La gestión de Javier Milei afrontará en diciembre el primer test legislativo de alto voltaje: la reforma laboral. El tratamiento arrancará en el Senado, donde el operativo político ya está en marcha y el eje de disputa pasa por quién controlará la Comisión de Trabajo, la puerta de ingreso formal de la iniciativa.
La discusión será el primer test político de la nueva etapa del oficialismo, sin mayorías propias pero decidido a mostrar capacidad de maniobra parlamentaria. La Casa Rosada apura tiempos y pretende que la reforma laboral sea tratada en sesiones extraordinarias, con el objetivo de cerrar un dictamen antes del 31 de diciembre.
El tiempo en Mendoza: lunes muy caluroso
La temperatura máxima para este inicio de semana será de 35 grados centígrados y la mínima de 18 grados centígrados. Estará “caluroso con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste”, según el pronóstico de la Dirección de…
En ese esquema, Patricia Bullrich, futura jefa del bloque libertario, hizo saber dentro del espacio su intención de conducir la Comisión de Trabajo, la mesa donde se abrirá formalmente el debate. La presidencia hoy pertenece a la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, aunque en su entorno reconocen que el tema está en conversación. El entorno de la ex ministra de Seguridad evita confirmaciones, pero puertas adentro reconocen que su figura será decisiva para sostener el ritmo político que busca el Ejecutivo.
Qué propone la reforma laboral
El contenido técnico del proyecto implica cambios sustantivos en la regulación laboral. La base de cálculo de las indemnizaciones quedaría acotada, excluyendo aguinaldo, vacaciones, premios y propinas, lo que reduce el monto promedio por despido sin causa.
El texto crea además un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiaría con un aporte obligatorio del tres por ciento de las remuneraciones, aporte que a su vez sería compensado con una rebaja en las contribuciones patronales hacia el SIPA, con lo que parte del costo se trasladaría al sistema previsional.
También la reforma propone terminar con la ultraactividad de los convenios, de modo que los acuerdos colectivos no se prorrogarían automáticamente una vez vencidos, y otorga prevalencia a los convenios por empresa por encima de los de actividad. Ese cambio modifica la arquitectura de negociación que históricamente sostuvo al movimiento obrero.
Además, según publica Clarín, el proyecto habilita prácticas ya presentes en algunas empresas, como el fraccionamiento de vacaciones desde siete días y la creación de bancos de horas, permite la eliminación del preaviso en el período de prueba e incorpora mecanismos como juntas médicas para dirimir controversias por licencias. También contempla una reducción de cargas patronales y una disminución de recursos destinados a obras sociales sindicales.
La urgencia libertaria
La Casa Rosada busca dictamen antes de fin de año. El portal Infobae reconstruyó que en despachos oficiales se sostiene la tesis de que aprobar reformas en diciembre podría transmitir señales de previsibilidad a los mercados y contribuir a una baja del riesgo país, un objetivo que empuja la aceleración de los tiempos. Esa premura genera resistencia entre legisladores dialoguistas, que cuestionan el tratamiento exprés de una reforma de tan fuerte impacto y reclaman más tiempo para audiencias sectoriales y mediciones de efecto fiscal y previsional.
Los reparos se concentran en el equilibrio entre empleo, seguridad jurídica, recaudación previsional y financiamiento sindical.
La discusión medirá la capacidad de Milei para sostener una agenda de cambios rápidos sin control pleno del Congreso. Si el proyecto avanza sin grandes modificaciones, la Argentina ingresará en una nueva lógica de contratación, negociación colectiva y estructura gremial. Si se frena o sufre cambios de fondo, la señal será otra y marcará el primer límite legislativo para el Gobierno.
En ambos escenarios, el Senado será la primera escena de una pulseada que excede lo laboral y roza el equilibrio de poder. De su resultado dependerá no solo la reforma en sí, sino la velocidad con la que el oficialismo podrá impulsar el resto de su programa.