Una ex funcionaria provincial vinculada a Omar de Marchi presentó una denuncia penal en la Justicia contra la totalidad de los miembros del directorio de la Sociedad de Transporte de Mendoza por presunta falsedad ideológica, ya que asegura que no renunció, sino que fue echada de su cargo donde cumplió funciones hasta mayo, cuando fue separada por la decisión del diputado nacional de romper con Cambia Mendoza.
Se trata de Marcela Gazali, una contadora que se desempeñaba como síndico titular de la STM y miembro de la comisión fiscalizadora. En ese lugar había sido designada como parte de los acuerdos políticos del PRO.
Tras la ruptura de Cambia Mendoza, Gazali pegó el salto a La Unión Mendocina y se transformó en candidata a concejal de Ciudad en la lista que encabeza Hugo Laricchia.
Gazali fue desafectada el 23 de mayo y su salida fue oficializada a través del Boletín Oficial el 15 de junio, es decir, tres días después de las PASO provinciales. En ese documento, el directorio informó que había un cambio en la conformación de la sociedad dirigida por el radical Daniel Vilchez, “debido a la renuncia de sus respectivas funciones” de Gazali. En su reemplazo, asumió Nuria Fernanda Olivera.
Sin embargo, la contadora del PRO aseguró que no presentó ninguna renuncia, sino que, por el contrario, fue desplazada. Por ello, decidió realizar una denuncia contra el Estado provincial ya que asegura que se insertaron declaraciones falsas en la asamblea del 22 de mayo.
Según detalló en su presentación judicial, Gazali se enteró de su despido a través de un escrito en donde el directorio por decisión unánime la desvinculaba. Por esta razón, la contadora considera que el directorio de la STM incurrió en una falsedad que fue comunicada a través del Boletín Oficial.
Gazali se apoya en una comunicación interna de la STM donde Vilchez -quien fuera legislador provincial y funcionario de la Municipalidad de Godoy Cruz durante la gestión de César Biffi- indicó la resolución de lo decidido por el directorio. Y que en ese comunicado se expresa que “el Accionista” -es decir, el Estado provincial- tomó la decisión de “dejar sin efecto la designación de la contadora…“. Y que, por ello, corresponde realizar la liquidación correspondiente.
La exfuncionaria de la STM explicó en la denuncia realizada el 17 de junio en la Oficina Fiscal N° 13 que “se ha procedido a la designación de nueva autoridad, debido a mi RENUNCIA como síndico titular de la Comisión Fiscalizadora, habiéndose insertado declaraciones falsas al acta de asamblea del 22/05/2023…“.
Esta es la publicación del BO del 15 de junio donde se informa, precisamente, de la salida de Gazali.
Para el delito de falsedad ideológica, el artículo 293 del Código Penal de la Nación establece: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio“, mientras que si se tratara de un documento certificado la pena ascendería a entre 3 y 8 años de prisión.
Gazali explicó a El Sol que no realizará declaraciones hasta que no ratifique su denuncia.
Por su parte, desde la Sociedad de Transporte de Mendoza ratificaron que Gazali renunció por sus vínculos con el sector que lidera De Marchi.
“La STM es una Sociedad Anónima. Por su tipo, la Ley General de Sociedades exige que tenga tres directores y tres síndicos. Gazali decidió dejar de ser parte de la gestión para formar parte de una nueva agrupación política opositora al Gobierno. Lo mínimo que buscamos en la gestión es que tengamos una mirada en común en valores y formas de gestionar, es por eso que se la reemplazó“, explicaron fuentes de la empresa.
La funcionaria, que fuera vicepresidenta del PRO antes de la intervención nacional, había sido nombrada en el cargo el 31 de mayo del 2022 reemplazando a su vez a Germán Vicchi -también del PRO-, quien había sido electo senador provincial.
La ruptura de De Marchi con Cambia Mendoza trajo como consecuencia para su sector que los funcionarios provinciales vinculados al diputado nacional tuvieran que ser desplazados de sus funciones. Al igual que Gazali, también ocurrió lo mismo con Jaime Grimalt en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).