Escuela Daniel Manzotti de Las Heras.

Una familia mendocina presentó una solicitud formal ante la Dirección General de Escuelas (DGE) para pedir el cambio de escuela de su hijo, un adolescente de 13 años que, según denunciaron, atraviesa una situación de bullying en la Escuela Daniel Manzotti, de Las Heras.

El reclamo fue realizado mediante un correo enviado a las autoridades educativas, en el que los padres relataron una serie de episodios que comenzaron a fines de abril y que incluyeron agresiones físicas registradas en video, denuncias administrativas y pedidos de intervención escolar.

Según explicaron, todo comenzó cuando una madre les envió un video donde se observaba a un compañero golpeando al adolescente. De acuerdo al relato familiar, las imágenes circulaban en una cuenta privada de Instagram.

El menor tiene diagnóstico de síndrome de Asperger desde los seis años, con afectación principalmente en el área social, aunque aclararon que no posee Certificado Único de Discapacidad ni requiere acompañante terapéutico.

El pedido de traslado 

Luego de tomar conocimiento del episodio, la familia aseguró que inició distintas gestiones ante supervisores escolares, directivos y organismos de la DGE para intentar encontrar una solución.

En la presentación enviada a las autoridades, detallaron que realizaron actas escolares, solicitaron informes socioafectivos, acudieron a supervisiones educativas y hasta intentaron radicar una denuncia policial.

El objetivo principal del reclamo es lograr el traslado del adolescente a otra escuela donde, según expresaron, “pueda estar tranquilo y tener confianza de que está protegido”.

La familia también manifestó preocupación por la falta de vacantes en establecimientos cercanos a su domicilio, situación que, aseguran, complicó todavía más el proceso administrativo.

Una vez conocido el caso, desde la Dirección General de Escuelas le indicaron a este diario que el correo relacionado con la situación ingresó formalmente este martes y que ya comenzaron las averiguaciones correspondientes.

El rol de los padres

La provincia promulgó la Ley Nº 9.682, una normativa que estableció sanciones económicas, medidas educativas y acciones comunitarias para aquellos adultos que, según determine la Justicia o las autoridades competentes, no intervengan frente a episodios de acoso escolar ejercidos por sus hijos.

La iniciativa contempla multas que van desde los $750.000 hasta $1.500.000, además de la posibilidad de imponer trabajos comunitarios y la obligatoriedad de asistir a programas relacionados a la temática.

Según estableció la normativa, antes de aplicar cualquier sanción deberá existir una instancia previa de mediación y abordaje interdisciplinario. El objetivo, indicaron desde el ámbito educativo y legislativo, es priorizar la resolución del conflicto y promover el acompañamiento familiar antes de llegar a una penalización económica o contravencional.

En paralelo, la Dirección General de Escuelas formalizó un protocolo obligatorio que deberán aplicar todas las instituciones educativas de la provincia ante situaciones de bullying. Ese procedimiento incluye la intervención de equipos técnicos, el seguimiento institucional y el registro detallado de cada actuación realizada por la escuela.

Otro de los puntos centrales de la ley es la creación de un fondo especial destinado a asistir a víctimas de acoso escolar. El dinero recaudado a través de las multas será utilizado para acciones de contención, asistencia y acompañamiento de niños y adolescentes afectados por este tipo de violencia.

Además, la provincia mantiene habilitados los canales oficiales para denuncias, entre ellos la línea 148 y las plataformas digitales del Gobierno provincial, donde pueden reportarse casos vinculados al acoso escolar.