La tarde del viernes 20 de junio del año pasado, unos días antes de los allanamientos masivos en el oeste de Godoy Cruz, los investigadores policiales que seguían de cerca los movimientos de la organización narco estaban atentos frente al portón del Centro de Alojamiento Permanente con Régimen Abierto El Borbollón, en Las Heras. A las 17.50, un Corsa blanco manejado por un remisero se detuvo en el ingreso del penal. El sol todavía impactaba en la escena. Pero hacía frío.
Del asiento del acompañante descendió Diego Cumellas (36), pareja de Sandra Jaquelina Vargas Méndez. Minutos después apareció ella: la “Yaqui”, la histórica jefa narco del Campo Papa. Se saludaron, abrazaron y la mujer condenada a 15 años de cárcel y con salidas transitorias subió al vehículo, que partió hacia el sur.
Los efectivos de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) iniciaron de esta forma un seguimiento a distancia para no ser detectados. El objetivo era conocer al detealle los movimientos de la mujer de 49 años porque ya venían trabajando diversas pruebas que sostenían que, durante sus salidas transitorias de los fines de semana, se dedicaba a cobrar el dinero recaudado por su gente en el narcomenudeo.
El recorrido terminó en el corazón del barrio citado asentamiento, señalado por los pesquisas como el epicentro de la organización criminal que, según la causa a cargo del fiscal Fernando Alcaraz y el juez Leopoldo Rago Gallo, seguía funcionando bajo su mando pese a que la mujer aseguraba tener buen comportamiento y reputación intramuros. Se trata de un sector de difícil acceso para los policías. Por esto tuvieron que cortarlo una vez que el Corsa, conducido por un trabajador del volante de 50 años, entró por las pequeñas calles que rodean a las casas precarias.
Ese seguimiento forma parte de la instrucción que la tiene nuevamente comprometida. Y no es una prueba menor. Confirma parte de la teoría de los detectives que potenciaron la instrucción, la que fue sostenida este lunes por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.
Este lunes, la Cámara Federal de Mendoza confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Vargas y de su hijo Mauro Jesús Gélvez Vargas, los únicos que habían cuestionado la detención en primera instancia a través de su abogado Enoc Ortíz, al rechazar las apelaciones contra la resolución del juez federal Rago Gallo.
El fallo fue firmado por los camaristas Manuel Alberto Pizarro, Juan Ignacio Pérez Curci y Gustavo Castiñeira de Dios, quienes concluyeron que las pruebas reunidas avalaron la teoría de que la mujer continuaba dirigiendo una estructura dedicada a la comercialización de drogas en pequeñas cantidades con el destacado de que se amoldaba a los nuevos tiempos: el uso -y abuso- de billeteras virtuales.
La pesquisa, iniciada en 2024, reconstruyó el funcionamiento de una organización integrada en gran parte por familiares y allegados de la Yaqui. Los movimientos de dinero son millonarios. Y tanto la jefa narco como sus tres hijos mayores (Silvina, Karen y Mauro), la pareja, quien no está imputada, no presentaban trabajo formal.
Por razones más que obvias, la Yaqui se encontraba en prisión. Pero los movimientos de dinero y transferencias en billeteras virtuales como Mercado Pago y Naranja X la expusieron, transformándose en “prueba fundamental” del proceso.
Confirmaron el procesamiento de la Yaqui: las escuchas y billeteras virtuales la complicaron
La Cámara Federal de Mendoza confirmó este lunes el procesamiento con prisión preventiva de Sandra Jaquelina “Yaqui” Vargas Méndez (49), señalada por los investigadores como la jefa de una organización dedicada al comercio de drogas mientras cumplía una pena de 15…
En el expediente se la ubica como organizadora y financista, mientras que su hijo Mauro habría cumplido funciones logísticas y de custodia armada. La estructura incluía además a su hermano Carlos Damián Vargas Méndez, alias el Guatón, señalado como coordinador operativo y encargado de la recaudación; a Luis Alfredo Vargas Méndez, vinculado al abastecimiento de drogas -ambos prófugos-; a Liliana Elizabeth Echeverría, considerada su mano derecha; a Daniela Lourdes Palma Echeverría, hija de esta última, encargada de la comercialización y entrega de dinero; y a Silvina y Karen Gélvez Vargas, hijas de la jefa narco, involucradas en la recaudación de las ganancias, también con movimientos de dinero sin justificación.
Los informes de ARCA son clarísimos con respecto a la situación fiscal de la mayoría de las mujeres procesadas: “No se encuentra inscripto en ARCA. No trabaja en relación de dependencia, no es personal doméstico”.
Para los investigadores que hablaron con El Sol, una de las claves del expediente es el rol que Vargas mantenía incluso mientras estaba presa. La mujer cumple una condena de 15 años de prisión dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 en el 2016 por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero, con vencimiento en 2031.
Sin embargo, durante ese período estuvo alojada en el complejo provincial El Borbollón y gozaba de salidas transitorias los fines de semana. En la audiencia en la que su defensa cuestionó la nueva instrucción, el juez Castiñeira de Dios pidió saber por qué nunca la Yaqui fue enviada a la cárcel federal de mujeres cuando empezaron a recibir a las primeras condenadas. Las partes no supieron qué contestar.
