La usurpación de dos terrenos del Estado provincial en Luján de Cuyo encendieron las alarmas en el Ejecutivo. En este sentido, el gobernador Rodolfo Suarez instruyó a la Asesoría de Gobierno para realice las acciones legales correspondientes para lograr el desalojo de los predios ubicados en Cacheuta y Potrerillos, respectivamente.

Usurpación en Cacheuta

Suarez instruyó a los responsables de la Asesoría de Gobierno para que “inicien, prosigan y/o concluyan, las acciones penales, civiles y/o judiciales y/o administrativas” para desalojar un predio usurpado en Cacheuta.

A través del decreto 1.393, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Ejecutivo puso la lupa sobre un terreno de 3.000 metros cuadrados que pertenece al Estado y está ubicado en el kilómetro 40 de la Ruta 82. El artículo 2 de la norma además señala que “se deberá dar intervención a Fiscalía de Estado para que tome la participación legal que le corresponda”.

Las claves del conflicto

  • El terreno se encuentra registrado a nombre de Energía Mendoza Sociedad del Estado (EMSE). Cuando se liquidó esa empresa, pasó a ser administrado por el actual Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública.
  • Una fracción del terreno fue entregada a la Municipalidad de Luján de Cuyo, mediante un Contrato de Comodato firmado el 26 de enero de 2015, para la creación de Jardín Maternal “Solcito de Montaña”.
  • El 16 de setiembre de 2020, un inspector denunció la ocupación de un predio de aproximadamente 3.000 metros cuadrados con casa, ubicado en el kilómetro 40 de Cacheuta, en la zona de la antigua toma de la ex Central Hidroeléctrica Cacheuta.
  • El inspector advirtió que el terreno ha sido cerrado perimetralmente con alambrado. También hay un portón y un cartel de “Propiedad privada”. Al solicitar explicaciones acerca de la ocupación, le dijeron que debía comunicarse con “Rodrigo Pérez”.
  • El 18 de setiembre de 2020, el inspector amplió la denuncia, informando que se habrían detectado movimientos de motos en picadas ubicadas a la margen izquierda del Río Mendoza aguas debajo de la presa, constatando también que se había colocado una tranquera sobre la huella con un cartel con la leyenda “Puesto los Barrancos del Ataurel Prohibido Pasar”. Dicha picada estaría dentro de los terrenos que fueron expropiados para la construcción de la Presa Potrerillos.
  • La Municipalidad de Luján de Cuyo radicó la denuncia en la Unidad Fiscal Correccional al mando del fiscal Fernando Fehlman.

Un tema urgente para el Gobierno

Asesoría de Gobierno señaló que debido a la urgencia del tema procedió a la inmediata compulsa del expediente penal, advirtiendo además que ya se ha presentado la Municipalidad de Luján de Cuyo como querellante. Ahora  espera que la Fiscalía de Estado entregue más datos e informes que determinen el estado de ocupación y las características del mismo: es decir, si existen personas viviendo o si se trata de una ocupación durante el día.

Al tratarse de una afectación al patrimonio del Gobierno, Asesoría de Gobierno indicó que “resulta indispensable actuar con la mayor rapidez y diligencia a fin de quitar del predio todo instrumento, material o elemento que haya sido colocado ilegítimamente, como así también la toma de todas las medidas necesarias a fin de prevenir futuras usurpaciones, intrusiones y actos ilegítimos de esta naturaleza”.

En los considerandos del decreto se indica que la situación “configura claramente la conducta de quienes ingresaron al inmueble en forma clandestina, procedieron a demarcar y cerrar el terreno”. Para las autoridades provinciales, se trata del delito de usurpación previsto por el Artículo 181 inciso 1° del Código Penal.

También resalta que “corresponde iniciar y/o proseguir todas las acciones judiciales en sede penal o civil, acreditando la titularidad del bien en cabeza de la Provincia de Mendoza, acompañando constancias que permitan individualizar claramente el predio en cuestión”.

Usurpación en Potrerillos

La Coordinación de Políticas de Tierras de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza denunció que en el polígono conocido como “El Mesón de Potrerillos”, que pertenece a la Provincia, “se han realizado cierres perimetrales de lotes, limpieza de terrenos y se han trazado calles de acceso a dichos lotes, observándose que en algunos de ellos se están construyendo edificaciones”. Además sobre el extenso predio de casi 5.000 hectáreas se construyeron tres viviendas.

El 28 de agosto de 2020 un escribano público que se dirigió al lugar para dejar constancia de la supuesta usurpación. Al acercarse a una vivienda fue atendido por un hombre que se identificó como Roberto Rodríguez y confirmó que vive allí junto con su mujer y su hija.

Rodríguez señaló que “son aproximadamente 200, sin vivienda, que se han organizado y presentado planos y documentación ante la Municipalidad de Luján de Cuyo, ya que se les había prometido la entrega de esos terrenos”.

Posteriormente personal de la Coordinación de Políticas de Tierras realizó relevamiento en la zona indicando que:

  • El predio relevado se ubica entrando desde Avenida Los Cóndores, a metros de las instalaciones de los piletones de Obras Sanitarias Mendoza, y subiendo por huella aproximadamente 500 metros.
  • Se observan movimientos de suelo para la apertura de calles y accesos que conducen a diversos fraccionamientos; algunos con cierres precarios y el nombre, en muchos casos, en un cartel en el frente del mismo.
  • Existen cierres perimetrales y algunos avances de obra, en algunos casos avanzados.
  • Se pudo constatar distintos movimientos de suelo realizado con máquinas, para apertura de calles, para nivelar terrenos delimitados y en algunos lugares comprometiendo o alterando los cauces naturales del lugar.
  • Se pudo constatar la existencia de una vivienda familiar, con claras características de ocupación permanente.
  • Se observa que existen decenas de fraccionamientos, en distintas etapas de avances, y en pleno desarrollo.

“La Provincia de Mendoza resulta ofendida por dicho delito, resultando procedente y oportuno la constitución a través de Asesoría de Gobierno en querellante particular a fin de ser tenida como parte en la investigación y en tal carácter procurar acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal de los imputados”, asegura el decreto 1.450, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

El artículo 1 del decreto firmado por el gobernador Rodolfo Suarez instruye al Asesor de Gobierno para que, “con la debida participación de la Fiscalía de Estado”, se constituya como querellante particular en la denuncia por usurpación que recayó en la Fiscalía de Instrucción N° 33, a cargo de la fiscal Gabriela García Cobos.