Tras la denuncia de una exfuncionaria demarchista en contra de la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), desde el Gobierno provincial explicaron que no existió delito de falsedad ideológica, sino que hubo un error en la publicación del Boletín Oficial que será subsanado próximamente.
En una asamblea realizada el 22 de mayo se analizó y decidió la salida de Marcela Gazali como miembro titular de la Comisión Fiscalizadora de la STM, por “expresas y precisas instrucciones” del gobernador Rodolfo Suarez y del secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema.
Según el acta, el primer punto del orden del día de aquella asamblea fue “dejar sin efecto la designación de la Contadora Marcela Cecilia Gazali…“, confirmando que no hubo renuncia.
Sin embargo, en el Boletín Oficial del 15 de junio se dejó por sentado que “se ha procedido a la designación de nueva autoridad, debido a la renuncia de sus respectivas funciones presentada” por Gazali. En su lugar, asumió Nuria Fernanda Olivera.
Esta contradicción llevó a que Gazali denunciara penalmente a todo el directorio de la STM por presunta falsedad ideológica. La presentación se realizó el 17 de junio en la Oficina Fiscal N° 13.
Gazali detalló en su presentación judicial que se enteró de su despido a través de un escrito en donde el directorio, por decisión unánime, decidió desvincularla de la STM. Por esta razón, la contadora considera que las autoridades de la empresa incurrieron en declaraciones falsas por comunicar, a través del Boletín Oficial, que había renunciado.
Para el delito de falsedad ideológica, el artículo 293 del Código Penal de la Nación establece: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio“, mientras que si se tratara de un documento certificado la pena ascendería a entre 3 y 8 años de prisión.
Desde el Gobierno argumentaron que “Gazali decidió dejar de ser parte de la gestión para formar parte de una nueva agrupación política opositora al Gobierno“. Y agregaron: “Lo mínimo que buscamos en la gestión es que tengamos una mirada en común en valores y formas de gestionar, es por eso que se la reemplazó“.
Además manifestaron que no existió tal delito, aunque sí admitieron un “error” en la publicación en el Boletín Oficial, que será corregido en los próximos días.
Gazali se desempeñaba como síndico titular de la STM y era miembro de la comisión fiscalizadora. En ese lugar había sido designada como parte de los acuerdos políticos entre el radicalismo y el PRO, cuando eran socios en Cambia Mendoza. Tras la ruptura de la alianza, la contadora que responde a Omar de Marchi pegó el salto a La Unión Mendocina y se transformó en candidata a concejal de Ciudad por la nueva fuerza.