La Justicia le otorgó la detención domiciliaria a una mujer acusada por el secuestro coactivo de un joven en medio de un conflicto narco en Godoy Cruz. Se trata de Johana Jorgelina Castro Pizarro (39), quien el mes pasado fue detenida junto a su pareja, Emmanuel Alejandro Rosales Brito (32), luego del grave hecho ocurrido en el barrio La Estanzuela.
Fue la jueza Mariana Gardey, del Juzgado Penal Colegiado Nº 2, quien hizo lugar al pedido de la defensa de la Castro Pizarro, quien, de acuerdo con fuentes policiales, está sospechada de vender estupefacientes en el oeste del citado departamento y que en 2019 ya fue condenada por lavado de activos en una causa narco.
La defensa de la imputada argumentó su pedido asegurando que la mujer tiene bajo su cuidado a una hija menor de 14 años y también se solicitó el mismo beneficio para su cónyuge. La fiscal de Delitos No Especializados Mariana Pedot, quien lidera la causa, sólo se opuso con respecto a la morigeración de la detención de Rosales Britos.
Así las cosas, la magistrada le dio el beneficio a Castro Pizarro, por lo que consiguió salir de prisión y pasará a cumplir la prisión preventiva en la modalidad domiciliaria. En tanto, su novio seguirá tras las rejas.
La mujer y su pareja se encuentran imputados como coautores de los delitos de secuestro coactivo, es decir, retener a una persona con el fin de obligarla a hacer algo contra su voluntad, agravado por la participación de tres o más personas y por la participación de menores; en concurso real con coacciones agravadas y hurto simple.
Con esa calificación, arriesgan penas de hasta 25 de años de encierro. En la causa también está acusado un adolescente de 17 años, quien quedó a disposición de la Justicia Penal de Menores.
El caso
El hecho se registró a fines de julio, cuando familiares de la víctima denunciaron en la Comisaría 40ª Castro Pizarro y Rosales Britos, junto a otros tres sujetos, tomaron por la fuerza a un chico de 18 años, a plena luz del día y en la vía pública del citado barrio godoicruceño.
De la presentación judicial surge que el joven fue cargado a un automóvil y luego trasladado hacia un domicilio del complejo. En ese lugar, la víctima sufrió amenazas y le robaron su celular, sostiene.
La pareja de acusados fue detenida instantes después de ocurrido el episodio y a los pocos días Castro Pizarro declaró en el expediente para ofrecer su versión. La mujer aseguró que sólo le pidieron “de buena manera” a la víctima que devolviera unas pertenencias que les había quitado.
Una línea investigativa sostiene que el joven que fue secuestrado le sustrajo a Castro Pizarro y a los suyos un “bagallo”, es decir, un elemento ilegal, posiblemente vinculado a la venta de drogas, actividad por la que están sospechados, explicaron fuentes policiales.
Pese al relato de Castro Pizarro, la fiscal del caso no dudó y avanzó con la imputación por secuestro, amenazas y robo. Esto, principalmente, porque contaba con testigos que observaron el momento en que la víctima fue retenida en contra de su voluntad.
Johana Castro Pizarro es conocida por ser parte del clan Pizarro, una organización delictiva que fue desarticulada en mayo de 2017 por la Policía Federal Argentina (PFA) y que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes a grandes escalas.
Su hermano Jonathan Osvaldo el Moncho Castro Pizarro y su madre, Hilda Pizarro, terminaron admitiendo la tenencia de drogas con fines de comercialización y acordaron una pena de cinco años y 11 meses de cárcel.
Por la misma causa, Johana y su cuñada, María Vanesa Videla, fueron sentenciadas a cuatro años y medio de encierro por lavado de activos, ya que no se pudo demostrar que haya estado involucrada en el comercio de sustancias.
En 2022, la PFA inició una nueva investigación contra el Moncho y su madre. La mujer fue detenida junto a otros sujetos por venta de cocaína y su hijo, quien gozaba de la libertad condicional, se encuentra prófugo.
