La defensa de Walter Bento negó que el juez federal suspendido realizara gestiones para obtener el pasaporte español, aunque no descartó que sí tramitara esa documentación para su esposa e hijos, bajo la denominada “Ley de nietos”.
A través de un escrito presentado este jueves a Gretel Diamante, titular del Tribunal Oral en lo Federal N° 2, uno de los abogados de la familia Bento afirmó que “ninguno de mis representados peticionó pasaportes para viajar al exterior” y destacó que el magistrado “no tramitó ni gestionó absolutamente nada para sí”.
El abogado relató que el 27 de febrero pasado Marta Boiza y Luciano y Nahuel Bento, esposa y dos de los tres hijos del juez, respectivamente, continuaron con el trámite de la ciudadanía española, acogiéndose a la denominada “ley de nietos”, que habilita a extranjeros bisnietos a tramitar la documentación.
También comentó en su escrito que Bento no está posibilitado a acceder al pasaporte español porque “el cónyuge no se encuentra habilitado a obtener la ciudadanía por parte de su esposa”.
Con fuertes críticas al fiscal Dante Vega, el letrado agregó que “mis asistidos no solicitaron documentos de viaje para fugarse a ningún lado y el Dr. Walter Bento ni siquiera, por las razones expuestas, tramitó ciudadanía alguna”.
Suspendido y a juicio
Bento fue suspendido la semana pasada en sus funciones por el Consejo de la Magistratura, que decidió promover su proceso de destitución por “mal desempeño” de su cargo.
La decisión fue tomada por unanimidad durante un plenario presidido por Horacio Rosatti, titular de la Corte Suprema, en el que solo hubo una disidencia parcial en los 19 votos de los presentes.
En paralelo al juicio político, Bento y otros 30 acusados, entre ellos su esposa e hijos mayores, enfrentarán desde el próximo 26 de julio un juicio en su contra. El juez federal con competencia electoral de Mendoza está acusado de ser el líder de una asociación ilícita que cobraba coimas a presos por narcotráfico y contrabando a cambio de beneficios.
Bento fue procesado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito porque se concluyó que su nivel de vida no coincidía con sus ingresos como magistrado. La medida fue confirmada por la Cámara Federal de Mendoza e incluyó su prisión preventiva, que aún no se hizo efectiva por sus fueros como juez.