“Dejá de revolver el avispero y andá juntando el palo verde que ya te vamos a llamar”.
La llamada extorsiva la recibió Gonzalo, hermano de la víctima, a las 12.56 del miércoles 29 de julio del 2020. Se encontraba denunciando el paradero en la Oficina Fiscal Nº19 de Guaymallén. No tenía noticias de Diego Alfredo Aliaga (51) desde que habían pactado encontrarse con otras personas la mañana del martes 28 en un predio que este último poseía sobre calle Bandera de los Andes 9840/9846 de Rodeo de la Cruz y por eso decidió acudir al Ministerio Público.
A partir de ese momento, se inició una de las pesquisas federales más impactantes de los últimos años en Mendoza, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz.
Efectivos de Investigaciones comenzaron a trabajar con total reserva el secuestro extorsivo del ex despachante de aduana, empresario, informante policial y señalado nexo de una organización dedicada a sacar presos de la cárcel a cambio de miles de dólares –la llamada Bentogate– y terminaron cerrando una causa por asesinato.
Diego Aliaga fue hallado muerto el jueves 10 de setiembre de ese año en el distrito de Costa de Araujo, en Lavalle. Los presuntos autores enterraron su cadáver entre unos yuyos pero dejaron pruebas que permitieron los seguimientos para poder complicarlos en la causa.
Todos los protagonistas imputados llevaron adelante el plan criminal que estuvo lejos de ser perfecto y dejaron pistas que permitieron su captura, de acuerdo con la instrucción.
El móvil del homicidio, para los detectives de diversas áreas de la Policía de Mendoza, fue económico con estrecha vinculación a bienes valuados en millones de dólares.
El caso, revelado por El Sol, terminó con allanamientos masivos, secuestros de documentos y cinco detenidos en la cárcel.
Este martes está previsto que comience el juicio oral contra todos los procesados. Diego Alejandro Barrera Leucrini (52), amigo y socio de Aliaga; su esposa, Bibiana Elizabeth Sacolle Ferro (48); los hijos de ella, Gastón Nicolás (30) y Lucas Agustín Curi (28), y Whashington Yamil Rosales Fernández (34), empleado de la empresa de transportes del matrimonio, se sentarán en el banquillo del Tribunal Oral Federal Nº1 de la provincia, con los camaristas Alejandro Waldo Piña, María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli, desde las 9.30. La fiscalía estará representada por María Gloria André.
Primero se abrirá el debate con la lectura de la elevación a juicio y luego serán los testigos los que desfilen por la sala de debate ubicada en el edificio de calles Pedro Molina y España, de Ciudad.
Todos arriesgan la pena máxima, prisión perpetua, por una batería de imputaciones que les endilgó el fiscal Alcaraz, las que se efectivizaron después de las detenciones.
Solo existe una duda sobre un acuerdo de colaboración que hizo Rosales los días previos al hallazgo del cadáver –homologado por el juez del caso, Marcelo Garnica–, debido a que fue él quien confesó dónde lo habían trasladado después de consumado el crimen.
Es posible que, en la última etapa del juicio, la defensa de Rosales solicite algún tipo de morigeración de la pena o beneficio si es hallado culpable.
Lo cierto es que todos están acusados como coautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado por la intervención de tres o más personas y seguido de muerte, en concurso ideal con homicidio agravado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y criminis causa y robo agravado en poblado y en banda.
Lo que se sospecha
Diego Barrera habló en la causa por el crimen de Aliaga en un escrito que presentó el 5 de octubre del 2020, cuando la investigación ya se encontraba avanzada con una hipótesis clara. Palabras más, palabras menos, admitió que tuvo problemas con Aliaga y dijo: “Se me murió”. También evidenció arrepentimiento y desligó a toda su familia.
De acuerdo con fuentes judiciales, es más que probable que Barrera declare ante las partes y dé su versión de lo que sucedió el 28 de julio del citado año en la propiedad de calle Bandera de los Andes. Desde un principio, sostuvo que no se trató de un secuestro extorsivo y que su mujer y los dos hijastros no deberían estar presos.
Más allá de eso, para el fiscal Alcaraz, Barrera y su familia, más el aporte de Rosales (a quien marcan como uno de los autores del homicidio), planificaron e intervinieron en la sustracción, la ocultación y la retención de Aliaga con el objetivo de obligarlo, mediante amenazas y coacciones, a que otorgase negocios jurídicos a favor de Barrera y Sacolle para adquirir algunas de sus propiedades sin la contraprestación de dinero.
El Ministerio Público también sostuvo que obligaron a Aliaga a develar dónde guardaba documentos de vehículos automotores (un Chevrolet Camaro y una Jeep Wrangler) y “para evitar que Diego Alfredo Aliaga o un tercero pudiese enajenar dos minibús marca Mercedes Benz modelo Sprinter que habían sido adquiridas en junio y julio del 2020, pagadas en efectivo con dólares estadounidenses y entregadas por Diego Aliaga”, agrega la instrucción
Ver también: Ojos vendados y boca tapada: así fue la muerte del empresario Aliaga
El caso estalló horas después de la desaparición de Aliaga. El ex despachante de aduana pasó la noche del lunes 27 de julio con Barrera y dos mujeres en su casa del exclusivo barrio Palmares de Godoy Cruz y acordaron encontrarse el martes por la mañana en la propiedad de calle Bandera de los Andes, lugar que estaba en proceso de refacción para instalar y poner en funcionamiento un presunto centro de rehabilitación para personas con discapacidad.
Aliaga y Barrera eran socios del emprendimiento e iban a participar de una inspección municipal previa a la habilitación.
La víctima llegó en una BMW X6 propiedad de un abogado (Francisco Álvarez, procesado en el Bentogate) y luego dejó de ser visto.
La hipótesis fiscal sostiene que Barrera y Rosales, empleado de su empresa de transportes, retuvieron a Aliaga, y Gastón Curi realizó el llamado extorsivo.
Aliaga habría sido asesinado entre el 28 y el 31 de julio y habría permanecido retenido en un galpón de calle Jujuy, de Ciudad, adonde lo transportaron en una camioneta Mercedes Benz Sprinter.
Perpetrado el asesinato, finaliza la investigación de Alcaraz, el cadáver fue enterrado en un descampado de Costa de Araujo. Murió de asfixia por sofocación, es decir, le taparon la nariz y la boca y dejó de respirar.
Cuando las pruebas comenzaron a cercarlo, los investigadores fueron a detener a Rosales. Fue este hombre el que aportó el lugar concreto donde cavaron la tumba y colocaron el cuerpo, que fue hallado el 10 de setiembre.
Antes de ser asesinado, Aliaga venía siendo marcado como el hombre nexo entre el juez federal Walter Bento y los abogados sospechados de pagar coimas para obtener beneficios procesales de algunos clientes.
Esa causa se encontraba en pleno proceso investigativo desde marzo del 2020 y por estos días cuenta con 30 imputados, entre ellos, el titular del Juzgado Federal Nº1 como jefe de una asociación ilícita.