El Gobierno de Mendoza lanzó dos licitaciones públicas que, en conjunto, comprometen una inversión superior a los $834 millones para garantizar el alojamiento y la alimentación de los funcionarios chilenos que cumplen tareas en el Sistema Integrado Cristo Redentor.
Las convocatorias, publicadas en el Boletín Oficial, contemplan la contratación de servicios destinados a 26 agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), Aduana y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, organismos que desempeñan funciones clave en los controles fronterizos.
La licitación de mayor monto corresponde al servicio de alojamiento para los funcionarios chilenos con un presupuesto oficial fijado en $523.775.000. A esa cifra se suma una segunda licitación destinada al servicio de racionamiento en restaurante, que incluye almuerzos y cenas. En este caso, el presupuesto oficial asciende a $310.615.000.
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De esta manera, el Gobierno prevé destinar un total de $834.390.000 para cubrir ambos servicios. El servicio se prestará en Uspallata durante los próximos 12 meses y forma parte de los compromisos asumidos por ambos países para sostener el funcionamiento del Sistema Integrado Cristo Redentor.
De acuerdo con los pliegos, el contrato incluye no solo el hospedaje del personal chileno, sino también prestaciones complementarias como servicio de limpieza de habitaciones y desayuno diario.
Al ser consultados, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia confirmaron que las contrataciones se enmarcan en el Acta Compromiso Nº 2970, firmada en el 2011 entre Argentina y Chile durante la gestión de Celso Jaque. El acuerdo estableció que la cartera de Seguridad sería la responsable de garantizar las condiciones logísticas necesarias para el funcionamiento de los organismos chilenos que prestan servicios en territorio argentino, en el marco del Sistema Integrado Cristo Redentor.
Desde entonces, la Provincia realiza anualmente las contrataciones de alojamiento y alimentación para el personal de la PDI, Aduana y SAG, que participa de los controles fronterizos en la frontera entre ambos países, aunque los controles de frontera son jurisdicción de Nación -y realizados de manera conjunta entre ambos países-.
En contexto
El llamado a licitación se produce luego de los reclamos respecto a las condiciones edilicias y operativas en la frontera internacional. La semana pasada, empleados de la aduana chilena denunciaron deficiencias en las instalaciones argentinas solicitando el cierre anticipado del paso (a las 18), para que los funcionarios trasandinos puedan regresar a su país a descansar sin riesgos.
Como respuesta a esos reclamos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó con una licitación pública destinada a realizar “adecuaciones varias” en la casa habitación del complejo Los Horcones, utilizada por el personal aduanero argentino.
La iniciativa cuenta con dictamen de evaluación de ofertas y contempla mejoras edilicias en uno de los sectores más cuestionados por los trabajadores que cumplen funciones en la frontera. Sin embargo, se trata de una intervención acotada que no resuelve los problemas estructurales del complejo aduanero ni las deficiencias de infraestructura que vienen siendo señaladas desde hace más de una década por funcionarios y gremios de ambos países.