmigo. El sábado que ustedes tienen la conversación conmigo que me fue a llevar plata a mi casa, ese día fue; el primero de agosto. Yo me vengo a lo de mi abuelo, y él viene atrás mío, y él se dirigió al lado que se dirigió y yo me fui a mi abuelo. Y él (por Gastón Curi) lo trajo al lugar donde nos encontramos ahora; me pidió una mano porque el loco desesperado, no sabía qué hacer y demás, y así llegó el muchacho a dejarlo acá. Gastón Curi iba en la Kangoo, andaba solo, no si atrás de él habrá venido otro vehículo. No sé si el solo pudo haberlo enterrado, no sé cómo era el tamaño o qué peso tendría, arrastrarlo, no sé, yo pienso que en el estado de desesperación, una persona puede hacer cualquier cosa. Después de esta circunstancia perdí contacto con Gastón, no hablé más”.
Luego, Rosales Fernández se ofreció voluntariamente a acompañar a los investigadores hasta la zona donde se encontraban enterrados los restos del informante policial.
Este pacto al que accedió Rosales con el fiscal Alcaraz y el juez Garnica es una de las grandes incógnitas que tiene el debate. Todas las partes de este “contrato” ya fueron reveladas entre ellos y por los jueces que serán los que tengan la última palabra cuando se conozca la parte dispositiva del fallo, que todavía está lejos de conocerse.
Últimas horas
Diego Aliaga y su amigo y socio Diego Barrera pasaron juntos la noche del lunes 27 y la madrugada del martes 28 julio del 2020, en la vivienda del primero de ellos en el barrio Palmares,en Godoy Cruz. Tenían pensado reunirse durante horas de la mañana en la propiedad de calle Bandera de los Andes. Supuestamente, había una inspección municipal en el inmueble mientras avanzaban las obras para potenciar el centro de rehabilitación para chicos con discapacidades, pero los detectives creen que se trató de un engaño para que Aliaga llegara hasta el lugar.
Allí, sostiene la investigación del fiscal Fernando Alcaraz, la víctima fue atacada con fines económicos. Creen que Barrera buscaba que Aliaga firmaba algunos papeles de transferencias para quedarse con un domicilio en el coqueto barrio Dalvian y algunos vehículos (Barrera dijo que esa casa ya la había comprado).
Aliaga desapareció y su hermano Gonzalo se dirigió a radicar la denuncia por averiguación de paradero a la Oficina Fiscal Nº19 de Guaymallén. Minutos antes de las 13 recibió un llamado extorsivo: “Dejá de revolver el avispero y andá juntando el palo verde, que ya te vamos a llamar”, le dijeron, mientras radicaba la denuncia. Esto provocó que el caso diera un giro de 180 grados. Pasó a la Justicia federal y comenzó a trabajarse como un secuestro extorsivo.
El fiscal Alcaraz empezó a trabajar con Investigaciones de Mendoza y Barrera quedó en la mira. No cerró la declaración que realizó como testigo y comenzaron a seguirlo. Lo detectaron ingresando con la tarjeta de la víctima al barrio privado Palmares horas después de la desaparición, y también a la casa de Aliaga, cuando analizaron el circuito cerrado de grabación.
El lunes 3 de agosto, cuando el caso ya había sido revelado por El Sol, Barrera y su familia quedaron detenidos en el barrio Dalvian. Teléfonos celulares, declaraciones y análisis de cámaras de seguridad (públicas y privadas) sirvieron para armar el rompecabezas de lo que se cree fue un hecho planeado.
Barrera hizo una especie de confesión semanas después de su detención. “Se me murió”, declaró, sin dar muchos más detalles. Desvinculó a su familia. Dijo que no tuvo nada que ver con el hecho. Sin embargo, Gastón Curi quedó complicado por la declaración de Rosales. Para los pesquisas, fue quien realizó la llamada extorsiva al hermano de la víctima.
Por su parte, para el fiscal Alcaraz, Lucas Curi y su mamá, Bibiana Sacolle, también tuvieron participación en el plan criminal. Hubo entrecruzamientos de llamadas y el joven habría estado en la escena cuando llegó Aliaga.
Esta hipótesis es la que tratará a partir de este martes confirmar la fiscalía, representada en el juicio por María Gloria André. Las defensas cuestionan muchas de las pruebas y vienen sosteniendo que no se trató de un secuestro extorsivo.
Todo quedará al descubierto cuando empiecen a hablar los testigos y también los procesados, ya que algunos han manifestado su intención de dar su versión de los hechos.