La Dirección General de Escuelas (DGE) endureció las sanciones contra docentes y celadores involucrados en situaciones graves dentro del sistema educativo. Según datos oficiales, en los últimos dos años fueron separados de sus cargos 50 trabajadores de la educación: 16 pertenecían al nivel Primario y 34 al Secundario.
Las causas son variadas y van desde conductas indecorosas e incumplimientos de funcionario público hasta casos de violencia de género, abuso de autoridad, maltrato, xenofobia, inasistencias reiteradas y adulteración de documentación. También aparecen situaciones insólitas, como docentes sancionados por dormir en el lugar de trabajo.
La cartera educativa confirmó que 50 trabajadores de la educación fueron separados de sus cargos durante el 2024, 2025 y 2026 (hasta la fecha). De ese total, 16 pertenecían al nivel Primario y 34 al Secundario. Dicha cifra representa un incremento respecto de años anteriores, ya que en los últimos dos años se triplicaron las cesantías y exoneraciones vinculadas a hechos de abuso, violencia e incumplimientos graves dentro de las escuelas.
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Desde el Gobierno escolar explicaron que las sanciones responden a sumarios administrativos en los que se acreditaron faltas graves contempladas tanto en el Estatuto Docente como en el régimen disciplinario vigente. Entre las medidas se incluyen cesantías, que implican la desvinculación laboral, y exoneraciones, consideradas las sanciones más severas porque impiden volver al sistema educativo durante años o incluso de manera permanente en determinados delitos.
Cómo es el protocolo
Según la normativa, cuando existe una acusación hacia un docente se actúa preventivamente, aunque no exista una denuncia en Fiscalía. En esos casos, el docente es separado y trasladado a dependencias donde no tenga contacto con menores de edad.
Cuando son casos de gravedad donde existe una imputación, se realiza una suspensión preventiva del sueldo y se lo desvincula del sistema educativo.
En el caso de las dos exoneraciones aplicadas, los acusados no pueden volver al sistema educativo, ya que se trata de delitos penales. No obstante, quienes fueron cesanteados, una vez que cumplen con el plazo de tres años, pueden volver a las aulas siempre y cuando no exista una inhabilitación.
Un caso de gran repercusión
El docente sanrafaelino Elbio Bruschi fue investigado por el delito de grooming, que consiste en enviar mensajes de contenido inapropiado a una alumna de 17 años. El Tribunal Penal Colegiado de la Segunda Circunscripción Judicial lo absolvió, aunque lo condenó por “mensajes indignos y violentos” e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La sentencia estableció seis meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer cargos vinculados con menores. En paralelo, desde la Dirección General de Escuelas confirmaron que Bruschi cumplió una suspensión administrativa de 10 días durante febrero y que además quedó imposibilitado de tomar cargos durante un año dentro del sistema educativo provincial.
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que existieron intercambios de mensajes impropios con una estudiante, aunque el tribunal consideró que no alcanzaban para encuadrar el delito de grooming.