La renovación de la RTO para los vehículos de apps de transporte en Mendoza quedó en el centro de una disputa entre el Gobierno, los taxistas y los propietarios de autos que trabajan con aplicaciones. Mientras las autoridades sostuvieron que la revisión técnica para estos autos siempre fue trimestral, desde el sector aseguraron que, por las demoras administrativas, en la práctica debe realizarla cada dos meses.
El cambio de los plazos, en su momento, estuvo vinculado a un reclamo de los trabajadores de taxis, que cuestionaron que los vehículos que prestan servicio mediante aplicaciones tuvieran condiciones diferentes. Desde el sector aclararon que la exigencia de controles más frecuentes buscó equiparar las reglas para todos los vehículos destinados al transporte de pasajeros.
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Fabricio Belardinelli, presidente de la Cámara Mendocina de la RTO, explicó que anteriormente la renovación para los vehículos vinculados al transporte público se realizaba cada seis meses, mientras que actualmente se efectúa cada tres meses.
Según señaló, el planteo surgió a partir del reclamo de los trabajadores de taxis y tuvo como objetivo equiparar las condiciones entre las distintas modalidades de transporte.
“Por más que las revisiones sean seguidas, el control es exhaustivo y, cuando se trata de vehículos que se utilizan para transportar personas, es aún mayor”, sostuvo Belardinelli en diálogo con El Sol.
La palabra de Gobierno
La explicación oficial planteó una versión diferente respecto de los plazos. Desde el Gobierno aseguraron que “la RTO de las plataformas y de todos los permisionarios de transporte siempre fue trimestral”.
Según indicaron, los casos en los que se aplicaba un plazo de seis meses se originaron por una confusión con la RTO correspondiente a los vehículos particulares.
El Ejecutivo también indicó que esa situación ya fue corregida y que actualmente el requisito para los vehículos de plataformas está establecido en tres meses.
La contradicción
Sin embargo, uno de los propietarios de una de las flotas más grandes de vehículos utilizados para plataformas en Mendoza cuestionó esa explicación.
El empresario, que cuenta con alrededor de 20 autos trabajando, dejó en claro que el cambio comenzó el 1 de junio. “Nunca hubo una confusión como dicen”, sostuvo al referirse a la explicación oficial.
Pero su principal cuestionamiento no está solamente en que la RTO deba realizarse cada tres meses, sino en cómo funciona el sistema de renovación de los permisos y las demoras que se generan entre la revisión técnica y la habilitación para volver a trabajar.
El propietario detalló que, si bien formalmente el plazo es de tres meses, la operatoria genera una reducción considerable del tiempo efectivo. Es que la habilitación del vehículo para trabajar en una plataforma está vinculada al vencimiento de la RTO.
Además, aclaró que existe una demora de alrededor de 30 días para completar nuevamente la documentación y obtener la habilitación. Por ese motivo, sostuvo que debe anticipar la realización de la RTO aproximadamente un mes antes. “En la práctica, el plazo de tres meses termina reduciéndose a unos dos meses”, sentenció.
Para el empresario, esto representa un incremento indirecto en el costo de mantenimiento de la habilitación. Estimó que una RTO de alrededor de $21.750, realizada con una frecuencia efectiva de dos meses, termina representando un gasto de entre $66.000 y $68.000 en un período equivalente a seis meses.
Pero el principal problema, según explicó, no es el costo de la revisión sino el lucro cesante.
Reclamo por igualdad de condiciones
Desde la Asociación de Propietarios de Taxis y Remises de Mendoza (Aprotam), su presidente, Cristian Martínez, respaldó la periodicidad trimestral.
El dirigente explicó que el reclamo surgió porque, según su visión, numerosos vehículos que trabajaban mediante aplicaciones no realizaban la RTO con la frecuencia exigida para el transporte de pasajeros.
Martínez consideró que establecer controles cada tres meses permite mejorar la seguridad de los pasajeros, aunque remarcó que el punto central debe ser que el Gobierno pueda controlar y sancionar a quienes no cumplen con los requisitos.
También señaló que las plantas de revisión técnica informan al Gobierno el resultado de cada inspección, ya sea que el vehículo sea aprobado, quede condicionado o sea rechazado.