Antes de que los investigadores de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) y de la Justicia federal terminaran de reconstruir el circuito de lavado de activos que, sospechan, comandaba el reo Pedro Esteban Morales Anisco desde el interior de la cárcel de Almafuerte, una parte de la pesquisa comenzó a mostrar un dato que encendió todas las alarmas: la organización no solo movía millones de pesos mediante billeteras virtuales, familiares e intermediarios, sino que parte de ese dinero también habría terminado en manos de dos agentes del Servicio Penitenciario de Mendoza.
Ese hallazgo llevó al Ministerio Público Fiscal, con el auxiliar fiscal Lucas Parisi Garnica a la cabeza, a imputar por cohecho pasivo a los guardiacárceles Carlos Augusto Padilla y Gonzalo Oscar Becerra, quienes, de acuerdo con la hipótesis acusatoria, recibieron pagos periódicos para favorecer el funcionamiento de la estructura criminal que lideraba el Piter desde el módulo 4.1 del Complejo Penitenciario.
La sospecha no se limitó a un puñado de transferencias aisladas. Por el contrario, el expediente describe un patrón sostenido durante años que resulta compatible con el cobro de dinero para hacer o dejar de hacer actos propios de sus actos como funcionarios públicos.
Esa presunta connivencia permitió mantener activa una organización que continuó operando desde el interior del penal durante años, a pesar de que sus principales integrantes permanecían privados de la libertad.
El circuito que terminó en la mira
La acusación contra ambos penitenciarios, que se ventiló este miércoles tal como informó El Sol, forma parte de la megacausa en la que fueron imputadas 17 personas, entre ellas Morales Anisco, su pareja, familiares, otros internos, presuntos operadores financieros y logísticos.
Mientras la PCN analizaba cientos de conversaciones extraídas de teléfonos celulares, registros penitenciarios y movimientos bancarios, comenzó a detectar que parte del dinero generado mediante estafas virtuales y venta de drogas dentro del penal terminaba siendo transferido a cuentas pertenecientes a guardiárceles.
La conclusión a la que arribó la fiscalía fue que las transferencias tenían como finalidad obtener beneficios dentro de la cárcel, facilitando el funcionamiento del grupo que dirigía Morales Anisco. Así fue que se detectaron dos teléfonos celulares.
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Carlos Padilla: dinero desde el círculo íntimo
Uno de los casos que más llamó la atención fue el del penitenciario Carlos Augusto Padilla. El análisis financiero incorporado a la causa reveló que recibió dinero directamente desde algunas de las cuentas consideradas estratégicas dentro de la señalada organización.
Entre las operaciones detectadas aparecen dos transferencias realizadas por Jorge Luis Bastías, uno de los internos señalado como administrador de una de las principales cuentas recaudadoras del grupo.
Según la investigación, Bastías le transfirió 650.000 pesos el 20 de abril del año pasado y otros 500.000 pesos cuatro días después, totalizando 1.150.000 pesos.
A esas operaciones se sumó otra transferencia realizada por Daiana Ayelén Giménez, la esposa de Morales Anisco y considerada por la fiscalía como el principal enlace financiero entre el interior del penal y el exterior, quien terminó acusada por lavado de dinero agravado. La mujer le envió 150.000 pesos. “¿En concepto de qué?”, se preguntaron los detectives.
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Sin embargo, el análisis integral de las billeteras virtuales y cuentas bancarias permitió detectar que Padilla recibió 2.300.000 pesos distribuidos en cuatro transferencias provenientes de distintos integrantes del circuito investigado.
Pero ese no fue el único elemento que comprometió su situación procesal, tal como resolvió el juez Alberto Daniel Carelli este jueves.
Los especialistas detectaron que el penitenciario también recibía dinero de internos alojados en los módulos 2.3 y 1.3 de Almafuerte, además de familiares de esos detenidos.
Ese dato tiene especial relevancia porque permite descartar que existiera una relación exclusiva con la organización liderada por Morales Anisco.
Por el contrario, sostienen que evidencia un patrón repetido de recepción de fondos provenientes de personas privadas de la libertad ubicadas en distintos sectores del establecimiento penitenciario.
En otras palabras, la fiscalía consideró que esos movimientos resultaron compatibles con la prestación habitual de servicios relacionados con su función como agente penitenciario en beneficio de internos y de las estructuras delictivas que operaban dentro de la cárcel lujanina. Precisamente, la imputación por cohecho pasivo se sostiene en esa hipótesis.
El auxiliar fiscal Parisi entendió que las transferencias tenían como finalidad que Padilla realizara -o dejara de realizar- actos propios de sus funciones para beneficiar a los integrantes de la organización.
