La fiesta aniversario del ASPO sumergió al Gobierno en un baño de realidad:

  • La cuota de dosis que el mundo reserva para la Argentina da por tierra con el “plan de vacunación más grande de la historia”.
  • La estrategia de compras, contratos y distribución interna deja sin protección a los grupos de mayor riesgo.
  • La segunda ola de contagios está presionando a las fronteras, pero no hay margen social ni económico como para restringir la circulación y la actividad.

Frente a ese diagnóstico, y a fuerza de frustraciones, necesidad y proyección electoral, el Presidente terminó asumiendo la estrategia que desde el inicio de la pandemia le reclaman los sanitaristas y dirigentes de la otra orilla.

Exactamente hace un año no dudaba en recitar que “entre la economía y la vida”, él, elegía la vida. Esta semana, en la cadena nacional pensada para reafirmar el estado de incertidumbre que invade a la población, Alberto Fernandez demostró que un año de pandemia le quita la ternura a cualquier poeta: “Mi mayor preocupación sigue siendo la salud, salvar vidas y cuidar la recuperación económica. Trabajamos para que esa recuperación empiece a sentirse en la vida de la gente”. Al final, fue vida y economía. “Cuarentena inteligente”, le llamaban hace un año. Llegó el tiempo de la “recuperación sensible” o de la “economía cuidada”.

El Presidente supo ser como los líderes de India y Sudáfrica que, por segunda vez, intentaron esta semana que la Organización Mundial de Comercio aceptara cambiar las reglas que rigen a la propiedad intelectual de las patentes de las vacunas con el fin de salvar a la humanidad. Pero el jefe de Estado terminó como los representantes de los países ricos que rechazaron la propuesta en nombre de la salud del mercado.

El ministro Martín Guzmán lleva meses advirtiendo que no hay margen para otro 2020. Y Fernández lo escucha. Mientras la vicepresidenta reclamaba a fin de año cuidar el salario, las jubilaciones, los precios y las tarifas, Guzmán se despedía del Ingreso Familiar de Emergencia y del ATP. El inconfesado programa económico requiere de una drástica reducción del gasto público. ASPO y ajuste son incompatibles.

En Nueva York y Washington, Guzmán trata de convencer a inversores y funcionarios del FMI que ningún virus lo alejará del plan. Ni el virus electoral. Como mucho, atenuará la suba de tarifas que se había imaginado con el ingreso extra que aporta el precio récord de la soja. Está decidido que no habrá encierro para no arriesgar la recuperación, el clima social, ni tampoco las chances electorales del Frente de Todos.

Cristina Fernández insiste con que eludir la cuarentena no alcanza. Ella vio cómo Néstor Kirchner perdió las elecciones de 2009 cuando Julio De Vido se atrevió a mover las facturas de luz y gas. Y sabe que el fracaso macrista es hijo del tarifazo.

El costo de la recuperación económica que financie la reducción de los subsidios se traducirá en contagios entre los más jóvenes. La población de entre 30 y 59 años, la que mueve el consumo y la producción, concentra casi el 65% de los casos confirmados de coronavirus. Y seguirán creciendo. “Aunque aumenten los casos lo que se busca es bajar la mortalidad”, le dijo la ministra Carla Vizzotti a los responsables de la salud provinciales en la reunión del COFESA.

Mientras las variantes brasileñas y británica se mantengan fronteras afuera, se aceptará una escalada de contagios sin confinamiento.

Esta la definición supone otra defección. La “presencialidad cuidada” en las escuelas sufrirá un leve descuido ya que los docentes dejarán de recibir las vacunas. La distribución de las dosis entre las provincias y los turnos se ajustarán de ahora en más al criterio que marcan el sentido común y la estadística: más del 80 por ciento de los muertos tenía 60 años o más. Ellos tendrán prioridad, si es que llegan las vacunas.

Le insumió varios meses al gobierno reconocer que los pactos comerciales para la adquisición de vacunas eran inviables. Le llevó tiempo reconocer que, en este mundo, no hay margen para hacer política con la inmunización para cerrar la paritaria docente.

En diciembre, cuando el eje Cristina-Kicillof le acercó la opción rusa, el Presidente se subió a la carrera espacial de Vladimir Putin y hasta creyó en lo que firmaba. Pero su socio siguió sumando aliados por el mundo y prometiendo lo que no tenía ni podría tener. Los laboratorios que producen hoy la Sputnik V tienen una capacidad máxima para lanzar 83 millones de dosis en el semestre. Y hasta comienzos de marzo ya habían firmado contratos por más de 300 millones de dosis para 27 naciones, sumadas a las 160 millones que necesita la población rusa. Y ya hay otros 24 países que están en lista de espera con la autorización para uso de emergencia en mano.

Ciertamente, como denunció el jefe de Estado, un puñado de países, encabezados por Estados Unidos y la Unión Europea concentra más del 75 por ciento de las dosis administradas y más del 80 por ciento de los contratos firmados para adquirir las vacunas contra el coronavirus. Pero al gobierno argentino no sólo lo afectó el egoísmo del Norte, sino la ambición del Este. Putin usó la Sputnik V para posicionarse en ese mundo librado a las leyes del mercado. Y Fernández cayó en la red y sirvió de señuelo de los intereses de Moscú en la región. Se ofreció como carnada y logró apenas que le cumplan con el 14 por ciento del contrato.

Con el último embarque que recibió el viernes podrá llegar -al menos con una dosis- a inmunizar a un millón de los más de siete millones de mayores de 60 años que hay en el país. Y si acelera la autorización para inocular la vacuna de Sinopharm en ese sector de la sociedad, estará apenas superando la mitad de la población más vulnerable, ya que espera 3 millones de dosis para los próximos días. Todavía estará lejos de la meta que prometió para el final de febrero.

Pero no es el Presidente el que deberá dar la cara. El plan de vacunación deberá ser adaptado en cada jurisdicción.

El golpe de realidad se completó con el temor a imponer desde el gobierno central, el confinamiento obligatorio para los turistas que regresan al país. El Presidente eligió despegarse de cualquier decisión que implique la restricción de las libertades individuales. Y delegó en cada gobernador la responsabilidad de decidir dónde y cómo se aislará a los turistas.

El gobierno nacional distribuye vacunas y socializa con ellas el costo de las resoluciones incómodas. Ingresando al segundo año de la pandemia, la Casa Rosada tomó una decisión drástica. Compartirá con las provincias el costo social de los contagios, pero buscará capitalizar la recuperación de la actividad.

Ese es el plan de la “economía cuidada”. El Gobierno nacional entregó el control sanitario con la esperanza de que el mercado compense lo que el virus se lleva. Se trata de la misma lógica que impera fronteras afuera, en el campo de la batalla global por la vacuna.