El desastre ambiental que tiene en vilo a quienes viven en Los Corralitos, en Guaymallén, tuve una serie de movimientos que podrían derivar en la imputación tanto de Humberto Mingorance, titular de Aysam, como de miembros del directorio.
La contaminación con desechos cloacales comenzó -al menos- hace cinco años en la intersección de las calles Severo del Castillo y 2 de Mayo. Los vecinos de la zona denunciaban que las calles se inundaban con los efluentes cloacales de una colectora obstruida que transporta los líquidos cloacales de más de 600.000 mendocinos (Luján, Maipú, Guaymallén y parte de Godoy Cruz).
El líquido altamente contaminante quedaba sobre la calzada, banquina, acequias, arroyos y veredas aledañas. Los transeúntes y vehículos que circulaban por la zona también eran afectados por los residuos cloacales.
El problema fue creciendo y desde Aysam realizaron una serie de vuelcos controlados en el canal Pescara mientras se realizaban los trabajos de reparación en la colectora, pero las prórrogas otorgadas por Irrigación se vencieron y no se otorgaron nuevas autorizaciones. En ese momento comenzó el conflicto entre Irrigación y Aguas Mendocinas para determinar qué destino tendrían los desechos cloacales mientras avanzaban las obras.
En simultáneo, vecinos denunciaron que la zona se veía afectada por olores nauseabundos, contaminación de las napas subterráneas e incluso, más de 500 hectáreas de cultivos, fueron contaminados con aguas servidas.
Meses después también se produjo el colapso del colector de calle Tirasso, al menos tres socavones y un río de aguas servidas se transformaron en parte del paisaje de una zona, que se encuentra bajo Emergencia Ambiental y Sanitaria.
Posible imputación
Tras una serie de denuncias y pruebas presentadas por los damnificados, dos fiscales recomendaron imputar a las autoridades de Aysam: primero Gabriel Blanco y, luego, Sebastián Capizzi. Por ser funcionarios públicos -y en base a la Ley Orgánica del MPF-, la pelota queda del lado del fiscal general adjunto Gustavo Pirrello, quien deberá decidir si se procede con la imputación de Mingorance y compañía. De acuerdo a fuentes judiciales, Pirrello tiene entre una y dos semanas para brindar una respuesta.
Como contó El Sol en otras ocasiones, la situación por los desbordes cloacales en Corralitos -que se extienden por aproximadamente 7 kilómetros- mantiene a vecinos, productores y ciudadanos que circulan por la zona alarmados mientras esperan por obras que brinden una solución definitiva.
Las tareas en Severo del Castillo y 2 de Mayo recién iniciarían en 45 días y se proyectan, por un lado, para alcanzar el cese de los desbordes en el corto plazo y, por otro, para evitar nuevos inconvenientes en el futuro. El propio Mingorance reveló en entrevistas radiales que Aysam tiene conocimiento de la problemática desde hace, al menos, cuatro años.
Las obras en el corto plazo para terminar con los desbordes implican la construcción de nuevas conducciones bypass, un colector aliviador y una nueva “impulsión”, es decir, conducciones (caños) que van derivando el flujo del colector dañado que sigue funcionando mal.
Los informes que confirman la contaminación
Mientras avanzan las obras, se dieron a conocer una serie de estudios que confirman que la contaminación ambiental reviste gravedad absoluta. Un informe de análisis de agua llevado a cabo por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) a pedido de los vecinos arrojó resultados que confirman contaminación en las muestras tomadas de las casas.
Las muestras -incorporadas a la causa por la ONG Fiscalía Ciudadana- fueron recolectadas en distintos puntos y los resultados arrojaron conclusiones diferentes. En algunos casos se determinó que el agua era apta para el consumo humano, pero -en otros- lo opuesto. El trabajo lleva la firma del director del Instituto de Procesos Físicos, Químicos y Biotecnológicos, José Alberto Cantero.
El dato del informe que genera preocupación es que no es apta para consumo el agua proveniente de un grifo de cocina de una vivienda situada en la calle de 2 de Mayo. Ocurrió lo mismo con una muestra de un pozo de 30 metros de profundidad en la misma calle, a metro de Severo del Castillo y se detectó Escherichia Coli. A su vez, se detectaron altísimos niveles de contaminación en un canal de desagüe (efluente cloacal) y el canal de riego de Severo del Castillo.
Esto ya había sido notificado por Andrea Falaschi, directora de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión del Ministerio de Salud y Deportes, quien ya había señalado previamente que existía riesgo de contaminación en los pozos de agua domiciliarios y había advertido que los efluentes no estaban siendo tratados de manera adecuada. Además, el Departamento General de Irrigación le negó a Aysam el vuelco sobre el Canal Pescara.
Qué argumentó el Ministerio Público Fiscal
“Podemos sostener, hasta el momento, que tanto el vuelco de efluentes cloacales al canal como la rotura de la infraestructura de riego han sido realizados sin autorización expresa ni tolerancia de la autoridad de aplicación competente (Departamento General de Irrigación, en su doble rol de ente regulador del servicio público de saneamiento y administrador principal del recurso hídrico), y con infracción de la normativa ambiental vigente (Ley de Aguas y Res. 778/96 del HTA y modificatorias) y subsunción en leyes penales (art. 184 inc. 5 del Código Penal y art. 55 de la Ley nacional 24,501)”, señala el escrito del Ministerio Público Fiscal en el cual se sugiere avanzar con las imputaciones de integrantes de Aysam.
Y agrega que “los efluentes cloacales son considerados residuos peligrosos dado que presentan características enumeradas en el Anexo II de la ley 24.051 como ser los descritos en el punto ‘H 6.2 Sustancias infecciosas’, a saber: ‘Sustancias o desechos que contienen microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre’“.
“Asimismo, en este ámbito material de peligros u ofensividad a bienes Intrinsecos (individuales y sociales), la discusión acerca de la dimensión del riesgo creado o su concreta realización, sobre la competencia funcional o la antigüedad de los déficit estructurales del sistema, o la evitabilidad o inevitabilidad del peligro o la racionalidad y necesidad de la medida (en orden a la evitación de males mayores) debería ser planteada en el marco de la formalidad de las actuaciones institucionales de manera primaria ante el organismo competente, de manera subsidiaria, ante infracciones graves, en la esfera de la intervención penal”, suma el texto.
Tanto Blanco como Capizzi entienden que “los ilícitos penales deberían ser atribuidos al presidente, vicepresidente, directores, gerente general y gerente de Operaciones del Gran Mendoza, quienes inicialmente podrían ser señalados con intervención funcional en los hechos y delitos determinados como responsables”.
Vuelcos clandestinos
Los Corralitos se transformó en uno de los focos de crisis sanitaria más importante de los últimos tiempos, pero también dejó al descubierto conflictos entre las instituciones que deben controlar y gestionar el agua en la provincia.
En una de las inspecciones realizadas por Irrigación se detectó que la empresa Aguas Mendocinas, comandada por Humberto Mingorance, estaba vertiendo efluentes cloacales sobre el canal de riego Ramo 12 que impacta sobre la red de riego que deriva al canal auxiliar Tulumaya.
En el acta de inspección se intima a los responsables del vuelco a “proceder a las tareas de remediación de las zonas afectadas”.
