El reciente inconveniente administrativo en la causa penal contra el exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, quedó técnicamente resuelto en las últimas horas en los Tribunales. El juez Juan Manuel Pina González, quien había resultado elegido por el bolillero para definir la recusación de la conjueza María Jimena Pina González, presentó formalmente su inhibición para intervenir en el expediente.
El apartamiento se fundamentó de manera directa en el vínculo de parentesco existente entre ambos, dado que al ser hermanos media un lazo de consanguinidad cercano que impedía su participación en el tribunal que también integran Mauricio Juan y Carmen Magro.
En los fundamentos de la resolución de inhibición, Pina González argumentó que el correcto “ejercicio a función jurisdiccional no sólo exige imparcialidad subjetiva por parte del juez, sino también imparcialidad objetiva”.
Bajo esta óptica procesal, la actuación de cualquier tribunal debe exhibirse ante la comunidad completamente libre de factores o nexos que puedan dar lugar a sospechas o suspicacias sobre la neutralidad de los magistrados.
“Se inhibe con el propósito de resguardar la confianza de las partes y de la sociedad en la recta administración de justicia, evitando cualquier apariencia de parcialidad”, reza el escrito judicial presentado para justificar la salida del tribunal.
Un detalle técnico no menor que incorporó el magistrado en su escrito es que, estrictamente desde lo formal, el caso no encuadraba de manera exacta en las causales tradicionales de parentesco con “interesados” directos de la causa. Esto se debe a que una jueza recusada no reviste técnicamente la figura jurídica de “interesada” según las definiciones.
Ante esto, el fundamento legal para declarar el apartamiento se respaldó en lo establecido por el artículo 72, inciso 11, en su segunda parte, del Código Procesal Penal “en cuanto contempla aquellos supuestos en los que existan circunstancias que, por su naturaleza y entidad, puedan afectar la necesaria imparcialidad del juzgador o generar dudas razonables acerca de ella”.
Con la salida ratificada de Pina González, se deberá convocar a un nuevo sorteo público para designar al miembro restante del tribunal. Junto a Mauricio Juan y Carmen Magro, el nuevo integrante tendrá la postergada tarea de destrabar el incidente procesal de la conjueza recusada, en una causa que arrastra semanas de fuerte tensión institucional.