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El PAMI destapó una red de fraude en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja. Las irregularidades fueron detectadas mediante cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas y auditorías prestacionales, y los patrones se repiten con tal sistematicidad que descartan cualquier hipótesis de casos aislados.

La modalidad más extendida es la sobrefacturación de anteojos. Los prestadores recetaban lentes de baja graduación pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros: mientras un módulo real cuesta $4.941, los facturados llegaron a $27.204. A esto se suman consultas y estudios nunca realizados —en algunos casos hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo clínico— y cobros directos a jubilados por lentes que debían ser gratuitos, con pagos que en algunos casos superaron el equivalente a USD 1.500 más $353.500.

Los números por provincia son contundentes. En Santiago del Estero se confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio de $10,4 millones, y los auditores detectaron un vínculo familiar directo entre el médico derivante y el dueño de la óptica. En Entre Ríos fueron 613 los casos detectados, con recetas emitidas sin dioptrías y sin sustento médico real.

Entre los hallazgos más llamativos figura un cardiólogo que registró 689 órdenes en un solo día, lo que implicaría jornadas de más de 108 horas continuas de trabajo.

El caso más avanzado judicialmente está en Rafaela, Santa Fe, donde se pidió el juicio oral para un médico y una farmacéutica por confeccionar 636 prescripciones apócrifas. El fraude quedó al descubierto al rastrear las direcciones IP de las recetas electrónicas, que correspondían a computadoras ubicadas en el domicilio comercial de la farmacia. En total, hay al menos seis causas judiciales activas vinculadas al sistema.

La serie de auditorías se enmarca en la gestión de Esteban Leguízamo, quien al asumir encontró un déficit de 92.000 millones de pesos y desde entonces recortó una cifra similar en gastos considerados políticos e innecesarios. El organismo implementó controles más estrictos y monitoreos permanentes. “Esta gestión no encubre, investiga y denuncia”, señalaron fuentes del Instituto.

Con información de Infobae.