La nueva reunión del Consejo del Salario terminó este viernes sin acuerdo y con un fuerte conflicto entre el Gobierno y las centrales sindicales. La CGT y las dos CTA abandonaron el encuentro virtual luego de que la Secretaría de Trabajo ratificara que la discusión no se realizaría de manera presencial. Sin la participación de los representantes gremiales en la instancia plenaria, todo indica que el Gobierno nacional volverá a definir por decreto el nuevo aumento del salario mínimo, vital y móvil.

La ruptura se produjo luego de la primera etapa de la reunión, correspondiente a la comisión técnica salarial. Allí, cada uno de los sectores presentó su propuesta para actualizar el salario mínimo. Las centrales sindicales plantearon que el haber debía alcanzar los $911.000 para julio y llegar a $993.000 en diciembre, mientras que el sector empresario presentó una alternativa considerablemente inferior.

La propuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA) consistió en un incremento del 1,8% en septiembre y del 1,7% mensual desde octubre hasta abril, un esquema que llevaría el salario mínimo a $468.000 al finalizar ese período. La oferta fue rechazada por la CGT y las CTA, que la consideraron insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo.

“Lo que ofrecieron no alcanza ni para un kilo de pan”, cuestionó el cotitular de la CGT, Jorge Sola, al referirse a la propuesta empresaria. Sin embargo, el desacuerdo por las cifras no fue el único motivo que llevó a las centrales obreras a abandonar la discusión.

El principal reclamo sindical estuvo dirigido contra la decisión de mantener el encuentro bajo una modalidad virtual. Los representantes de la CGT y las dos CTA habían reclamado que el Consejo del Salario volviera a reunirse de manera presencial, pero la Secretaría de Trabajo ratificó el esquema previsto. Ante esa negativa, las centrales anunciaron que no participarían de la reunión plenaria, instancia en la que deberían haberse debatido las diferentes propuestas y, eventualmente, sometido a votación el nuevo monto.

“Nos levantamos de la reunión y nos fuimos sin realizar la reunión plenaria”, confirmó Sola. El dirigente sindical explicó que el malestar comenzó cuando las centrales plantearon “la falta de presencialidad” y cuestionaron lo que consideraron un incumplimiento del mandato de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de promover el diálogo tripartito.

Para el sector gremial, la modalidad virtual terminó vaciando de contenido una negociación que reúne al Estado, los empresarios y los trabajadores para definir uno de los principales indicadores laborales del país. La decisión de no continuar con la discusión dejó al Gobierno y a los representantes empresarios sin la participación de las centrales obreras en la instancia decisiva del encuentro.

Sola también cuestionó la jerarquía que, según la CGT, el Gobierno le otorgó a la reunión. El dirigente apuntó especialmente contra la ausencia del secretario de Trabajo y sostuvo que la falta de funcionarios de mayor rango reflejó la escasa relevancia institucional asignada a la convocatoria.

“Nos quejamos de la falta de relevancia que le daban a la reunión, ya que el propio secretario de Trabajo ni siquiera estaba presente”, afirmó. El encuentro fue encabezado por Claudia Testa, subsecretaria de Trabajo, mientras que por la UIA tampoco participó su titular, Martín Rappallini. La representación empresaria estuvo a cargo del abogado Juan José Etala.

La ausencia de un acuerdo profundiza un mecanismo que se repitió en las últimas convocatorias del Consejo del Salario. Cuando los representantes sindicales y empresarios no logran consensuar una actualización del salario mínimo, la definición final queda en manos del Poder Ejecutivo, que establece los nuevos valores mediante un decreto o resolución oficial.

Esta vez, además de la amplia distancia entre las cifras propuestas, el conflicto incorporó una discusión sobre la propia dinámica del Consejo. Las centrales sindicales cuestionaron que una instancia de negociación tripartita se desarrollara de forma virtual y sin la presencia de las principales autoridades del área laboral.

La diferencia entre ambas posiciones expuso la magnitud del desacuerdo. Mientras la CGT y las CTA pretendían que el salario mínimo llegara a $993.000 en diciembre, la propuesta empresarial contemplaba una actualización gradual que lo ubicaría en $468.000 recién en abril. Entre ambas alternativas quedó una brecha superior a los $500.000.

Sin consenso y sin la participación de las centrales obreras en el plenario, la definición volverá ahora al Gobierno nacional. Los funcionarios deberán establecer el nuevo esquema de actualización del salario mínimo, vital y móvil, una decisión que impacta no solo sobre los trabajadores alcanzados directamente por ese haber, sino también sobre distintos programas, prestaciones y referencias del sistema laboral y de la seguridad social.