El juicio por uno de los casos más impactantes de los últimos años en Mendoza comenzó este martes en los Tribunales Federales de la provincia. Se trata del crimen del empresario Diego Alfredo Aliaga (51), quien desapareció hacia fines de julio de 2020 y fue hallado asesinado más de un mes después.
La hipótesis elaborada por el fiscal Fernando Alcaraz, quien estuvo al frente de la investigación, sostiene que al ex despachante de aduana –fuertemente vinculado con la causa del Bentogate– fue víctima de un secuestro extorsivo, en el que acabaron con su vida.
En el banquillo de los acusados se sentaron Diego Alejandro Barrera Leucrini (52), amigo y socio de la víctima; su esposa, Bibiana Elizabeth Sacolle Ferro (48); los hijos de ella, Gastón Nicolás (30) y Lucas Agustín Curi (28), y Whashington Yamil Rosales Fernández (34), empleado de una empresa de transportes que tenía el matrimonio.
Cerca de las 10, los camaristas Alejandro Waldo Piña, María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli ingresaron al recinto y se dio inicio a la sesión, con la verificación de los datos filiatorios de los cinco imputados.
Seguidamente, a las 10.30 comenzó la lectura de las 160 páginas de la elevación a juicio, con la reconstrucción que hizo la Fiscalía sobre los hechos y las pruebas más destacadas de la pesquisa, que se extendieron hasta pasado el mediodía.
Los acusados escucharon atentamente en compañía de sus defensores: Rodrigo Sánchez Buzema, de la Defensoría Pública Oficial, en representación de Barrera; Gemina Venier de Sacolle y sus hijos y Gabriela Massad de Rosales.
Debido a que las dos letradas particulares asumieron la defensa en las horas previas, trascendió que iban a solicitar el tiempo máximo para poder estudiar el expediente y prepararse para el debate.
Por ese motivo, los jueces podrían pasar a cuarto intermedio y la fecha de reanudación se fijaría en los próximos días.
El caso
Corrían las 12.56 del miércoles 29 de julio de 2020, cuando Gonzalo Aliaga recibió un llamado extorsivo a su celular: “Dejá de revolver el avispero y andá juntando el palo verde que ya te vamos a llamar”, le dijeron.
Un día antes, su hermano, Diego, había pactado encontrarse con otras personas en un predio que poseía en calle Bandera de los Andes al 9800, en Rodeo de la Cruz, pero no tuvo más noticias sobre él.
Por eso, denunció denunció la situación ante el Ministerio Público de la provincia, pero, al tratarse de un secuestro extorsivo, se le dio intervención al fuero federal.
Bajo un estricto hermetismo, policías de Investigaciones iniciaron la búsqueda de Aliaga, un personaje que tenía varias facetas: ex despachante de aduanas, empresario, informante policial y hasta terminaría sindicado como operador judicial de una asociación ilícita presuntamente liderada por el juez Walter Bento.
A los pocos días, en agosto, Barrera fue detenido junto a su esposa y los dos hijos de ella. El socio de Aliaga quedó sindicado como responsable de su desaparición y apuntaban a un asesinato.
El jueves 10 de setiembre de ese año, el cadáver de Aliaga fue hallado enterrado en un descampado en la localidad de Costa de Araujo, Lavalle, tras la confesión de Rosales, quien trabajaba para Barrera y estaba en la mira de los detectives.