La jueza federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre le ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no cobrarle el impuesto a la riqueza a un empresario del sector tecnológico.
La magistrada en lo contencioso administrativo aceptó una medida cautelar de Alejandro Scannapieco, ejecutivo de la empresa Globant, contra el “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.
“Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, consecuentemente, disponer que la parte accionada (NdA: la AFIP) se abstenga de aplicarle las disposiciones emergentes de la Ley 27.605”, resolvió la jueza en su fallo.
Según publica el portal Infobae, la decisión judicial solo alcanza al ejecutivo de Globant y tendrá una vigencia de tres meses hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
El llamado impuesto a las grandes fortunas o a la riqueza fue aprobado por el Congreso Nacional en diciembre del año pasado con los votos del oficialismo y el rechazo de la oposición. La ley fue impulsa por el gobierno de Alberto Fernández para que por única vez las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos paguen un impuesto solidario para contribuir a los efectos económicos que causa la pandemia del coronavirus.
Scannapieco presentó un amparo en la justicia para no pagar el tributo porque entiende que afecta su capacidad contributiva y su derecho a la propiedad, no es un aporte voluntario sino confiscatorio y se trata de una duplicidad tributaria ya que es un impuesto similar al de Bienes Personales.
El empresario pidió que antes de resolver el amparo se dicte una medida cautelar para frenar la aplicación del impuesto hasta que se defina la causa judicial.
La jueza Gilardi Madariaga de Negre le dio la razón y fijó un plazo de tres meses de vigencia de la medida cautelar. Ahora deberá tratar el fondo del planteo que es si la AFIP puede o no cobrar el impuesto. El fallo puede ser apelado por la AFIP para que sea revisado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.