Cuatro presos que llevaban años en el Complejo Penitenciario Almafuerte I fueron trasladados este martes a Almafuerte II y clasificados bajo la categoría de “Muy Alto Perfil”, un régimen especial y excepcional que se aplica en Mendoza desde hace poco más de un año y alcanza actualmente a solo seis personas privadas de libertad.
La medida se tomó luego de que los internos fueran imputados en una causa federal por venta de drogas dentro del penal ubicado en Cacheuta, en la que también quedó involucrado un penitenciario a principios de diciembre del año pasado.
La resolución del Servicio Penitenciario, a la que accedió El Sol, establece que los cuatro reos permanecerán en ese régimen diferenciado durante 60 días, aunque el plazo podrá extenderse si los informes técnicos y judiciales ratifican que los riesgos persisten.
Esto, de acuerdo con las fuentes del caso consultadas, le dará el tiempo suficiente para que la Justicia federal, a través de la fiscal Eugenia Abihaggle, avance en la instrucción sin que sufra entorpecimiento probatorio de parte de los sospechosos.
Los presos que fueron enviados a Almafuerte II fueron Pedro Esteban Morales Anisco, conocido como “Peter” y señalado como el líder del módulo 4.1; Juan Cruz Arregui, condenado a 12 años de prisión por el asesinato de Esteban Cruzate en San Rafael en 2018; Ángel Kevin Maximiliano Fernández, sentenciado a 14 años por el homicidio agravado de Brian Soria en el parque Canota de Maipú en 2021; y Marcelo Agüero Declaux, complicado recientemente junto a su hermana Yamila, acusada de acopiar drogas que luego terminaban en manos de personal penitenciario para ser distribuidas en la cárcel. Tres de los cuatro ya cumplían condenas por homicidio y ahora enfrentan cargos federales por narcotráfico.
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El traslado se resolvió en el medio de la pesquisa federal y de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) que reveló la existencia de una red de tráfico de estupefacientes dentro de Almafuerte. Según la causa, tal como viene publicando El Sol, Morales Anisco ejercía control económico y logístico en el módulo 4.1 y mantenía contacto con el citado suboficial penitenciario, Renzo Sebastián Rojas, para organizar el ingreso de drogas. Los otros internos, se desprende del expediente, también habrían mantenido contacto directo con el guardia.
En diciembre pasado, Rojas fue sorprendido en el ingreso del penal con casi 300 gramos de cocaína, 788 gramos de marihuana y medio millón de pesos. Parte de la sustancia se encontraba en su auto. Su celular fue peritado luego de la detención y arrojó vínculos directos con los internos trasladados, quienes habrían montado un esquema de comercialización y distribución de droga en el interior del complejo. La organización movía millones de pesos.
El Servicio Penitenciario y la fiscalía ya habían detectado movimientos sospechosos a principios de diciembre, cuando en un gallinero de ese mismo módulo encontraron más de 3,5 kilos de marihuana y dosis de cocaína en un desagüe.
A ese hallazgo se sumaron objetos que mostraban un manejo privilegiado de los internos, como un televisor de 65 pulgadas, consolas de videojuegos, una máquina de copos de algodón y distintos instrumentos musicales, lo que confirmó la sospecha de connivencia penitenciaria. Todo eso fue determinante para que la Justicia federal imputara a los reclusos y pidiera medidas de mayor control.
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El régimen de “Muy Alto Perfil” no es un alojamiento de máxima seguridad en términos clásicos, sino un sistema diferenciado de aislamiento y vigilancia que se aplica solo a casos excepcionales.
La normativa provincial, que aplica en Mendoza desde julio del año pasado, lo destina a internos que representan riesgos de fuga, que pueden corromper a personal penitenciario o ejercer influencia sobre otros presos para continuar delinquiendo desde la cárcel.
También incluye a quienes tienen notoriedad pública, vínculos con organizaciones criminales o antecedentes de motines, entre otros factores, se desprende la resolución 1213/2024, de la Dirección General del Servicio Penitenciario.
En la práctica, el régimen se traduce en una convivencia mucho más controlada: celdas individuales, visitas restringidas a través de un blindex, registro minucioso de visitantes y personal, monitoreo permanente por cámaras y rondas aleatorias de custodia.
Por la información a la que accedió este diario, los cuatro internos quedaron alojados en el Centro de Alojamiento B, Sector B-1, de Almafuerte II.
Allí permanecerán por 60 días, según la resolución administrativa, aunque el plazo puede prolongarse si se mantiene la calificación de riesgo. Durante ese período estarán sometidos a un control mucho más estricto y con limitaciones de contacto tanto hacia dentro como hacia fuera de la prisión.
La citada resolución del Servicio Penitenciario establece, además, que este tipo de alojamiento tiene como objetivo proteger al resto de la población carcelaria, preservar la seguridad del personal y, en última instancia, evitar que desde el encierro se sigan cometiendo delitos que afecten a la comunidad.
Con estos cuatro reos, en Mendoza son seis los presos que cumplen con este tipo de régimen. La selección de quienes ingresan a la categoría de Muy Alto Perfil se realiza a partir de una evaluación interdisciplinaria penitenciaria que considera antecedentes judiciales, historia criminológica, vínculos externos y capacidad de liderazgo o corrupción dentro del sistema penitenciario.
La clasificación no es permanente: se revisa de manera periódica para determinar si corresponde mantenerla o reasignar al interno a otro nivel de riesgo. El objetivo es que la permanencia en estas condiciones se limite a lo estrictamente necesario, aunque en la práctica puede extenderse según la peligrosidad que se detecte.
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