A pocos meses de que se cumplan 32 años del atentado a la AMIA, el juez federal Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Federal N° 6, solicitó este lunes la captura internacional de Alí Asghar Hejazi y requirió a Interpol la emisión de una alerta roja.
La medida se tomó en una investigación que continúa activa a más de tres décadas del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 150 heridos. En el expediente interviene la fiscalía de la UFI-AMIA, encabezada por el fiscal Sebastián Basso, que impulsa nuevas medidas de prueba.
Hejazi, señalado como una figura de relevancia dentro del esquema político iraní y cercano al liderazgo de ese país, quedó imputado por su presunta participación en la planificación del atentado. Según la hipótesis judicial, habría tenido intervención en instancias previas vinculadas a la definición del ataque.
En paralelo, Rafecas también resolvió citarlo a declaración indagatoria, mientras la investigación avanza con el objetivo de consolidar la imputación y profundizar el análisis de responsabilidades.
Hipótesis judicial y estructura investigada
De acuerdo con la reconstrucción del expediente, el atentado habría sido definido en el marco del denominado Comité Vijeh, una estructura que la causa describe como encargada de la selección de objetivos y la coordinación de acciones.
La investigación sostiene que en ese ámbito se habrían tomado decisiones vinculadas al ataque contra la sede de la AMIA, en la ciudad de Buenos Aires.
Otros imputados y definición pendiente
En simultáneo, el juez postergó el análisis del procesamiento de otros diez imputados de origen iraní y libanés hasta que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, un punto considerado clave para el avance del expediente.
Entre los señalados figuran distintos exfuncionarios y personas vinculadas a la estructura investigada, mientras la causa sigue sumando medidas de prueba y pedidos de cooperación internacional.
La investigación mantiene imputaciones por homicidio calificado por odio religioso y lesiones de distinta gravedad. La fiscalía continúa trabajando en la incorporación de elementos para sostener los pedidos internacionales en un expediente que permanece abierto.