La causa por venta de drogas dentro del Complejo Penitenciario Almafuerte, que provocó una escalada de violencia brutal en las últimas semanas en el Gran Mendoza, sumó en los últimos días un capítulo clave con dos audiencias consecutivas en la Justicia federal que marcaron un quiebre en la investigación que encabeza la fiscal María Eugenia Abihaggle.
Mientras dos de los imputados sellaron acuerdos plenos en la Cámara Federal de Apelaciones, con el juez Manuel Pizarro a la cabeza, y fueron condenados, el resto de los acusados de la presunta estructura criminal irá a juicio en un expediente que, lejos de tratarse de un caso aislado, expone una trama compleja con ramificaciones dentro y fuera de la cárcel, debido a los tiroteos que dejaron expuesta la peligrosidad de los protagonistas, ya que una niña de 11 años terminó herida y salvó su vida de milagro hace pocas semanas.
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El primero en admitir su responsabilidad fue el penitenciario Renzo Sebastián Rojas, quien aceptó haber participado en la maniobra de ingreso de estupefacientes al penal lujanino a fines del 2024. El suboficial de 40 años, que se desempeñaba en uno de los sectores más conflictivos del establecimiento (División Seguridad Interna) y llevaba 15 años de trayectoria, fue condenado a cuatro años de prisión.
Actualmente cumple la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria, pero una vez que quede firme el fallo, debería pasar a la penitenciaría federal. La investigación lo ubicó como una pieza fundamental en la logística delictiva: era quien facilitaba el ingreso de drogas, se contactaba con los internos y otros elementos prohibidos a cambio de dinero, aprovechando su función dentro del Servicio Penitenciario.
En ese mismo acuerdo también fue condenada Yamila Agüero Declaux, señalada como una de las encargadas de acopiar las sustancias y articular la distribución fuera del penal. La mujer acordó una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional por una participación secundaria.
Los investigadores detectaron que mantenía una relación directa y fluida con Rojas, lo que permitía sostener el circuito de abastecimiento hacia el interior del complejo. Esa relación, al parecer, iba más allá de lo que era integrar una organización. Y tenía base en el barrio Bicentenario del oeste de Godoy Cruz con el acopio de las sustancias.
Sin embargo, el expediente está lejos de cerrarse. El núcleo más pesado de la señalada organización, integrado por internos con antecedentes por delitos graves, no aceptó los cargos y enfrentará un debate oral en los próximos meses.
Entre ellos aparece Pedro Esteban Morales Anisco, alias “Piter”, considerado por los investigadores como el líder operativo dentro del módulo 4.1, donde ejercía control económico y logístico.
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Condenado por homicidio y estafas y actualmente bajo régimen de Muy Alto Perfil (MAP), su figura excede los muros del penal: las diferentes pesquisas lo ubican como un actor central en distintas maniobras delictivas, incluso con capacidad de ordenar acciones en el exterior, principalmente por estos días con el ataque que sufrió la niña de 11 años en el asentamiento Los Cerros.
Junto a él serán juzgados Juan Cruz Arregui, condenado por un homicidio en San Rafael; Ángel Kevin Maximiliano Fernández, con una pena de 14 años por un crimen ocurrido en Maipú; y Marcelo Agüero Declaux, vinculado a la estructura investigada y con conexiones directas con el circuito de distribución de sustancias ilegales dentro de la cárcel.
Este último hombre es, justamente, el papá de la menor baleada el sábado 21 de marzo, en el caso revelado por El Sol y que generó allanamientos el jueves pasado con la detención de un adolescente de 17 años en el barrio Pablo VI como presunto autor de los disparos.
Según la acusación, el Piter mantenía contacto con el penitenciario condenado y participaba de la operatoria que permitía el ingreso, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes dentro del penal, una estructura “totalmente corrupta que también tenía a otros guardias” con diferentes funciones, tal como viene revelando este diario desde hace más de dos años.
Si bien las defensas niegan estos hechos como lo plantea la fiscalía, el caso fue el centro de la escena para trasladarse fuera de la cárcel y generar los tiroteos; es decir, el Piter y Agüero Declaux entraron en conflicto adentro de la prisión de máxima seguridad y habrían trasladado estos problemas con amenazas y tiroteos en la casa de Yamila y su sobrina.
La trama detrás del caso
La causa se inició a partir de una serie de procedimientos que expusieron el funcionamiento de la red. Uno de los episodios más relevantes fue el hallazgo a fines del 2024 de más de 3,5 kilos de marihuana enterrados en un gallinero del denominado “pabellón VIP”, justamente liderado por el Piter, donde también se detectaron otros elementos que evidenciaban privilegios inusuales dentro del encierro.
A eso se sumó la detención en diciembre de Rojas, cuando intentaba ingresar cocaína, marihuana (que ocultaba en su auto) y una importante suma de dinero en efectivo.
Los peritajes sobre su teléfono celular resultaron determinantes: allí surgieron comunicaciones con los internos ahora imputados, registros de pagos y coordinaciones que terminaron de consolidar la hipótesis de una organización estructurada, con roles definidos y un flujo constante de dinero que, en muchos casos, se canalizaba a través de cuentas virtuales.
El uso de billeteras virtuales y transferencias de millones de pesos terminaron de cerrar la teoría del caso trabajado por la Policía contra el Narcotráfico (PCN).
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Pero el contexto en el que avanzó la causa le agregó un componente aún más delicado. El expediente judicial se entrelaza con una escalada de violencia que tuvo como protagonistas a los Agüero Declaux y al propio Morales Anisco, en una disputa que los investigadores encuadran dentro de una interna narco, tal como destacaron los pesquisas consultados por este diario.
En las últimas semanas, esa tensión derivó en una serie de ataques armados en el oeste de Godoy Cruz. El episodio más grave fue el que dejó a la niña de 11 años gravemente herida tras recibir múltiples disparos en la puerta de su casa.
La reconstrucción que el objetivo de esa ofensiva era presionar a Marcelo Agüero Declaux en el marco de la causa por drogas para que se haga cargo y desvincule al Piter de esta mega causa narco, que estaba pronto a obtener beneficios para salidas transitorias.
Las pruebas recolectadas en ese expediente apuntaron a que las órdenes habrían sido impartidas desde el interior del penal, reforzando la hipótesis de que la estructura liderada por Morales Anisco mantenía capacidad operativa fuera de la cárcel.
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El análisis balístico, que vinculó distintos ataques con una misma arma (tanto es así, que el 15 de marzo, la casa de Yamila Agüero, sobre calle Renato Della Santa, también fue balada luego de recibir amenazas a través de Facebook), y la detención de un menor sindicado como ejecutor material la semana pasada tras 30 allanamientos de la Policía de la provincia, terminaron de consolidar esa línea investigativa.
En ese escenario, las audiencias realizadas el miércoles y jueves no solo definieron la situación procesal de parte de los acusados, sino que también dejaron en evidencia la dimensión del caso, considerado de importancia para el Ministerio Público federal.
La condena del penitenciario y de la mujer que operaba como nexo externo confirma la existencia de un circuito aceitado para el ingreso de droga, mientras que el avance hacia el juicio del resto de los implicados abrió la puerta a un debate que promete profundizar sobre el funcionamiento interno de la organización.