Ángel Daniel Corbera se entregó. Tenía pedido de captura porque no se había presentado cuando lo citaron, pero los caminos se cerraron en los últimos días. Este hombre, conocido en Guaymallén desde hace muchos años, aparece en uno de los expedientes más calientes que se instruyen en la Justicia federal como una de las piezas que, según los investigadores policiales y judiciales, permitió que el dinero que presuntamente se generaba dentro del penal de Almafuerte pudiera salir de las paredes del establecimiento y comenzar a circular por el sistema financiero.
Señalado como el principal socio externo de Pedro Esteban Morales Anisco, alias Piter y referente carcelario que quedó en la mira como el “enemigo público número uno de Mendoza” luego de ser acusado de dar la orden para atacar la casa de una niña, quedó vinculado a transferencias por casi 50 millones de pesos, a movimientos entre múltiples cuentas y a una serie de construcciones en el barrio Grilli Sur que, para la fiscalía, podrían haber sido utilizadas para darle apariencia lícita a fondos de origen ilícito.
Está sospechado de ser parte de la red entre presos, penitenciarios y personajes del mundo exterior que movieron 800 millones de pesos por hechos de corrupción intramuros y estafas.
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La relación entre ambos no se habría limitado al manejo de dinero. Las tareas de campo realizadas durante la investigación liderada por la Policía contra el Narcotráfico (PCN) ubicaron a Corbera en la zona de Grilli Sur, ligada con la construcción de un complejo de departamentos que los pesquisas atribuyen a Daiana Ayelén Giménez, pareja de Morales Anisco, otra de las principales acusadas.
También aparece relacionado con otras casas levantadas frente a ese complejo y en la manzana E del citado barrio. La hipótesis del Ministerio Público sostiene que Corbera habría administrado parte de esas obras mientras los verdaderos propietarios de los inmuebles permanecerían ocultos detrás de terceros.
Ese es el lugar que ocupa Corbera dentro de una causa que este miércoles tuvo una nueva audiencia. El caso reconstruye una presunta organización que, de acuerdo con la acusación, combinaba estafas virtuales, comercialización de drogas dentro del penal de Cacheuta, circulación clandestina de teléfonos con el apoyo de penitenciarios y un circuito financiero destinado a distribuir y posteriormente reinsertar el dinero obtenido de esas actividades.
La audiencia de formulación permitió al auxiliar fiscal Lucas Parisi transformar a este sospechoso en el imputado número 18 de la causa.
El pedido de captura había sido solicitado durante la audiencia realizada el 29 de julio en la Biblioteca del edificio de calles España y Pedro Molina, cuando se detalló que Morales Anisco era considerado por los investigadores como quien dirigía la estructura criminal desde el módulo 4.1 de Almafuerte y quedó acusado por lavado de activos y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.
Este último hecho está relacionado con el hallazgo de 3,649 kilos de marihuana, distribuidos en cinco panes, dentro del sector de los corrales o “gallinero” del penal de Cacheuta, el 4 de diciembre del 2024. En ese procedimiento también fueron encontrados dos envoltorios con cocaína ocultos en un desagüe cloacal. Por ese episodio también fue imputado el interno Mario Subia Bejarano.
Pero la causa adquirió una dimensión mayor cuando los investigadores comenzaron a seguir el recorrido del dinero que, según sostienen, se generaba a través de las actividades ilícitas atribuidas a los internos.
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El rol del nuevo acusado
De acuerdo con la investigación a la que accedió este diario, Corbera, quien está sospechado de tener vínculos con el mundo de las drogas junto con varios familiares, era el principal socio externo de Morales Anisco.
Las tareas de la PCN lo ubicaron primero relacionado con la construcción del complejo de departamentos que le atribuyen a Giménez, ubicado junto al negocio de la mujer en el barrio Grilli Sur. También fue vinculado con la construcción de otras moradas ubicadas frente al complejo y en la manzana E.
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La hipótesis sostiene que Corbera habría administrado esas obras y que algunos de esos inmuebles podrían pertenecer en realidad a Morales Anisco y Giménez, aunque formalmente estuvieran registrados a nombre de otras personas.
Las escuchas incorporadas a la causa, además, lo vincularon con el comercio de estupefacientes en el Grilli Sur y sus alrededores. A esto se sumaron denuncias que, según la investigación, relacionan a Corbera y a integrantes de su grupo familiar con esa actividad.
El análisis financiero fue otro de los elementos que lo colocó en el centro de la causa.
Entre las cuentas bancarias y billeteras virtuales atribuidas a Corbera se registraron movimientos superiores a los 47,8 millones de pesos y presentaron entrecruzamientos financieros con cuatro o cinco de los seis principales personajes sometidos a proceso.
Pero hubo un patrón que llamó especialmente la atención: las transferencias de autoenvío.
En 35 operaciones, Corbera movió más de 27 millones de pesos entre cuentas bajo su titularidad o control operativo. De acuerdo con el caudal probatorio incorporado a la causa, la reiteración de esas operaciones resulta compatible con una maniobra de estratificación de fondos, conocida en las investigaciones de lavado como layering, mediante la cual el dinero es desplazado sucesivamente entre diferentes cuentas para dificultar la reconstrucción de su origen.
Los detectives también detectaron que Corbera y varios integrantes de su familia aparecían como receptores de dinero proveniente principalmente de la cuenta de Jorge Luis Bastías, un interno que movía millones de pesos.
Ese dato adquiere relevancia porque, según la acusación, el único vínculo que justificaría esas transferencias dentro del módulo investigado sería Morales Anisco.
Para los investigadores, parte de esos fondos podrían haber terminado en la adquisición o construcción de inmuebles en el barrio Grilli Sur. De comprobarse esa hipótesis, Corbera habría cumplido una función central: sacar dinero del circuito generado dentro de la cárcel y convertirlo en activos que aparentaran tener un origen lícito.
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La pareja, también acusada
La investigación también alcanzó a Melanie Rosario Moreno Coria, pareja de Corbera, quien sí estuvo presente durante la audiencia de fines de agosto. Moreno Coria recibió numerosas transferencias provenientes de la cuenta de Bastías y de otras cuentas consideradas relevantes, entre ellas una perteneciente a Giménez.
Para la fiscalía, el volumen y la reiteración de esas operaciones no resultaron compatibles con un uso personal ordinario de la cuenta y permitieron ubicarla como una de las receptoras de fondos dentro del circuito financiero investigado.
La mujer quedó así relacionada a la misma estructura externa en la que los investigadores ubican a su pareja.