El Gobierno provincial se puso en pie de guerra contra las recientes resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que reconocieron “la ocupación actual, tradicional y pública” a tres comunidades mapuches en Malargüe y San Rafael.
Dos de esas resoluciones (36/2023 y 42/2023) fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Nación el viernes 27 de enero y la restante (47/2023), una semana después, el 3 de febrero. Son casi 26 mil hectáreas que, de acuerdo con el oficialismo mendocino, el Gobierno nacional “entregó” a las comunidades Lof El Sosneado (San Rafael) y Lof Suyai Levfv y Lof Limay Kurref (Malargüe).
Los cuestionamientos de los principales referentes del radicalismo local no se hicieron esperar. Encabezados por Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo, denunciaron que el Gobierno nacional está “entregando” activos provinciales “a los autopercibidos mapuches”.
Sin embargo, no es la primera vez que el INAI otorga el mismo beneficio a una comunidad mapuche en Mendoza. El antecedente es la resolución 46 del 3 de mayo de 2021, publicada en el Boletín Oficial un mes después.
En ese texto, el organismo nacional también dio por “cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral” y reconoció “la ocupación actual, tradicional y pública” de la comunidad Lof Laguna Iberá, perteneciente al pueblo mapuche. Son 3.832 hectáreas ubicadas en territorio malargüino.
Si bien se trata de una resolución prácticamente idéntica a las que en las últimas provocaron un nuevo cortocircuito con el Gobierno nacional, la respuesta de la administración de Suarez hace dos años fue muy diferente, sin críticas públicas ni reclamos formales.
“Se ha realizado una búsqueda de las notificaciones del INAI de dos años para acá y no hay ningún registro”, explicaron fuentes oficiales. “Por el momento se está evaluando el expediente que está en el INAI, eso tendrá una demora”, agregaron.
Así las cosas, para el Gobierno provincial, su inacción en 2021 estuvo vinculada a la falta de una notificación por parte del organismo nacional que preside Alejandro Marmoni. Sin embargo, vale aclarar que el INAI tampoco notificó formalmente sobre sus últimas resoluciones que el Ejecutivo provincial ahora amenaza con judicializar.
“No es lo mismo”
En la administración de Suarez afirman que las situaciones son muy distintas. “No es lo mismo. Ahora al menos hubo un correo electrónico del INAI avisando que iban a iniciar un relevamiento, más allá de que después sacaron lo que quisieron. Pero con respecto a la resolución del 2021, no tenemos nada. Ninguna notificación, mail ni expediente”, indicaron cerca del Gobernador.
“No estamos obligados a revisar el Boletín Oficial de la Nación. Si les interesa que nos enteremos, nos notifican. Por eso, para nosotros, ese expediente es un hecho desconocido”, agregaron.
Además, en Casa de Gobierno destacan que existe un convenio firmado en 2009 con el INAI donde se plasmó el compromiso mutuo de “actuar mancomunadamente en la elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación del Programa Nacional de Relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas de la provincia” de Mendoza, en el marco de la Ley 26160. Para las autoridades locales, el organismo nacional nunca lo cumplió.
“Vamos a atacar todas las resoluciones que perjudican a la provincia”, lanzó Suarez la semana pasada. “No hubo mapuches en la provincia ni ancestrales”, insistió el Gobernador, quien prometió “hacer valer todo el peso de la ley, político y todo lo que haya que hacer para que en Mendoza no pase lo que ya vemos que está ocurriendo en otras provincias”.
Entre este aireado reclamo del presente y el silencio de hace dos años hay una gran diferencia. Y ese claro contraste entre las reacciones del Gobierno mendocino sorprendió a propios y extraños.
En el primer grupo se ubican funcionarios que directamente desconocían la resolución 46/2021. Y en el segundo están los que, si bien avalan la protesta de Mendoza, consideran que el radicalismo “sobreactuó” en su estrategia de “victimización” de la Nación, en pleno proceso electoral.
Con personería jurídica
Uno de los argumentos de la postura mendocina contra las resoluciones del INAI es que las comunidades Lof el Sosneado y Lof Suyai Levfv carecen de personería jurídica, cuando la normativa expresamente lo exige como condición para el reconocimiento de cualquier tipo de ocupación.
En cambio, la comunidad Lof Limay Kurref cumple con el requisito. No obstante, la Provincia reclamó porque no se le dio participación en el trámite de registración, un paso imprescindible, de acuerdo con doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso de la comunidad Lof Laguna Iberá, también cuenta personería jurídica.
Las claves del reclamo
El pasado viernes, el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, presentó tres recursos de reconsideración en contra de las resoluciones 36, 42 y 47 del INAI, donde se plantearon las presuntas irregularidades “tanto en el procedimiento que se ha llevado adelante para su dictado, sin la debida intervención de la Provincia, como respecto de aspectos sustanciales vinculados con la ilegalidad de la prórroga de la Ley 26160 dispuesta por DNU, la ausencia de facultades del INAI para reconocer ocupación de tierras a las comunidades, los planteos históricos sobre la inexistencia de presencia histórica de mapuches en el territorio provincial, entre otros aspectos”.
Para Mendoza, las resoluciones del INAI “presentan vicios en todos los elementos esenciales de un acto administrativo,… lo que permite concluir que las resoluciones resultan nulas, de nulidad absoluta e insanable e ilegítimas, motivo por el cual deben ser dejadas sin efecto por el organismo que las dictó”.
En concreto, el Gobierno cuestiona que:
- El informe sobre antecedentes históricos de las comunidades, incorporado a los expedientes del INAI, adolece de “una evidente falta de rigor científico, en particular en su aspecto histórico” e incurre “una clara ausencia de objetividad, fundada en un pobre relevamiento de datos”.
- No ha demostrado que hubiese mapuches en el sur mendocino.
- La vigencia de la emergencia dispuesta por Ley 26160, que fue prorrogada mediante Decreto de Necesidad y Urgencia hasta noviembre de 2025.
- La decisión del INAI de optar, “sin fundamento alguno”, por un procedimiento centralizado, sin participación de la Provincia.
- El dictado las resoluciones sin contar con informes dominiales del Registro de la Propiedad y sin haber comunicado a la Provincia “los dictámenes, conclusiones, informes y demás elementos considerados para llegar a las resoluciones”.
- El desconocimiento de decisiones adoptadas por tribunales provinciales que han evaluado la situación de las comunidades y “han concluido en la inexistencia de posesión y/u ocupación actual, tradicional y pública de los terrenos en conflicto”.
- En parte del territorio “reconocido” a las comunidades mapuches encuentran los primeros pozos de crudo no convencional en el lado mendocino del bloque Vaca Muerta, en el sur de Malargüe.