Desde que Patricio Garrido fue detenido por orden de la Justicia, en abril de este año por el asesinato de un joven de 18 años, en la zona del Campo Papa, de Godoy Cruz, se vive un clima enrarecido.
Hubo testigos amenazados y baleados y temor a ataques en viviendas particulares. El objetivo del entorno del yerno de la jefa narco Sandra Yaquelina Vargas –la Yaqui– era que todos cambiaran su versión en el expediente por el crimen de Lucas Ariel Torres, tal como detallaron vecinos de la barriada y fuentes policiales.
Con el paso de los meses, a fines de agosto, Garrido, apodado el Negro por sus conocidos, sumó otra dura imputación: tentativa de homicidio.
Para la fiscal que investiga ambos hechos, Andrea Lazo, este joven de 27 años también intentó matar a balazos el 11 de noviembre del 2018 a un cuñado de la Yaqui, Miguel Ángel Valdivia, también en el conflictivo sector del oeste godoicruceño.
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La víctima de ese hecho murió el 12 de enero de este año en el Hospital Central. Y su entorno afirma que el deceso se produjo porque nunca se pudo recuperar de las lesiones que le causaron los proyectiles que recibió. A pesar de esto, la fiscalía no pudo probar esa hipótesis, por el paso del tiempo.
Este miércoles se desarrolló una audiencia clave ante el juez Gabriel Bragagnolo. Básicamente, la defensa de Garrido, a cargo de Carlos Varela Álvarez, cuestionó toda la instrucción de Lazo y pidió la nulidad absoluta del proceso.
Sin embargo, nada salió como esperaba el letrado: el magistrado rechazó todos los planteos y confirmó la prisión preventiva en esta causa contra su cliente. Con este “apoyo” del juez a la investigación de Lazo, la situación de Garrido se complicó de cara a lo que viene.
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El próximo paso de la fiscalía será elevar la causa a juicio oral –es probable que la defensa apele la decisión de Bragagnolo para que resuelva un tribunal– mientras el sospechoso continúa tras las rejas por ambos hechos de sangre.
De acuerdo con fuentes judiciales, Varela Álvarez buscaba que le hiciera lugar a la caducidad del plazo para solicitar la prisión preventiva, la nulidad absoluta del proceso y a un cambio de calificación, pero los planteos fueron desestimados porque las pruebas físicas y testimoniales vinculan a Garrido con el intento de asesinato de Valdivia.
Los dos hechos
Lucas Torres murió de un balazo el 17 de diciembre del año pasado en el cruce de calles Illia y Chapadmalal, de Godoy Cruz. Tres jóvenes, sostiene la hipótesis de la fiscalía, llegaron y dispararon contra la víctima.
Uno de esos tres sujetos fue Emanuel Emita Morales. Hace un par de meses, Morales reconoció la plataforma fáctica de la fiscal Lazo, es decir que Patricio Garrido llevaba un arma calibre 9 milímetros, se la pasó a él y este al Bebo, un chico menor de edad, quien terminó ejecutando a Torres. En un juicio abreviado, Emita fue condenado a 10 años y 8 meses.
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Con este escenario, la situación procesal de Garrido quedó complicada con vistas a un futuro debate.
Mientras se encontraba en la cárcel después de ser detenido el 8 de abril de este año, el Negro Garrido fue imputado por el intento de homicidio de Valdivia.
Un hijo de la víctima, llamado igual que su progenitor, decidió hablar ante la Justicia –no lo había hecho antes porque le había prometido a su padre callar– y marcarlo como quien disparó el arma, al menos, cinco veces.
Miguel Ángel Valdivia hijo fue atacado a balazos después de su declaración y hasta estos días continúa en grave estado.
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La investigación tiene una hipótesis concreta: creen que gente que responde al Negro Garrido intentó matarlo por su declaración en la Justicia.
Como este joven, que permanece en un hospital desde el martes 9 de noviembre, otros testigos fueron baleados para intentar callarlos.