Daiana Giménez, el nexo financiero
La presencia del nombre de Daiana Giménez en las operaciones detectadas con Padilla tampoco pasó inadvertida en la causa. La mujer de 34 años ocupa un lugar central dentro del expediente.
Según la reconstrucción realizada por la PCN, durante el período investigado concentró y redistribuyó casi 60 millones de pesos, aunque otros informes incorporados a la causa elevan esa cifra por encima de los 90 millones, considerando la totalidad de los movimientos analizados.
La fiscalía sostiene que era la única persona que mantenía vínculos financieros con los seis principales investigados de la causa.
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Desde sus cuentas enviaba y recibía dinero de Jorge Bastías, Jonathan Sassone -estos dos, presos-, Ángel Daniel Corbera (prófugo, vinculado con el mundo de las drogas en el barrio Grilli Sur), Mariano Vargas (nexo en la calle), Nahuel Pérez (sospechado de lavar el dinero), Carlos Giménez (padre de Daiana) y otros integrantes del entramado financiero.
En ese contexto también apareció la transferencia realizada hacia Padilla, considerada como otro indicio de la relación entre el penitenciario y el núcleo central de la organización dedicada al comercio de drogas (Anisco y otro grupo de reos fueron condenados por eso este año) y estafas.
Los pagos del supuesto operador logístico
La situación Gonzalo Oscar Becerra, el otro guardiacárcel, presenta características diferentes, aunque para la fiscalía resultó igual de comprometida.
En este caso, la mayoría de las operaciones detectadas tuvieron como protagonista a José Gastón Reale, un hombre señalado como uno de los principales operadores logísticos externos de la organización.
La investigación sostiene que Reale, también presente durante la audiencia, no solo administraba importantes movimientos de dinero, sino que también habría conseguido el teléfono celular utilizado por Morales Anisco durante parte de la pesquisa, además de coordinar tareas vinculadas con el funcionamiento del grupo fuera del penal.
Los análisis financieros revelaron que, entre marzo y diciembre del año pasado, Reale realizó 10 transferencias hacia Becerra por un total de 2.188.400 pesos. Pero la relación entre ambos no comenzó allí.
Revisaron operaciones anteriores y detectaron 28 movimientos adicionales registrados desde el 2023, donde Becerra figura como comprador de Reale, acumulando otros 1.460.800 pesos. En total, las operaciones identificadas entre ambos superan los 3,6 millones de pesos.
Para los especialistas, el dato determinante no es únicamente el monto, sino la continuidad. Las transacciones se extendieron durante más de dos años de manera ininterrumpida.
Por ese motivo, el Ministerio Público federal entendió que no podían interpretarse como operaciones ocasionales ni como movimientos propios de una actividad comercial lícita. La hipótesis es que esos pagos respondían a servicios prestados dentro del establecimiento penitenciario, aunque no estaba claro de qué tipo.
Por lo que detallaron las fuentes, podría tratarse de ingreso de teléfonos celulares, sustancias estupefacientes y otros elementos prohibidos que permitían mantener operativa la estructura liderada por Morales Anisco.
La hipótesis de la fiscalía
Al describir el rol de ambos agentes, el Ministerio Público sostuvo que las transferencias tenían como finalidad que hicieran o dejaran de hacer alguna tarea concerniente a su función de funcionarios públicos y que significara un beneficio para los investigados.
Esa conclusión surge del análisis conjunto de billeteras virtuales, registros bancarios, escuchas telefónicas, conversaciones extraídas de teléfonos celulares y otras medidas de prueba desarrolladas durante la investigación.
Así las cosas, consideró que la reiteración de los pagos, los vínculos con los principales integrantes de la organización y la duración de las operaciones permitieron sostener la imputación por cohecho pasivo.
El Piter, cada vez más complicado
Tras la audiencia del miércoles, El Piter Morales Anisco acumuló nuevas imputaciones por lavado de activos y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, vinculadas con una presunta organización que continuó operando desde el módulo 4.1 de la cárcel de Almafuerte mediante la venta de drogas, estafas virtuales y un complejo circuito de movimientos financieros.
Actualmente cumple una condena única de 28 años de prisión por diferentes delitos, entre ellos un homicidio cometido en Guaymallén, y también quedó involucrado en el secuestro de casi 3,7 kilos de marihuana hallados en diciembre del 2024 en el sector de los corrales del penal.
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Ese expediente, sumado a las nuevas acusaciones federales, consolidó a Morales Anisco como uno de los principales objetivos de las autoridades provinciales, que sostienen que logró mantener influencia y capacidad operativa desde el interior del sistema penitenciario hasta su posterior traslado a una cárcel federal, donde pasa sus días actualmente.