De acuerdo con los informes de inteligencia y las escuchas telefónicas incorporadas a la causa, esas salidas eran aprovechadas para mantener reuniones, impartir directivas y recibir rendiciones de cuentas sobre la recaudación de los puntos de venta.
Las interceptaciones telefónicas incorporadas al expediente demostraron esa dinámica interna, tal como explicó el fiscal en las audiencias.
En varias conversaciones, integrantes de la organización hablan de “llevar la plata” a la Yaqui o de mostrarle “los machetes”, término que en la jerga del grupo hacía referencia a registros o anotaciones vinculadas a las ventas. En otras comunicaciones se mencionan directamente encuentros con la mujer para rendirle cuentas sobre el dinero obtenido en los quioscos de droga del Campo Papa y barrios cercanos.
Las tareas de vigilancia también reforzaron esa hipótesis. Unos días antes de ser captada saliendo del penal, el 14 de junio, los policías siguieron durante varias horas movimientos vehiculares en los barrios Susso y Los Toneles, zonas vinculadas a domicilios utilizados por la organización.
Esas maniobras coincidieron con comunicaciones telefónicas posteriores en las que miembros del grupo confirmaban la recepción y ocultamiento de “faso”, en referencia a marihuana, lo que evidenciaba para ellos una operación de abastecimiento coordinada dentro de la red.
Los allanamientos realizados durante la investigación, el 27 de junio, permitieron secuestrar droga, dinero y armas. Ese día terminaron con el hallazgo de más de 200 envoltorios de cocaína y marihuana. En uno de los domicilios del barrio Los Toneles donde fue encontrado Mauro Gélvez, los efectivos también secuestraron una pistola calibre 9 milímetros marca Browning con municiones.
Dentro de ese engranaje, las fuentes destacaron el rol central que tenían varias mujeres en el funcionamiento cotidiano de la banda. Liliana Echeverría, de 53 años, aparece en la causa como una de las principales colaboradoras de la Yaqui.
Con domicilio en el Campo Papa y vinculada sentimentalmente a un homicida condenado (Juan Piña, condenado como el “patrón del barrio”), era quien coordinaba gran parte de los movimientos cuando la jefa narco salía del penal. Según los sabuesos policiales, Echeverría era la encargada de reunir la recaudación de los distintos puntos de venta y presentarle el detalle del dinero a Vargas durante sus salidas transitorias.
Junto a ella operaba su hija Daniela Palma, de 31 años, quien también aparece mencionada en escuchas telefónicas y tareas de inteligencia. Ambas integraban el circuito que fraccionaba la droga y abastecía los quioscos de venta instalados en viviendas del barrio La Esperanza, ubicado entre el Campo Papa y Los Toneles. En uno de esos domicilios, durante los allanamientos, los efectivos encontraron decenas de dosis de cocaína y marihuana listas para ser comercializadas.
Otra joven procesada en el expediente es Delfina Abigaíl Correa, de 21 años, quien junto a su pareja Axel Sosa también administraba uno de esos quiosquitos. En ese procedimiento se secuestraron 159 envoltorios de cocaína, dosis de marihuana, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Ese sistema de pequeños puestos de venta en viviendas precarias era la base económica de la organización: el dinero del menudeo circulaba entre los colaboradores y gran parte terminaba, según la causa, en manos de la Yaqui.
ARCA, el gran problema de la banda
A la par de las escuchas y los procedimientos, el expediente incorporó un análisis financiero de la jefa narco. Un informe del organismo ARCA detectó transferencias millonarias entre integrantes de la organización a través de billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y UALA. La Yaqui, por ejemplo, tenía más de 5 millones de pesos mientras estaba privada de la libertad.
Entre los movimientos relevados aparecen envíos de dinero desde cuentas vinculadas a Daniela Palma hacia otros miembros del grupo y una cadena de transferencias entre familiares de Vargas que, se desprende del caso, no puede justificarse con ingresos formales.
El informe concluyó que la propia Vargas, al encontrarse privada de libertad y sin actividad laboral registrada, no podía explicar el origen de los fondos detectados en sus plataformas digitales.
Con ese conjunto de pruebas -escuchas telefónicas, tareas de campo, secuestros de droga y armas y análisis financieros- la Justicia entendió que el procesamiento dispuesto por el juez Rago Gallo estaba debidamente fundado, tal como reveló El Sol este lunes.
Los magistrados también destacaron que Vargas cumple una condena de 15 años y que, al momento de los allanamientos, se encontraba con salidas transitorias, una circunstancia que incrementaba el riesgo de fuga ante la posibilidad de recibir algún tipo de beneficio.
Por ese motivo, y luego de que el tribunal rechazara los planteos de la defensa y confirmara tanto el procesamiento como la prisión preventiva de la mujer y de su hijo, el expediente se encaminará hacia la elevación a juicio. Por lo que detallaron las fuentes, algunos de los procesados podrían terminar reconociendo las calificaciones en su contra antes de sentarse en el banquillo de un debate oral.